Miles de trabajadores de distintos gremios, y tambén estudiantes de universidades públicas, han salido a la calle en Costa Rica contra un plan de ajuste particularmente brutal anunciado por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Según el propio Presidente, Carlos Alvarado, el país sufre el peor descalabro financiero de los últimos 40 años. Alvarado es un centroizquierdista aliado con la derecha; su vicepresidente, Rodolfo Piza, es conservador al igual que varios ministros. Por el momento, el gobierno se sostiene sólo por el respaldo de la oposición a las medidas de ajuste.
El paquete de ajuste incluye un aumento del IVA y reducciones de plus salariales a los trabajadores estatales, que son el principal sector movilizado. El miércoles 12, una histórica movilización (se habla de entre 150 mil y medio millón de personas, en un país de 5 millones de habitantes) recorrió San José en coincidencia con el tercer día de huelga general lanzada por los sindicatos. El movimiento estudiantil se plegó masivamente a la lucha tras la incursión de las fuerzas represivas en la Universidad de Costa Rica. Se trata del proceso de movilizaciones más importante desde 2007 (contra el TLC con Estados Unidos) y la lucha contra las reformas privatistas en las telecomunicaciones, en 2000, que llevaron a la caída del gobierno.
El gobierno de Alvarado condiciona las negociaciones al levantamiento de las medidas de fuerza.
Entretanto, marchas multitudinarias de pobladores empobrecidos se han dirigido al palacio de la Asamblea Legislativa y a la Casa Presidencial este jueves 13 de septiembre, y han bloqueado varias de las principales avenidas de la capital del país, San José. La represión ha sido intensa: hay varios estudiantes hospitalizados.Mientras tanto, el gobierno ha denunciado por “ilegales” las medidas de fuerza tomadas por trabajadores y estudiantes, al tiempo que el déficit nacional llega al 7 por ciento del PBI y el endeudamiento externo al 50 por ciento de la producción nacional.
Por otra parte, las movilizaciones costarricenses amenazan transformarse en un conflicto regional: los gobiernos de Colombia y Panamá han militarizado sus puertos ante la amenaza de los trabajadores portuarios de esos países de no operar buques de bandera de Costa Rica.
También está bloqueada la principal carretera costarricense, la de San Pedro, y cada intento policial por acercarse al piquete ha sido rechazado a pedradas y bombas molotov. El ministro de Seguridad, Michael Soto, ha respaldado la represión y ordenó recrudecerla para “imponer respeto”. Esa orden se corresponde con otro anuncio de ministra de Hacienda: a pesar de su brutalidad, el ajuste, según dijo, “no es suficiente” para cumplir con las metas impuestas por el FMI.
Cualquier parecido con la Argentina no es casualidad.
Alejandro Guerrero
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