El resultado del juicio -y su misma realización- fue la consecuencia de una intensa lucha política y de pronunciamiento por el esclarecimiento del crimen, de una enorme movilización popular y también del acompañamiento de figuras políticas, artistas, deportista, periodistas. Por sobre todo fue la expresión y consciencia de una clase que jamás olvidaría el crimen de nuestro compañero.
En una primera instancia, durante la investigación, con la lucha se logró la derrota al intento de la criminalización de los militantes y trabajadores precarizados, cuando el gobierno y sus voceros hacían correr la bola de que se había tratado de un “enfrentamiento” y que “le tiraron un muerto” a CFK. El poder político intentó incriminar a los propios militantes, desligando las culpas a los movilizados por luchar y denunciar su precarización laboral; el intento de presentar el asesinato de Mariano como resultado de una gresca, fue refutado a lo largo del juicio por testimonios concluyentes y una descripción elocuente de los hechos tal como fueron: la patota sindical de la UF emboscó a los tercerizados y militantes que se estaban retirando del lugar, dando muerte a Mariano e hiriendo a los demás compañeros. También tuvimos que derrotar el intento de juzgar a la policía en un juicio aparte. La policía fue cómplice en la liberación de la zona para se cumpliera este accionar, y todo lo que ocurrió fue un mismo hecho. El juicio unificado permitiría mostrar esa complicidad. La querella del Partido Obrero estuvo representada por las abogadas Carmen Verdú y Claudia Ferrero, concluyó con condenas importantes a Pedraza y los jefes de la patota, pero las complicidades de empresarios y funcionarios, incluso de la jerarquía policial, quedaron impunes.
Durante el juicio quedó en evidencia el verdadero móvil del crimen: Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria, gerenciaba junto a familiares y amigos la Cooperativa Unión del Mercosur, una ´tercerizada´, justamente, en la que los trabajadores realizaban tareas contempladas en el convenio ferroviario pero si su cobertura. Cobraban un tercio del salario de los trabajadores de planta y no gozaban de ninguna de sus conquistas. Esta empresa le significaba el ingreso de millones a la burocracia de la UF. Impedir el paso a la planta permanente de los tercerizados era clave para defender a este negocio que compartían las empresas concesionarias y los burócratas.
El juicio puso en evidencia un mecanismo que se teje desde las entrañas del estado: la patria contratista, donde el Estado a través de la orquestación de licitaciones truchas reparte entre los amigos del poder un cuantioso botín de fondos públicos. Este sistema, regular, contaba con el guiño de la Secretaría de Transporte.
Los intentos de encubrimiento por parte del Estado fueron numerosos. Lo demuestran los audios de las conversaciones entre el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada y Pedraza, en las que se aprecia visualizando un entrelazamiento político íntimo; del mismo modo que salieron a la luz las escuchas telefónicas que registraron los intentos de José Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Ángel Stafforini de coordinar un intento de soborno al camarista Eduardo Riggi.
Aquel 20 de octubre de 2010 los tercerizados del ferrocarril Roca se movilizaron para exigir el fin de la precarización laboral y el pase a planta permanente, cuando fueron emboscados por la patota de la UF. La contundente respuesta obrera y popular, a horas del asesinato, ordenaron el terreno que llevaría a Pedraza al banquillo de los acusados y su posterior condena. El crimen infame quedará en la memoria de la clase obrera. A casi 12 años del asesinato de Mariano Ferreyra, seguimos luchando contra la impunidad.
No hay vía muerta si se camina
No habrá hombre muerto si no se olvida
Que la memoria se multiplica
Con estos hombres que se convidan
Alejandra Greig
05/08/2022
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