El 16 de octubre tuvo lugar la tercera protesta contra la jubilación privada. Decenas de miles de personas marcharon por las calles de Santiago en un día lluvioso. Nuevamente, miles de familias se movilizaron pero la presencia mayor, esta vez, fue de organizaciones sindicales y sociales combativas y nucleamientos de izquierda.
Sin embargo, hubo una merma en la concurrencia en comparación con la jornada del 11 de agosto que estremeció el país. El clima tuvo, indudablemente, su influencia en el alcance de la convocatoria, pero eso no es suficiente para explicar este declive.
Estamos en presencia de un operativo del gobierno, que plantea que el conflicto podría encontrar una salida a partir de los cambios anunciados por la presidenta Michelle Bachellet. Tras las grandes protestas, el gobierno expresó su voluntad de hacer una reforma del sistema jubilatorio y establecer dichos cambios por medio de un “pacto nacional”.
El planteo oficial
La propuesta oficial consiste en aumentar el aporte del Estado a las pensiones más bajas sustentadas en el Pilar Solidario, el aumento de la edad jubilatoria, una contribución por parte de los empresarios que sería aplicada gradualmente hasta llegar al 5% del salario y la creación de una AFP estatal “testigo”. Esta última conviviría con las AFP privadas -como ocurrió en la Argentina en su momento con la AFJP del Banco Nación. La cobertura a las pensiones más bajas representa un enorme subsidio estatal a las privadas, ya que dicho aumento saldrá de los fondos públicos. Esto va ligado a un ataque en regla contra los trabajadores, al llevar la edad jubilatoria a los 65 años. La creación de una contribución patronal no ha despertado la simpatía de los empresarios. Pero este aporte, en caso de prosperar, como ha ocurrido con otras cargas patronales, será trasladado a los precios o será compensado a costa de ajustar las remuneraciones.
Este paquete apunta a rescatar un sistema agotado, nacido en la época de la dictadura. En el sistema chileno, introducido en 1980 por Pinochet, sólo aportan los trabajadores, obligados a destinar mensualmente el 10% de sus ingresos a cuentas individuales gestionadas por las Administradoras (AFP).
En torno a los anuncios, se está montando un dique de contención. El PC, que integra la coalición de gobierno, la denominada Nueva Mayoría, ha respaldado rápidamente la reforma y propone marchar a un sistema mixto. El Estado se haría cargo de una pensión básica universal que se generalizaría a toda la población y a partir de allí, para lograr un incremento del haber jubilatorio, habría que contratar a una AFP. Esta propuesta encaja con los planes del Banco Mundial en la materia que abogan por una suerte de jubilación de indigencia para la mayoría de la población, que oficiaría como un engranaje más en una malla asistencial de contención social mientras se procesa el ajuste y las políticas de superexplotación y precarización laboral que hoy dominan el escenario mundial.
El movimiento de lucha
El movimiento de lucha está presidido por la consigna “No más AFP ni estatal ni privada”. No obstante ello, existe una gran heterogeneidad en lo que se refiere a cuál es la salida a la crisis actual (en muchos casos, contradictoria con su premisa central). Hay quienes llaman a anotarse masivamente en la AFP estatal, planteando que un vuelco masivo terminaría por esterilizar el negocio de los privados. Pero aún en este caso, seguirá en pie el mismo sistema de capitalización (la jubilación está condicionada a los resultados de las colocación financiera de los fondos), que está en la base del desfalco de los aportes de los trabajadores. Existen quienes plantean volver a un sistema de reparto, pero obviando el hecho de que actualmente su financiamiento depende exclusivamente del aporte de los trabajadores, lo cual la hace inviable.
Sobre este cuadro de confusión opera el gobierno, que alienta una política de cooptación, apuntando a establecer un puente y arribar a un compromiso con la dirección del movimiento y desactivar la protesta.
Del dicho al hecho, sin embargo, hay un largo trecho. La grieta que ha abierto la crisis jubilatoria es demasiado grande. El gobierno carece de los recursos económicos -y agreguemos políticos- para llevar adelante, incluso, su tímida reforma.
La generalización de una pensión básica choca con el abultado déficit fiscal y el quebranto de las finanzas públicas (en momentos que el gobierno ha debido aumentar las becas escolares y no logra cerrar el frente de tormenta que tiene en el ámbito educativo).
La tentativa de establecer un aporte patronal choca con la resistencia de la clase capitalista. Esto es lo que explica que los anuncios oficiales se encuentren en un impasse.
El paro de la CUT
Entretanto, el 4 de noviembre se realizará un paro nacional. La enorme movilización que ha conmovido al país obligó a la CUT y a otras centrales a convocarlo.
Es necesario tener presente que este movimiento de lucha se ha abierto paso al margen y en contra de las centrales sindicales, atadas políticamente al gobierno de la Concertación.
La tarea inmediata es garantizar el éxito del paro nacional. Una adhesión masiva constituirá un golpe a la política gubernamental y a sus maniobras de cooptación.
Junto al impulso al paro, la situación reclama discutir un programa y una salida a la cuestión jubilatoria que dé prioridad al interés popular: pensión equivalente al 83% móvil respecto del último salario laboral, actualizado de acuerdo al costo de vida. Restitución inmediata de los aportes patronales, eliminación de las contribuciones de los asalariados; transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos.
Una victoria del paro será un factor de estímulo de otras luchas vitales que se vienen librando en la educación, contra la precarización y despidos y por aumento de salarios y apuntalará el camino para una salida obrera a la crisis política de fondo que el país atraviesa.
Pablo Heller
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