Los tambores de guerra vuelven a sonar en relación a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual a decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente está en la tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su intento hasta conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como energéticos constituye la principal causa del calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta estas rapaces empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo, obteniendo fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el subsuelo venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho dinero), de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.
La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el chileno (¿estadounidense?) Luis Almagro.
Siguiendo muy de cerca la situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.
Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una apología de la violencia.
Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.
Marcelo Colussi
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