La presión patronal abre grietas en la cuarentena.
Hoy se anunció que el gobierno decidió pagar sus compromisos de deuda que vencen en abril. La semana que viene se pagaría el cupón del Bonar 2020 (bajo legislación local), serían 120 millones de dólares, que tendría el sentido de dar una señal de la voluntad de pago, ya que este mes vencen U$S 503 millones por intereses de los bonos Globales, que sí están bajo legislación extranjera. La decisión de solo pagar hasta marzo, para lo que se habían reservado U$S 5.000 millones, fue quebrada y “el problema es que a medida que pasan los meses se siguen utilizando más reservas del Banco Central, que son cada vez más escasas” (Infobae, 3/4).
El gobierno paga para seguir negociando y evitar caer en el default. A pesar de que Alberto Fernández sostuvo que la prioridad era la salud lo cierto es que quiere llegar a un acuerdo con los acreedores. Según informa Marcelo Bonelli en Clarín (3/4) “un ´paper´ que circula entre los ´lobos´ de Wall Street dice… que (Alberto) le exigió a su ministro (Guzmán) resolver la deuda. Según esas fuentes le habría dicho al ministro: ´Te convoqué para resolver el tema de la deuda´... El Presidente incorporó a otros funcionarios con la orden de monitorear la negociación de Guzmán. Entre ellos estarían Gustavo Béliz, Santiago Cafiero y el propio Sergio Massa”. El alza de la cotización de los bonos argentinos en los últimos días confirmaría el trascendido, la decisión de pagar en abril lo reafirmaría.
Flexibilización de la cuarentena
Luego de haber insistido en la necesidad de prolongar el aislamiento obligatorio como fundamental para impedir un colapso del sistema de salud el gobierno decidió sumar nuevas actividades a las que figuraban exceptuadas. Todas ellas parecen el resultado de una presión de las empresas y las entidades patronales que las representan ya que ninguna puede ser considerada una necesidad vital, se han incluido a las mineras, a varias ligadas a la actividad agropecuaria sin explicar la necesidad de que estas sean liberadas y exceptuadas.
En el día de hoy (3/4) el propio Fernández está realizando una serie de reuniones con los gremios empresarios (cámara de comercio, UIA) que le requerirán mayor flexibilidad del aislamiento obligatorio, es decir, proceder a una “normalización” de la actividad económica. La “dureza” manifestada con Techint (que parió un DNU tramposo de prohibición de los despidos) quedó para las tribunas, ayer en la figura del Ministro de Salud el gobierno reculó frente a los dueños de la medicina privada y hoy adopta el rumbo de pagar y liberar nuevas actividades.
El gobierno no ha previsto tampoco el impacto epidemiológico de estas medidas de flexibilización porque no hay una obligación de preservar las condiciones de higiene, por el contrario, las denuncias llueven por decenas por la falta de kits de protección en las actividades que ya estaban exceptuadas.
Las colas y aglomeraciones frente a los bancos para poder cobrar las jubilaciones revelaron que el gobierno no preserva ni toma los recaudos para sostener la cuarentena y de esa manera evitar que el número de contagiados crezca en forma exponencial.
Control popular de la cuarentena
Queda cada vez más claro que sostener la cuarentena como forma de impedir las consecuencias de un colapso del sistema de salud no puede quedar bajo el control del propio Estado, que actúa en función de los intereses capitalistas. Se necesita el control popular para llevar adelante las necesidades que impone la pandemia: centralización del sistema de salud público y privado para garantizar el plan de contingencia frente a la pandemia; una reconversión industrial para garantizar la producción masiva de los elementos necesarios para el sistema de salud y el alimento; un subsidio de 30.000 pesos a todos los que no tienen empleo formal; formación de comités populares de control de la asistencia alimentaria, para desarrollar los reclamos del sistema de salud y de todos los aspectos relacionados con la cuarentena. Y, fundamental: anular de inmediato, de manera unilateral, todo pago de la deuda pública, a excepción de los bonos en manos de la Anses.
Eduardo Salas
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