Acerca de la huida del monarca español
Toda la prensa ha anunciado el lunes 3 de agosto, reproduciendo un comunicado de la Zarzuela, que el rey emérito Juan Carlos I huyó de España, se supone que a la República Dominicana, aunque según su abogado sigue a “disposición judicial”. Toda la prensa, con pocas excepciones, saluda la acción valiente del padre y el hijo, y la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez.
Al margen de las anécdotas y detalles que llenan los medios de comunicación, lo que está en marcha es una enorme operación de salvamento del régimen monárquico, instaurado por Franco. La prensa internacional, haciéndose eco de los intereses del capital financiero, de los gobiernos europeos, de las instituciones internacionales y evidentemente de las heredadas de la dictadura, apoya e impulsa esta operación. Son conscientes de que está amenazada la monarquía, clave de bóveda del Estado español, en un momento crítico de la crisis del imperialismo y de todos los Estados imperialistas, acelerada por la pandemia.
El derrumbamiento económico de España (18% del PBI en el segundo trimestre), en un marco de descomposición del mercado mundial, es producto no solo del agravamiento de la crisis del sistema capitalista sino también del desarrollo extremo del parasitismo de la economía, que ha sido la tónica de los 40 años de juancarlismo. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la instauración del euro en 1999 han impuesto el desmantelamiento de la industria (su peso pasó del 32% del PIB en el año 1980 al 12% ahora). España se ha transformado en un país “de turismo”, de agroexportación facilitada por los salarios de miseria y la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante, de exportación de coches producidos en España por las multinacionales. A ello se añade el debilitamiento extremo de servicios públicos esenciales como la sanidad, por las políticas de gobiernos de todos los colores, centrales y autonómicos, al dictado de la Unión Europea, es decir del FMI, y cuyas consecuencias está pagando la población al precio de decenas de miles de muertos, y del tratamiento indigno de los ciudadanos mayores.
Esta crisis humanitaria, sanitaria, social y económica ha acelerado una crisis política que toca de lleno al régimen del 78. La huida de Juan Carlos I, después de su abdicación en junio de 2014, cuestiona toda la reforma del franquismo, anuncia una posible caída de los borbones, de su papel como capitanes generales de las Fuerzas Armadas con el que pretendían atemorizar a los pueblos, como hizo Felipe VI en su discurso del 3 de octubre de 2017 contra el pueblo catalán.
Corren riesgo así los agentes y comisionistas privilegiados de los Estados Unidos y las multinacionales en España. Con ellos se cuestionan también los pactos de la Moncloa y la política de los dirigentes de los partidos y organizaciones, incluidos los que se reclaman de los trabajadores, que pilotearon la transición atados a los franquistas. Los sucesores actuales de estos dirigentes siguen sosteniendo a la Monarquía y el régimen del 78. Lo reivindica el editorial de ABC –portavoz oficioso de la Casa Real– del 5 de agosto que concluye diciendo: “El jefe del Ejecutivo (o sea, Sánchez) expresó ayer su apoyo al sistema de libertades y de derechos del 78 y a la Monarquía Parlamentaria, y desde aquí lo celebramos”. La responsabilidad del gobierno Sánchez es total. Las declaraciones del PP, de Vox o de Ciudadanos, mostrando su carácter franquista, no pueden ocultar que el primer responsable de la huida es el gobierno, que apoyado en las Cortes y el aparato judicial, maniobra para salvar al régimen: directamente, al preparar la huida, o con supuestos debates o comisiones parlamentarias para intentar engañar a los trabajadores y los pueblos. La vicepresidenta Carmen Calvo, que aparece como portavoz de la operación, insistió este miércoles en que Juan Carlos no ha huido, ratificando las declaraciones del Tribunal Supremo de que no está imputado (obviamente, si ellos no lo imputan…).
Por su parte, Podemos manifiesta desconocer el operativo de huida del Borbón. Sólo como cinismo o estupidez pueden calificarse las declaraciones de Pablo Iglesias quien, como vicepresidente del gobierno, participa de la dirección de los cuerpos de seguridad del Estado y en particular de sus servicios secretos según consta en los acuerdos firmados con el PSOE para conformar el gobierno. La prueba de esto es que Podemos ni siquiera ha pedido la detención del emérito ni ha amenazado con salir del gobierno o convocado a movilizaciones para terminar con la monarquía. Por el contrario, se ha sumado al operativo “rescate” diferenciando a Felipe de su padre.
Se plantea, con agudeza, la incompatibilidad entre el régimen y las reivindicaciones de los trabajadores, la mayoría social, las de la juventud, los desocupados, el movimiento de mujeres y diversidades, los jubilados, los migrantes, los pueblos y para todos los sectores oprimidos de la ciudad y del campo. No hay diferencia entre el hijo y el padre. No se trata de una crónica de “sucesos” más o menos frívolos. Se trata de que ya no han podido disimular más el carácter corrupto de la Monarquía y del capital financiero. ¿Quién puede ocultar que las grandes empresas del IBEX 35 (la bolsa de Madrid) son las beneficiadas de la crisis, a costa del pueblo trabajador, que la CEOE (la central patronal) dicta al gobierno exenciones de impuestos y que se mantengan las reformas laborales, que los gobiernos europeos en el Consejo Europeo imponen a las supuestas ayudas?
La “huida” de Juan Carlos pone aún más al descubierto el carácter corrupto de este régimen, enemigo de los derechos sociales y democráticos; pone aún más al descubierto el entramado institucional en que se basa el poder del capital financiero, de la gran banca y las multinacionales. Para protegerse del desastre económico, de la descomposición social, los trabajadores y los pueblos están confrontados a la necesidad de acabar con este régimen.
No se trata de cambiar un rey por un presidente. Se trata de acabar con las instituciones franquistas. Se trata de eliminar las reformas laborales “socialistas” o “populares” e imponer la prohibición de los despidos, de restablecer la sanidad y la enseñanza pública. Se trata de derogar la ley mordaza, liberar a los presos políticos y acabar con todas las leyes represivas. Se trata de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Sólo la acción independiente de los trabajadores y la movilización de los pueblos puede acabar con el régimen e imponer una federación socialista de repúblicas ibéricas.
Se anuncian las primeras manifestaciones en varias ciudades del Estado contra la monarquía y por la república: organizaciones sindicales como las CC.OO. (Comisiones Obreras) de Navarra se pronuncian por la República. Al incipiente movimiento que aspira a acabar con la monarquía y el régimen, le falta una dirección que lo lleve a la victoria y no a un nuevo pacto que pretenda democratizar lo indemocratizable. En esta crisis y luchas se plantea la necesidad de construir un partido revolucionario apoyando y participando en todas las movilizaciones y luchas para terminar con la herencia franquista y abrir el camino a un gobierno de trabajadores.
Antonio Rosselló
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