El gobierno redujo la partida para el pago de las sentencias firmes a los jubilados en un 13,2 % en relación al mismo presupuesto de 2024, y así quedó en $ 160.751 millones.
Ya ese mismo presupuesto había sido reducido en un 63 % con respecto al de 2023 en términos reales gracias al método de no votar presupuesto y prorrogar el anterior, utilizando a la inflación como método de ajuste. La reducción por lo tanto es del 70 % en dos años.
Esto va a empeorar una situación que se viene dando desde el gobierno de Cristina Kirchner y que consiste en el atraso durante años de las liquidaciones de las sentencias firmes de los jubilados qué le reclaman y le ganan en la justicia a la ANSES por el mal cálculo de sus haberes. En este 2024 las sentencias firmes pendientes de liquidación superan los 98.000 casos.
Por su parte, los juicios iniciados aún sin sentencia firme superan los 200.000, pese a que una buena parte cuenta con fallos favorables de primera y segunda instancia. Y no avanzan a pesar de que se dictaron hace más de 10 años porque aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que se toma sus tiempos pese a que son miles de casos similares (Clarín, 30/01)
Y esto se da a pesar de que el gobierno está obligado por ley a pagar el ajuste y el retroactivo dentro de los 120 días de producido el fallo. Por la falta de presupuesto, la ANSES separó el ajuste para pagarlo antes que el retroactivo, el cual es postergado hasta el infinito.
Los abogados de los jubilados están logrando embargar directamente las cuentas de ANSeS para efectivizar el cobro de esas sentencias firmes.
El proceso judicial ya es largo de por sí, porque la ANSES apela cada uno de los fallos para postergar la liquidación y porque una vez salidas las sentencias realiza mal los cálculos, lo que genera nuevos pleitos judiciales.
De esta manera, al igual que lo hicieron los gobiernos anteriores, Milei posterga los ajustes previsionales y los retroactivos que los jubilados que pudieron litigar consiguieron, impidiendo que muchos de ellos los cobren en vida, violando, una vez más, la propiedad privada de los trabajadores.
Aldana González
02/02/2025
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