Frente a este escenario el gobierno y el COE abandonaron la realización de las conferencias semanales donde daban cuenta de la evolución de la pandemia y las medidas a adoptar. En ese cuadro se produjo la renuncia del director del Centro de Salud, el hospital de referencia para la atención del Covid 19, destacando todos los reclamos en materia salarial, estabilidad laboral, protección e equipamientos, que los trabajadores de la salud ha venido sosteniendo en cada una de sus acciones de lucha.
Impasse
El curso desbordante de los contagios ha sacado a luz una interna en el gabinete de Manzur. La ministra de Salud, Chahla, ha planteado la necesidad de retroceder a una fase dura. Una postura mas dura la sostuvo el director del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud)
La postura contraria la sustenta la ministra de gobierno, Carolina Vargas Aignasse, quien sostuvo que era imposible retroceder de fase, que nadie iba a cumplirla. La ministra, con importantes intereses comerciales, se hacía eco de las declaraciones de la Federación Económica y de varias cámaras comerciales y de la construcción, que plantearon que sin auxilio del gobierno iban a la quiebra, y que no iban a acatar ningún retroceso de fase.
El acoso del poder
Mientras crecen los contagios, también crece el escándalo disparado por las denuncias del camarista Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, un vocal de la Corte, quien habría procurado presionar en nombre el Manzur y Jaldo para que manejara “la intensidad” de las causas por abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, para que siga siendo funcional al gobierno. Pedicone en su denuncia penal sostuvo que grabó toda esta conversación. Habiendo transcurrido un mes de la denuncia, los fiscales y jueces alineados con el gobierno han tomado decisiones para rescatar a Leiva y por esa vía al gobernador Manzur y al vice Jaldo. El juez Pisa (una suerte de Oyarbide tucumano), ha resuelto que la denuncia de Pedicone se sustancie bajo el viejo código procesal penal basado en el secretismo y por medios escritos y que Pedicone no podía ser querellante en la causa, porque quien estaba afectado era la administración pública, y que por lo tanto el querellante iba a ser la fiscalía de estado.
Cuando el gobierno y en la propia justicia se consideraba que el escándalo provocado por la denuncia de Pedicone había sido puesta bajo control, se produjo un conjunto de denuncias contra otro vocal de la Corte, Antonio Estofan, alineado con Leiva y el gobierno, por acoso contra una empleada judicial y otros delitos.
A su vez, en la legislatura se han presentado una lluvia de denuncias y pedidos de juicios políticos contra distintos jueces e integrantes de la cortes y contra el propio Jaldo como titular de la legislatura.
Asociación criminal
Recientemente el jury de enjuiciamiento de la legislatura destituyo al único juez de ejecución penal, Roberto Guyot encargado de velar por la situación de los presos, a quien se lo vinculaba con una organización narcomafiosa que tenía a los penales de la provincia como mercado cautivo para la colocación de diversas drogas. En esta asociación criminal estaba implicado el servicio penitenciario y varios presos. Las pruebas presentadas, con crímenes de presos que habían denunciado la situación en los penales, hicieron insostenible mantenerlo en el cargo.
En este escenario de crisis y descomposición del régimen político y del propio estado agravado por el nivel alcanzado por la pandemia, está en curso un reguero de luchas que el próximo martes 6 va a tener expresión con diversas acciones (caravanas, piquetes, marchas, etc.) impulsadas por la Coordinadora de Lucha.
Daniel Blanco
03/10/2020
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