Mani pulite o judicialización de la política. Panamá y el periodismo amigo. Desfile kirchnerista en Tribunales. Ley de Medios y herencia.
La casta judicial y el juego de los enigmas
Joaquín Morales Solá se pregunta, desde La Nación, “¿Está la Argentina en medio de un megaproceso judicial parecido al escándalo italiano conocido como mani pulite? (…) para que el proceso argentino se parezca al italiano (…) deben incorporarse dos elementos que no aparecen aquí todavía: una investigación más amplia sobre la participación de los privados en un sistema corrupto y un compromiso unánime de los jueces federales con la persecución a los responsables del robo público”.
Una investigación “más amplia” tocaría al oficialismo de turno, al que adhiere el periodista. Un nombre que por estos días se recuerda poco es el de Fernando Niembro, que todavía debe 21 millones de explicaciones.
Morales Solá se entusiasma afirmando que “los incipientes borradores de un mani pulite podrían tomar formas más claras con las delaciones de Leonardo Fariña, un exponente de la pésima mano de obra financiera del kirchnerismo”. Pero va más allá y afirma que “los hombres del Presidente quieren ver reformada toda la justicia federal (...) Irán sacando gajo por gajo”.
En el mismo diario y con el mismo entusiasmo, Jorge Fernández Díaz afirma que “levantaron el cepo judicial y ahora hasta las tortugas vuelan (…) por primera vez en tantos años de democracia, el Poder Ejecutivo afloja el torniquete de protección propia y ajena, y avisa que por sus fallos o diligencias ningún juez o fiscal ascenderá o perderá su carrera, ni sufrirá chantaje de inteligencia ni hostigamiento mediático (…) sin esa decisión crucial, Macri no permanecería imputado (…) y no estaríamos experimentando este virtual mani pulite a la criolla que podría incluso arrollar a Cristina Kirchner: ayer mismo fue también imputada”.
En el vértice opuesto, desde Página/12, Mario Wainfeld afirma que “hay dos niveles de juzgamiento. El político que es expeditivo y depende de la opinión pública, sin supeditarse a los rígidos parámetros penales. Y el judicial, sometido a reglas, a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos constitucionales de todos los sospechosos, procesados y aún condenados (...) la judicialización de la política es una tendencia nociva. La agrava la exorbitancia de los jueces”.
Esa “exorbitancia” de los magistrados Wainfeld la ve, por ejemplo, en los “abusos cometidos contra el ex Secretario Ricardo Jaime o el empresario Lázaro Báez (…) Apresamientos espectaculares, con chalecos antibalas y cobertura mediática”. El periodista aclara que considera que “Jaime es un personaje oscuro, pesa sobre él una condena justa por su responsabilidad en la tragedia de Once y acusaciones con cargos verosímiles en otros expedientes (…) Algo similar rige para Lázaro Báez. El recuento procaz de parvas de billetes en una cueva activa sospechas firmes, que pueden ampliarse a otros protagonistas, si hay elementos sólidos. Su arresto cinematográfico ocupó las tapas de los diarios hegemónicos horas después de estallar el escándalo Panamá Papers. Una tapadera, precisamente para desplazar a Macri como tema central”.
Pero el mismo Wainfeld se encarga de señalar que “el kirchnerismo, como todos los gobiernos, atravesó su luna de miel con Comodoro Py. El divorcio motivó reformas judiciales, correctas o infaustas”.
Las reformas judiciales tuvieron mucho de infaustas. Tal es así que la misma casta judicial que tuvo protagonismo en el menemismo llegó casi completa en sus integrantes -e intacta en sus prebendas- a la actualidad. Esta semana, renunció el juez Norberto Oyarbide, recordado entre otras cosas por el sobreseimiento veloz al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuando se investigaba el geométrico crecimiento de sus patrimonios en la función pública. Esos eran los tiempos de “luna de miel” al decir de Wainfeld.
Desde Clarín, Eduardo Van der Kooy confirma el entramado entre casta judicial y el poder político al afirmar que “los kirchneristas acusaron a Casanello de haber montado un espectacular operativo para detener a Báez, sólo con el objeto de mitigar el mal trance de Macri con el Panamá Papers. Apenas una chicana. El juez llegó donde llegó de la mano de La Cámpora y tuvo adormecida desde el 2013 la causa por lavado de dinero. Es verdad que su despliegue para atrapar a Lázaro fue llamativo. Pero lo hizo para empezar a lavar su propia ropa. Para amoldarse al cambio del tiempo político. Así se comporta la Justicia en la Argentina”.
Señalemos que así se comporta la Justicia en todo el mundo. No es problema un meramente “problema criollo”. Allí está la casta judicial de Brasil para poner en evidencia su rol en la escena política nacional al servicio de la clase dominante.
Los Macri papers y el periodismo amigo
Eduardo Van der Kooy, refiriéndose a la acusación contra Macri, afirma que “no hay a la vista, por lo divulgado hasta ahora, ninguna ilegalidad. Pero su empinamiento en el poder coincidió con la explosión de la corrupción kirchnerista y, por ello, con la bronca más explícita de sectores sociales mayoritarios. No hay ilegalidad, como se dijo, pero ver al presidente recién estrenado indolente ante aquellos menesteres no constituiría buena señal (…) el macrismo no se habría percatado de otra situación. Sus titubeos permitieron salir momentáneamente de la asfixia al kirchnerismo, atribulado por las detenciones del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de Lázaro Báez”.
La crítica del periodista se centra en la relativa “oportunidad” que le Macri abrió a funcionarios kirchneristas para salir del centro de la escena. Lo demás, “está todo bien”.
Por su parte, Morales Solá nos informa que “la decisión del Macri de presentarse voluntariamente a la Justicia no fue una reacción ante la imputación del fiscal Federico Delgado, que sucedió el jueves. La decisión estaba tomada desde el martes, pero ningún abogado del Presidente sabía nada de esos papeles, de los que el Gobierno tenía conocimiento desde hacía un mes”.
Resulta difícil creerle. Sobre todo porque es un defensor acérrimo del gobierno y de Macri. Lo confirma unas líneas más abajo, cuando añade que “Franco Macri decidió en 2005 no abonar más el canon anual de 700 dólares que debía pagar al estudio Mossack Fonseca para que mantuviera abierta la empresa (…) la empresa dejó de funcionar dos años antes de que Mauricio Macri asumiera el primer cargo ejecutivo en el Estado como jefe de gobierno porteño (…) nunca tuvo una cuenta bancaria y el actual Presidente nunca firmó una carta de aceptación de su cargo como directivo de la empresa”.
¿Argumentos nuevos? Ninguno ¿Pruebas? Tampoco. Solo obsecuencia.
¿17 de octubre?
Este miércoles Cristina Fernández deberá concurrir a los Tribunales Federales a brindar declaración por la causa llamada del dólar futuro. Sectores kirchneristas convocan una movilización para ese día. La imputación de la expresidente por lavado de dinero no hizo más que reforzar ese llamado.
En relación a eso, desde Clarín Ricardo Kirschbaum señala que “Cristina Kirchner puede estar soñando con un 17 de octubre propio. No en la Plaza de Mayo, como aquel mítico día del ‘45, sino frente a Comodoro Py, el miércoles (…) Pero ocurre que ella no es Perón, Cipriano Reyes no son Luis Delía ni Sabatella, ni Evita es Juliana Di Tullio”.
En el mismo sentido, desde La Nación, Joaquín Morales Solá afirma que “Cristina convocó a la cúpula más fiel del cristinismo a Río Gallegos para dos días antes de la declaración indagatoria ante Bonadio. "Quiero un 17 de octubre en Comodoro Py", anticipó que les ordenará”.
Resulta difícil emular esa acción que pasó a la historia argentina como el momento “fundacional” del peronismo. La misma situación del kirchnerismo no aporta en ese sentido. Los desgajamientos, las crisis y las “traiciones” son lo que sobran. En la oposición, el anterior oficialismo sufre las consecuencias un sistema de alianzas donde caciques territoriales del peronismo y burocracia sindical solo defendían sus propias prebendas y, en función de eso, aceptaban como propio el “relato”. Ese sistema es el que implosionó con la derrota electoral.
La Ley de medios y la realidad
En otra de sus notas de este domingo, Mario Wainfeld debate sobre la política hacia los medios del macrismo. Señala que “la LdSCA es, entre otras aristas, una norma antitrust encaminada a limitar monopolios u oligopolios. Esos son los grandes favorecidos por la política macrista, como dijeron los mejores expositores ante la CIDH (…) Los medios hegemónicos son mentores y protectores calificados del oficialismo”.
En el mismo sentido y relatando la audiencia realizada por la CIDH, Horacio Verbitsky indica que “durante la audiencia temática convocada el viernes aquí por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado Nacional no contestaron una sola de las preguntas y observaciones formuladas (…) Quedó muy claro que con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”.
Pero las “falencias” de la LdSCA fueron, más bien, sus determinantes reales. A pesar de que la norma fue sancionada en 2009, la desmonopolización del sistema mediático –su bandera central- no se tradujo en hechos concretos.
La política real del kirchnerismo en el poder fue alimentar –mediante la pauta publicitaria estatal- un sistema de medios afines que sostuviera el enfrentamiento a la “Corpo”. Es decir, un monopolio con el signo político oficial. Los despidos masivos en medios de empresarios afines al kirchnerismo, ponen en evidencia esa realidad.
Eso no obsta para coincidir en el diagnóstico de que el macrismo es el defensor acérrimo de esas grandes corporaciones mediáticas. Pero éstas son parte de la “herencia recibida”.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
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