Con huelgas y acciones judiciales, combaten el fraude laboral de las aplicaciones. Una experiencia valiosa para los trabajadores de Rappi, PedidosYa y Glovo en Argentina.
Las patronales de las aplicaciones de reparto, que se expanden como reguero de pólvora en el mundo sobre la base de la hiperexplotación y el fraude laboral (al no reconocer a sus empleados como tales), han tenido que hacer frente más temprano que tarde a la lucha de sus trabajadores y trabajadoras, como lo muestra el caso de España.
El Estado ibérico, que ha permitido el desarrollo de estas plataformas –como muestra el caso de la catalana Glovo, que en tres años se instaló en veinte localidades españolas y ahora se expande a América Latina, Europa del Este y el norte de África–, se ha visto obligado por la lucha obrera a resoluciones judiciales y gubernamentales que suponen importantes conquistas. En junio, en Valencia, tuvo lugar el primer fallo que reconoce la laboralidad de un repartidor de plataforma encuadrado falsamente como “autónomo”. En agosto, el gobierno nacional de Pedro Sánchez lanzó dos medidas: en primer lugar, un decreto-ley por el cual los denominados “falsos autónomos” podrían pasar al régimen que les corresponde a los “trabajadores por cuenta ajena” en la Seguridad Social. En segundo lugar, un plan hacia las empresas incumplidoras en etapas: envío de cartas instando a la regularización; análisis del comportamiento de las que no cumplan y el paso a las inspecciones; y finalmente sanciones.
Mientras que la efectividad de las medidas gubernamentales está en duda (“todo parece indicar que el Gobierno tendrá que cursar las multas”, apunta El Español, 11/8), desde los sindicatos exigen legislaciones específicas y el encuadramiento efectivo de los repartidores en el sector de hostelería.
Condiciones de trabajo, huelgas y acciones judiciales
En el país ibérico, que encabeza junto a Grecia el “ranking” europeo de desocupación juvenil, tanto Glovo como la inglesa Deliveroo (presente en diez ciudades españolas) y la norteamericana UberEats no han tenido dificultad en hacerse de un plantel de jóvenes precarizados. Su falsa autonomía va de la mano con condiciones de trabajo crecientemente despóticas y extenuantes: carecen de derechos de huelga, baja laboral por accidente, descanso remunerado, vacaciones y liquidación por despido, y puede ser sancionado y hasta despedido (“desconectado” es el término de Glovo) si rechaza tomar pedidos. La situación ha ido empeorando: como describe Isaac Cuende, uno de los primeros trabajadores de Glovo y el primero en llevarla a juicio a Glovo ante el encubrimiento de la relación laboral, “empecé a sentir que no tenía libertad”; según sus cálculos “para lograr un sueldo neto de 1.000 euros al mes tenía que repartir a toda velocidad durante más de 12 horas, seis días a la semana” (El País, 12/7). Estas plataformas digitales expresan de manera aguda la tendencia del capital a pauperizar al extremo el trabajo de los explotados.
Superando un escenario difícil para la organización –con despidos gratuitos para la patronal y el bloqueo a la sindicalización–, los repartidores de Deliveroo se autoconvocaron y protagonizaron el capítulo local de la huelga internacional de “riders”, parando el trabajo en varias ciudades en el verano de 2017. Los referentes sufrieron el despido, pero la medida fue un punto de inflexión, e inspiró sucesivas medidas de lucha. Uno de los episodios más recientes fue la “huelga colaborativa” de Glovo en Zaragoza, donde más de cincuenta repartidores “se negaron a aceptar pedidos durante las altas horas de demanda (entre las 20.30h y las 23.00h en su caso) y consiguieron acabar con la actividad en la aplicación”; la medida fue exitosa y se obtuvo el aumento del pago por kilómetro recorrido (de 0,35 euros a 0,40) y la suba de las bonificaciones de los fines de semana –aunque, como denunció un trabajador, “estas siguen por debajo de cuando empezamos a trabajar”. Atentos, sus pares de Madrid ya han resuelto una medida igual para el domingo 16 de octubre, y hay quienes plantean la necesidad de organizar una medida de carácter nacional.
Junto a ello hay un tendal de denuncias de los trabajadores al Estado, que deben hacer frente a la compartimentación y la dilación: cada Inspección provincial actúa por separado y, como describe un abogado especializado, “es un proceso largo que se demora y que depende de cada ciudad” (público, 21/6). Así y todo, ya han habido reclamos a la justicia por parte de estos organismos. Las más recientes son las de la Inspección de Barcelona en junio contra Deliveroo –que determina que la relación es laboral y no mercantil, y exige en consecuencia el pago de 1,3 millones de euros en concepto de cuotas no pagadas a la Seguridad Social– y la de la Zaragoza contra Glovo en julio, que destapó 326 casos de falsos autónomos y reclamó 380 mil euros en concepto de deudas de aportes y punitorios, y el alta en la Seguridad Social. Y hay pedidos de documentación en Bilbao, Sevilla, Coruña, Alicante y Gijón.
El fallo de Valencia y las perspectivas
El primer fallo que reconoció la laboralidad de un repartidor fue en junio, en favor de Víctor Sánchez, despedido de Deliveroo por su participación en la huelga de 2017. Un antecedente de peso por sus argumentos sobre la existencia de una relación laboral: la empresa controla al trabajador vía GPS, tanto su ubicación como los tiempos de reparto; es dueña de la app y la página web (en contraste con el rider, que carece de estructura empresarial) y fija los precios; además, existe “ajenidad en la información” –el repartidor desconoce qué restaurantes están apuntados y cuántos pedidos tiene cada uno- y “ajenidad en la Marca” –en la medida que los riders son “la cara de Deliveroo”. La empresa recurrió la sentencia. En la vecina Italia, un fallo acaba de establecer que los “riders” no son falsos autónomos.
Entrevistado en varios medios, Sánchez responsabilizó a la burocracia de los sindicatos por el avance de estas compañías -“cuando aceptas despidos colectivos sin luchar por los derechos de esos trabajadores y asumes que la patronal tiene todo el poder estás dejando indefensos a los trabajadores y deslegitimando la lucha”-, señaló que “a los políticos, a los grandes partidos y a la patronal no les interesa acabar con este modelo de negocio, porque lo que hace es quitar a gente del paro” y resaltó que su rechazo a los 10 mil euros que le ofrecieron para retirar la denuncia responde a que “he vivido varias huelgas generales en la industria y siempre he tenido esa concepción de clase y de lucha social” (El Periódico, 28/8).
Como se ve, la lucha de los “riders” no viene de una cigüeña. Y de seguro traerá nuevas noticias. Lo acontecido hasta ahora muestra la importancia de su organización, y la necesidad de darla de manera independiente de las burocracias sindicales y el Estado.
Tomás Eps
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