Pablo Iglesias y Nacho Álvarez reducen al mínimo posible su voluntad política: presionar al PSOE por una reforma tributaria ¿De qué dilema ignorado viene esta veloz integración del neorreformismo en el régimen?
En un reciente artículo de la revista digital CTXT, Pablo Iglesias, y Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, hacen un análisis y propuestas hacia el gobierno de Pedro Sánchez que sorprende por su franqueza.
Bajo el título “Pedro Sánchez y el Trilema de la voluntad política” sostienen que para llevar adelante un programa para “la recuperación de los derechos perdidos y la extensión de otros nuevos” los gobiernos de la periferia sur de la UE deben optar por, al menos, enfrentar las exigencias financieras internacionales -representadas por Bruselas y la austeridad fiscal- o bien a las élites nacionales. Es decir, aumentar el déficit y la deuda pública, avanzar en una reforma fiscal que no se descargue en las clases medias y populares o una combinación de ambas políticas, esta es la opción de Unidos Podemos.
Siguiendo la estela de Tsipras
"Todavía se tiene que verificar que alguien dentro de un estado puede plantear semejante desafío". Así se pronunciaba en su momento Pablo Iglesias ante la capitulación de Syriza, que pasaba del rechazo a los memorándums de la Troika a ser uno de sus mejores aplicadores. Ante los grandes poderes financieros internacionales, los gobiernos no pueden hacer más que lo que hizo Tsipras: intentar negociar, pero, si no ceden, aceptar sus políticas con resignación.
Desde ese momento la propuesta de hacer una auditoria y restructuración de la deuda desapareció del discurso de Podemos y de sus negociaciones con el PSOE. Allí donde gobiernan, su política ha sido la de convertirse en los campeones del pago de la deuda municipal, mientras aducían falta de recursos para poder poner en marcha los planes de “rescate ciudadano” con los que ganaron las elecciones en 2015.
Iglesias y Álvarez plantean ahora que es imprescindible un “desafío” a Bruselas de parte de Pedro Sánchez. Sin embargo, este “enfrentamiento” no pasa de negociar una reducción del déficit que “debería ser menos agresiva y condicionada a que se resuelvan previamente otros problemas (como el desempleo, la desigualdad o la pobreza salarial)”.
Consideran que el PSOE ni siquiera hará esto, ya que la relación histórica del socialismo español con Bruselas ha sido siempre de subordinación acrítica. Se lamentan de que se deja así la bandera de la lucha contra la austeridad en manos de la derecha populista italiana. Olvidan, sin embargo, que quien primero la arrojó sin pudor fue su socio -y ejemplo a seguir-, Alexis Tsipras. Deberían plantearse si la aceptación del “no hay alternativa” que impuso Bruselas a Grecia en julio de 2015 no es una reproducción de parte del neorreformismo ibérico de la ubicación de toda la socialdemocracia europea.
Lo que es seguro es que a quienes se subordinan sin rubor es al socialismo español. Ambos autores sostienen que “una vez descartada la voluntad de la socialdemocracia española de repensar su aproximación intelectual (y política) al Pacto de Estabilidad de la UE, sólo cabe presionar para que su compromiso con la consolidación fiscal y el ‘déficit cero’ venga acompañado de una propuesta de reforma tributaria”.
Un enfrentamiento a las élites nacionales con fuegos artificiales
Descartado el “choque”, que es mucho decir, con Bruselas, solo queda “chocar” con las élites nacionales. Sin embargo, su “choque” no pasa de una reforma tributaria que pretende gravar beneficios y dividendos empresariales y que se inspira en la fiscalidad alemana o francesa. Concretamente, consideran que el impuesto de sociedades no debería bajar del 15%. Es cierto que hoy las grandes empresas están pagando un 6% de media. Pero los límites de esta propuesta se muestran en que mantendría el reparto de la carga fiscal sobre salarios y consumo. Mientras empresas como Telefónica pagarían entre un 15% y un improbable 20%, la mayor parte de sus trabajadores contribuirían al fisco con no menos del 24% de su salario.
No cabe duda de que a los Botín o Florentino Pérez no les haría ninguna gracia una medida de este tipo. Tratarían de puentearla con ingeniería fiscal o fuga de capitales si lo vieran necesario. Lo que es seguro es que, como los propios autores reconocen, sólo serviría para financiar algunas medidas parciales que lejos estarían incluso de la “recuperación de derechos y ampliación de nuevos”.
Un "trilema" con grandes denominadores comunes
La Francia de Macron o la Alemania de Merkel son los modelos fiscales que supuestamente entran en conflicto con las élites españolas. La otra vía, el conflicto con Bruselas, supuestamente la representa el gobierno de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia.
Iglesias y Álvarez señalan que este gobierno de la derecha populista se propone implementar una suerte de Renta Ciudadana o el Decreto Dignidad que puede conllevar aumentos del déficit criticados por Bruselas. Para este “choque” se apoyan, según los autores, en sectores de la patronal con los que negocian una rebaja impositiva para empresas y familias.
Sorprende que no digan también que se busca generar una base social reaccionaria a partir de una política migratoria que encabeza la xenofobia institucional de la Unión Europea. O que olviden que la gran patronal y gran parte del establishment italiano preferirían un retorno de los gobiernos del Partido Demócrata.
La tercera opción, rechazada por los autores, sería no ir a ningún “choque” y por lo tanto defraudar a la mayoría social. Seguramente este acabará siendo el camino por el que apueste el PSOE, pero eso no será óbice para que Unidos Podemos le mantenga el sostén parlamentario.
Daría para otro artículo y otra polémica la separación tajante de intereses que los autores hacen entre Bruselas y las élites nacionales. Lo que nos interesa es que como “Trilema de la voluntad política” (la pregunta por el ¿qué hacer?) las tres vías mantienen un común denominador: en ninguna de ellas se considera posible poner en cuestión las reglas del juego, es decir los regímenes constituidos que operan como auténticas democracias para ricos o la misma Unión Europea, ni tampoco cuestionar los privilegios de los grandes capitalistas.
Es continuidad de la idea con que Iglesias aceptó la claudicación de Tsipras, diciendo que “lo que ha hecho el gobierno griego es, tristemente, lo único que podía hacer”. Esto plantea otro denominador común importante: por las tres vías los grandes problemas sociales de desempleo, pobreza, desmantelamiento de los servicios públicos, precariedad y racismo institucional se mantendrán irresueltos.
A lo que hay que añadir que, puesto que el socio que se proponen siempre es la vieja socialdemocracia -pilar izquierdo de los regímenes europeos- también el cuestionamiento de las democracias para ricos queda fuera de agenda, así como la misma Unión Europea del capital. En el Estado español esto se traduce en abandono de la defensa de un proceso constituyente, no cuestionar la forma de Estado y oponerse a todo ejercicio del derecho a la autodeterminación que no cuente con la venia de su Majestad.
El Dilema al que hay que volver
El Dilema realmente trascendental fue ignorado por el neorreformismo desde la casilla de salida. La crisis orgánica del Régimen del 78 y la peor ofensiva contra los derechos sociales y democráticos y sociales en 40 años plantearon la pregunta de cómo enfrentarlas.
Se podía aprovechar la “ventana de oportunidad” de la resistencia popular ante la crisis, usando sus propios términos, para una hoja de ruta no limitada por el régimen constituido -tanto el español como la Unión Europea- y defender un programa anticapitalista que respondiera hasta el final a las grandes demandas democráticas y los problemas sociales.
O podía apostarse por reconstruir el “consenso” perdido. Es decir, reconstituir el régimen político entrado en barrena, devolver cierta estabilidad a un Estado que empezaba a ser percibido como ajeno por millones y proponer una utópica recuperación paulatina de los derechos sociales perdidos.
La opción escogida y fundacional del neorreformismo fue la segunda. Trabajar por una restauración progresista del régimen, una limitadísima reforma de la Unión Europea y un programa socialdemócrata licuado hasta el “aguachirri” por el peso de tres décadas de neoliberalismo y la crisis.
Esto ha hecho envejecer rápido a Podemos, convertido ya en un partido de “orden” como le gusta repetir a Errejón. Un partido de Estado que piensa, como ha hecho la socialdemocracia devenida en social-liberalismo en los pasados 40 años, en qué se puede hacer sin plantear ningún gran desafío ni a Bruselas ni a las élites nacionales.
Es algo que no afecta solo a su programa económico. A la Unión Europea o a las élites ibéricas tampoco les gusta que se ponga en cuestión la territorialidad o la Corona: por eso ninguno de esos temas es parte de la agenda del neorreformismo, a pesar del gran movimiento democrático catalán o el descrédito de la Monarquía.
Desde esta elección, los dilemas, trilemas o cuatrilemas posteriores van a seguir sin dar respuesta a las demandas democráticas y sociales. ¿No tendría entonces la izquierda que no comulga con la integración del neorreformismo a lo constituido plantearse volver a la casilla de salida? El verdadero Dilema que marca la diferencia es elegir entre una política que ponga en el centro la defensa irrestricta de las demandas de la clase trabajadora, los sectores populares y las demandas democráticas, u otra que, por diferentes vías, las encorseta en hojas de ruta sin salida.
Una vía para no ser una nueva izquierda del régimen
Cuando se cumplen 10 años del inicio de la crisis capitalista, hace falta una izquierda que plantee un programa que resuelva los grandes problemas sociales, afectando directamente a las ganancias, los privilegios y el derecho de propiedad de los grandes capitalistas. Es decir que plantee un “desafío” real y no de cartón-piedra tanto a Bruselas como a las élites nacionales.
Demandas como el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema financiero, de los sectores estratégicos y de las viviendas en manos de especuladores, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, el fin de todas las formas de precariedad o los impuestos sobre las grandes fortunas y patrimonios para garantizar los servicios públicos; son medidas esenciales para realmente resolver los graves problemas de desempleo, pobreza, vivienda o desinversión en educación y sanidad. Solo un programa así, que se proponga hacer pagar la crisis a los capitalistas, es capaz de unificar al conjunto de las filas obreras y populares, en contra de todo discurso y políticas xenófobas o los tics “obrero-nacionales” de cierta izquierda que incluso ven con simpatía el programa de la Liga Nord italiana.
Si en algo tiene razón Pablo Iglesias es que un programa de este tipo nunca sería tolerado por el Estado capitalista. Para justificar la claudicación de Tsipras en 2015 explicaba que “si nosotros gobernando vamos a hacer una cosa dura, de repente tienes a buena parte del ejército, del aparato de la policía y a todos los medios de comunicación y a todo contra ti, absolutamente todo”. No le falta razón, pero la alternativa que propone es una renuncia de los objetivos, hasta el punto de justificar la conversión de Syriza en el aplicador del memorándum.
La opción contraria es sacar la conclusión de que hay que prepararse para enfrentar a esos poderes, desarrollando en primer lugar la autoorganización obrera y popular. La defensa de un programa anticapitalista no puede estar separada de la lucha contra las democracias para ricos y los grandes poderes constituidos que impiden la deliberación y toma de decisión democrática. La Constitución, la Judicatura, el Senado... actúan como auténticos candados y corsés de hierro y si hace falta recurrirán al pilar represivo del Estado, que como decía Engels, nunca ha dejado de ser un cuerpo de hombres armados. La aceptación del marco constitucional del 78 ha llevado a Podemos a esa resignación ante lo constituido.
En un momento en que la inmensa mayoría de los sectores populares siguen confiando en los mecanismos de esta democracia representativa, es necesario plantear la lucha por la instancia más democrática que puede dar la democracia burguesa, una asamblea constituyente verdaderamente democrática y sin límite de agenda. El marco donde podría debatirse un programa anticapitalista, pero también acabar con la Corona, los privilegios de la casta política, la Judicatura reaccionaria, el Senado o la libre autodeterminación a todas las naciones del Estado.
Para imponer una asamblea de este tipo no hay otra forma que desarrollar la más amplia movilización y autoorganización obrera y popular que ponga contra las cuerdas al actual Estado. En otras palabras, prepararse para enfrentar esas resistencias que acertadamente señalaba Pablo Iglesias que se pondrían en marcha si se “gobierna duro”. Poner así las bases para establecer nuevos gobiernos basados en los organismos de autoorganización que surgieran de ese combate y abrir la perspectiva de luchar por una Europa de los trabajadores y los pueblos, en contra tanto de la Unión Europea del capital como del retorno del Estado-nación y el chovinismo alentado por la derecha populista y cierta “izquierda nacional”.
Santiago Lupe
Barcelona | @SantiagoLupeBCN
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