Una encuesta muestra que 7 de cada 10 personas están a favor de una reforma constitucional, y de éstos, 5 abogan porque sea “importante”. El PSOE propone una reforma superficial, Ciudadanos y el PP quieren que no se toque. ¿A qué se debe que Unidos Podemos haya abandonado su reivindicación de un proceso constituyente?
Según la última encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 69,6% de la población está a favor de una reforma de la Carta Magna de 1978. Además, el estudio revela que la mitad de la población considera esta esta reforma debería ser “importante” y hasta un 14% opina que debería hacerse casi en su totalidad. Así pues la reforma exprés y superficial de Pedro Sánchez, ultra limitada en agenda, se queda, de lejos, muy corta para la inmensa mayoría.
La posición de “esto no se toca”, defendida sobre todo por el PP y Ciudadanos -aunque estos últimos estarían dispuestos a retocarla hacia la derecha- representa a una auténtica minoría. Un 14% dice tener dudas respecto a la posibilidad de reformar la Constitución y tan solo un 14,9% se manifiesta contrario a cualquier modificación.
En cuanto a los aspectos a reformar, los encuestados sostienen que debería mejorarse la coordinación en las competencias de sanidad y educación y la propia regulación de las competencias de las CCAA. Destacan también como necesario la reforma de todo lo relacionado con la actividad política, como la profundización de su transparencia y control, así como la modificación del sistema electoral. La mejora en la totalidad de los derechos sociales son otro de los asuntos que más relevancia recoge la encuesta del CIS.
Preguntados por el funcionamiento del sistema democrático en el Estado español, un 54% está “poco o nada satisfecho”. Más de doce puntos por encima de los que dicen estar “bastante o muy satisfechos” (42,6%). Y muy superiores son los datos reflejados en cuanto al desencanto con los órganos parlamentarios. Un 71% “estaría insatisfecho o muy insatisfecho” frente un 20% “satisfecho o muy satisfecho”.
Lamentablemente el CIS comparte con los constitucionalistas de postín los temas vetados. Hubiera resultado interesante que se preguntara también sobre cuantos estarían dispuestos a que la Corona entrara en el debate. Pero desde que la imagen de la monarquía comenzó a bajar el CIS prefirió dejar de preguntar por la valoración de los campechanos Borbones. En ese estudio se han limitado a preguntar por el “problema” de la sucesión.
El sondeo, que fue elaborado durante los primeros días del mes de septiembre, ha sido publicado pocos días después de que Pedro Sánchez anunciara la propuesta de reforma para acabar con los aforamientos de los diputados y senadores.
Una medida que, si bien afectaría -hay que ver hasta donde- a los privilegios de amparo de la “casta” política que implica que los políticos corruptos solo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo -la crème de la crème de la “casta” judicial- no pasa de ser una maniobra con el objetivo de sanear a toda costa la imagen del Gobierno.
Ante el creciente descrédito acusado por la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, arrastrada por el vendaval de la “guerra de los másteres”, Pedro Sánchez se sacaba de la chistera esta medida como iniciativa para que “los ciudadanos vuelvan a creer en la política”. Sin embargo, de poco ha servido esta semana el anuncio de la propuesta de reforma tras el escándalo de las grabaciones de otra de las ministras del gabinete, en este caso Dolores Delgado, ni más ni menos que la titular de Justicia, o el último affaire del ministro de Ciencia y Tecnología y sus argucias fiscales, Pedro Duque.
Desde Unidos Podemos respondieron sumándose a la petición del PNV de que se incluyera la supresión de los aforamientos al Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y a la Familia Real, así como anunciando que utilizarían 35 de sus diputados para forzar a que la posible reforma fuera sometida a referéndum. Una posición que, aún más exigente que la propuesta del PSOE, está muy lejos de las aspiraciones mayoritarias que la encuesta del CIS revela.
Cuando la formación morada emergió en 2014 lo hizo desde el discurso de “romper los candados del 78” y con la demanda de abrir un proceso constituyente. Estas banderas, como tantas otras, las ha ido dejando por el camino. De la impugnación de la Transición se ha pasado a ver a Iñigo Errejón pidiendo disculpas en TeleMadrid, reivindicando el pacto del 78 y manifestándose a favor de una mera actualización. Del proceso constituyente se pasó ya a la reforma constitucional de cinco puntos de las elecciones generales de 2016 y ahora a encajonar ésta y conformarse con ser el sostén parlamentario de un gobierno del “turno progresista”.
Si en el programa social y económico esto ha significado rebajar las expectativas de lo posible a una reforma fiscal y tibias políticas redistributivas, en cuanto a la crisis del régimen del 78 ha supuesto convertirse en un partido de “orden” que deja pasar todas las “ventanas de oportunidad” que se abran para resolver las grandes demandas democráticas pendientes.
Lo vimos hace un año con el otoño catalán, cuando Unidos Podemos se negó a mover un dedo en favor del pueblo catalán, a respetar y defender su voluntad mayoritaria expresada el 1 y 3 de octubre -que nunca reconocieron- o a llamar a movilizaciones contra el golpe del 155. Lo hemos visto recientemente con el affaire Corinna, negándose a exigir algo tan elemental como que haya un referéndum sobre monarquía o república, mientras sí proponían otro para dirimir la prohibición o no de la tauromaquia.
Y lo volvemos a ver en estos días, en los que no se quiere molestar demasiado al gobierno de Sánchez y se niegan a plantear -a pesar de que el hastío con la casta política, judicial, la Corona y el sistema político sigue siendo de masas- que hace falta pelear por abrir procesos constituyentes, y no reformas cosméticas y exprés.
Esta integración en el régimen del 78 de parte del nuevo reformismo lo ubica cada vez más como parte de ese “sistema político” con el que el 54% está entre “poco o nada satisfecho”. Ante la grave crisis orgánica del régimen no hay parches ni reformas cosméticas posibles. Frente a las reformas constitucionales que se quieran vender desde el viejo poder constituido, heredero directo del régimen franquista, debemos exigir que el pueblo pueda decidirlo todo. Que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas sociales y democráticos: la cuestión de la monarquía y la forma del estado, el derecho de autodeterminación, el pago de la deuda, cómo terminar con el paro, la precariedad, la falta de vivienda, la crisis de la sanidad y un largo etcétera de reivindicaciones populares insatisfechas.
Esto pasa por retomar una reivindicación que se abrió camino desde el 15M, y que fue tomada formalmente por Podemos e IU para vaciarla primero de contenido y abandonarla después: la lucha por procesos constituyentes. Pelear por imponer asambleas constituyentes libres y soberanas en todo el Estado español y en las naciones que lo integran, en las que pueda expresarse verdaderamente la voluntad popular, empezando por la libre autodeterminación de los pueblos. Algo diametralmente opuesto a ceñirse al marco de las reglas de juego del régimen del 78 y al poder constituido de la monarquía, sus partidos y la “casta” judicial, y que para conquistarlo solo podremos confiar a la fuerza de la movilización y autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares.
Arsen Sabaté
Barcelona | @ArsenSabate
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