Ya son doce años de impunidad y de beneficios para el genocida Miguel Etchecolatz, responsable de su desaparición en dictadura y principal sospechoso de su segunda desaparición en 2006.
Como se sabe, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue protagonista directo de las dos desapariciones de Jorge Julio López, una en 1976 y la otra treinta años después, hace hoy justo doce años.
Etchecolatz, uno de los directores del circuito Camps, recibió su primera condena a prisión perpetua efectiva por crímenes de lesa humanidad el 19 de septiembre de 2006, un día después de que que Julio López desapareció. Luego el genocida recibió condenas similares en otros juicios y hoy está siendo juzgado junto a una veintena de sus secuaces por los crímenes de la Brigada de San Justo.
La primera desaparición de López
En los años 70 Jorge Julio López colaboraba en una unidad básica impulsada por Montoneros en el barrio platense de Los Hornos, donde vivió casi toda su vida. Tras ser secuestrado el 27 de octubre de 1976 pasó por varios centros clandestinos de detención del circuito Camps, de los cuales Etchecolatz era el responsable: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata.
El 4 de abril de 1977 fue “legalizado” (es decir blanqueado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la junta militar) en la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979.
En aquel momento, entre marzo de 1976 y hasta enero de 1979, Etchecolatz fue director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
El día que volvió a desaparecer
El 18 de septiembre de 2006 Julio López desapareció luego de salir a la mañana de su casa de Los Hornos. Se dirigía al centro de La Plata a escuchar la sentencia de un juicio que fue histórico. Era el primero que se iniciaba luego de que fueran declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declarara inconstitucionales.
Además, después de treinta años de lucha, se estaban juzgando por primera vez como hechos ocurridos en el marco de un genocidio los secuestros, torturas y crímenes que, bajo las órdenes del Estado, llevaron adelante las fuerzas represivas para aniquilar a una generación de obreros, intelectuales y estudiantes militantes que luchaban por cambiar de raíz la sociedad.
Su testimonio en ese juicio fue central, ya que detalló cómo el propio Etchecolatz dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura y los asesinatos. Él vio con sus propios ojos las ejecuciones de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Su relato de aquellos hechos fue esencial para lograr la condena del genocida.
Julio López había declarado por primera vez en los llamados Juicios por la Verdad, instancias judiciales que solo servían para recolectar testimonios pero sin efectos condenatorios de ningún tipo, ya que estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos pactados entre los genocidas y el régimen político radical- peronista.
López dio testimonio el 7 de julio de 1999. Allí relató los tormentos que sufrieron él y el resto de sus compañeros y compañeras, los asesinatos que vio y describió cómo Etchecolatz era responsable directo de todo eso.
Volvió a declarar en la instrucción de la causa contra este genocida el 16 y el 30 de noviembre de 2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006.
Monumento a la impunidad
Así definió desde el principio a la causa por la desaparición de López la recordada Adriana Calvo, fundadora y máxima referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El organismo, integrado por sobrevivientes de los horrores más brutales de la dictadura, fue de vital importancia para que López tomara la decisión de dar testimonio luego de dos décadas de silencio (incluso intrafamiliar).
Hoy, cuando el gobierno de Mauricio Macri, plagado de negacionistas progenocidio, lleva casi tres años de gestión, es natural denunciar su nula intención de que se sepa qué pasó con López y su más nula voluntad de ajusticiar a sus desaparecedores. Pero de los doce años de impunidad en el caso, Macri estuvo en la Casa Rosada apenas un cuarto. Nueve años y tres meses de esa impunidad se dieron bajo gobiernos kirchneristas.
La definición temprana de Calvo sobre la causa hoy cobra un sentido lapidario. Cuando la lanzó por primera vez aún gobernaba Néstor Kirchner, el líder peronista que luego de mandar a reprimir a las Madres de Plaza de Mayo de Santa Cruz en 2001 vio que apoderarse de la bandera de los derechos humanos desde la Casa Rosada, luego del “que se vayan todos”, podía redituarle mucho políticamente.
Cuando desapareció López, Kirchner se preocupó mucho por las consecuencias políticas del caso. Públicamente habló del “compañero Tito” (como le decían a Julio), de su “compromiso” por llegar a la verdad y la justicia y de la casi seguridad de que bandas “parapoliciales” estuvieran detrás del crimen. Pero mientras se mostraba compungido para la tribuna, sus funcionarios nacionales y los de Felipe Solá (entonces gobernador bonaerense) sellaban el más abyecto pacto de impunidad con la Policía formada por Camps y Etchecolatz.
Desde el “progre” Aníbal Fernández diciendo que Julio podía estar en la casa de una tía hasta las huestes de Jaime Stiuso operando de mil maneras (a las órdenes de algún superior, obvio) para plantar pistas falsas y rodear a la familia López con zanahorias podridas, pasando por el nulo aporte de los más mínimos elementos de prueba y por un Poder Judicial abocado a mirar para cualquier lado menos para el de la verdad, el Estado hizo todo lo que estuvo a su alcance para que López no apareciera, ni vivo ni muerto.
¿Tan difícil resultaba centralizar indicios para desentrañar la madeja en la que quedó atrapado un albañil de 77 años que no quería esconderse de nadie, que caminaba todo el tiempo por las calles de una ciudad superpoblada y que no tenía vínculos ni relaciones turbias con nadie? Parece que sí.
Al menos resultaba tan difícil como meterse con los máximos sospechosos de un caso que conmovió al país por su brutalidad y mensaje. Fue el propio León Arslanián, entonces ministro de Seguridad bonaerense, quien les confesó a los organismos de derechos humanos que alrededor del caso se estaba jugando la “gobernabilidad” de la Provincia y que por eso, palabras más palabras menos, meterse con los sospechosos no era conveniente. Y así fue.
Obviamente los aliados del kirchnerismo siempre repartieron culpas a conveniencia. Que los jueces, que los fiscales, que la Policía de siempre. Hasta hubo quienes creyeron (y lo transformaron en una denuncia penal) que la responsabilidad de lo que le pasó a López estaba en manos de los propios organismos de derechos humanos que le habían dado el impulso para que sacara toda su verdad afuera y diera su invalorable aporte para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Canalladas que, en definitiva, no son más que un penoso capítulo de esta larga historia de impunidad.
A doce años de esa nueva desaparición en “democracia”, en la “investigación” judicial no hay ni un solo imputado de los múltiples sospechosos.
El envalentonamiento que da la impunidad
En octubre de 2014 en La Plata el Tribunal Oral Criminal Federal 1 estaba finalizando el juicio por La Cacha, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionó en la región . En el momento en que se estaba leyendo el veredicto Miguel Etchecolatz miró a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos en forma amenazante, cínica, inmutable.
De su bolsillo sacó un papelito doblado que desplegó con calma e intentó llevárselo al juez pero no lo dejaron. Las fotografías mostraron luego que en el papelito del excomisario estaban escritas las palabras “Jorge Julio López” y “secuestrar”.
López llevaba ocho años desaparecido y hacía pocos días una nueva movilización exigía su aparición con vida .
Este y todos los genocidas militares, policiales, empresarios, civiles y miembros de la Iglesia católica contaron con el amparo de todos los gobiernos, desde las leyes de impunidad vigentes durante décadas, la “prisión” domiciliaria para beneficiar a “pobre viejos sufrientes”, los intentos de “reconciliación” desplegados a través de discursos oficiales y de editoriales de medios cómplices (y beneficiarios) del genocidio y hasta casi el “2x1” para los condenados de los peores crímenes contra la población, solo frenado por la movilización de cientos de miles de personas en todo el país.
Aunque haya quienes se ofusquen con la denuncia, Etchecolatz tuvo de su lado el silencio y la negativa de llegar a la verdad garantizados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tan es así que entre 1983 y 2017 el represor siguió formal y administrativamente siendo parte de la Policía Bonaerense como jubilado.
Hace unas semanas, en otra provocación hacia las víctimas, sobrevivientes y familiares envió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para pedirle volver a ser parte de la fuerza. Semejante hecho produjo el repudio de los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad. Como era de esperarse, la Gobernadora ni siquiera repudió este “pedido”.
Las provocaciones y el envalentonamiento de Etchecolatz no pueden explicarse por el mero ímpetu personal del genocida. Hay una larga lista de beneficios en los que el represor se apoya para seguir dando que hablar. El 27 de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 decidió otorgarle la prisión domiciliaria en su cómoda casa en Mar del Plata.
La movilización y el repudio masivo lograron que el 16 de marzo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocara su domiciliaria. Actualmente está preso en el Penal de Ezeiza y está siendo juzgado por los crímenes de la Brigada de San Justo. Pero se sigue dando el lujo de no estar presente en las audiencias y hacerlo por teleconferencia.
Pese a los constantes intentos de las clases dominantes y sus servidores del Estado e intelectuales, no puede haber olvido, ni perdón ni reconciliación. El Estado es responsable de tanta impunidad, de que López no haya aparecido en estos doce años, de que sus verdugos sigan caminando por las calles como si nada, de que Chicha Mariani se haya ido de esta vida sin encontrara su nieta Clara Anahí (después de haber luchado hasta sus 94 años) y de que tantos crímenes de lesa humanidad sigan impunes.
Con más fuerzas que nunca, a doce años de la segunda desaparición de Julio López reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Por todas las compañeras y todos los compañeros. Presentes, ahora y siempre.
Daniel Satur
@saturnetroc
Andrea López
CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires
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