El principal límite al ajuste y la devaluación está en la calle.
La designación de Massa como superministro de Economía es un intento de romper el inmovilismo del gobierno ante una aceleración de la crisis que amenazaba con llevárselo puesto. La salida de Guzmán y el arribo de Batakis para reafirmar el compromiso con el “equilibrio fiscal” no menguó la corrida, y lo que la fugaz ministra cosechó en su gira por Washington fue un apriete liso y llano del capital financiero internacional al gobierno para que acelere el ajuste y la devaluación.
La improvisación de las medidas oficiales, desde la promesa de déficit cero hasta el dólar especial para los sojeros y la nueva suba de tasas, condenaba a la impotencia el intento de frenar la corrida cambiaria y revertir la pérdida de divisas del Banco Central, cuando en julio se dilapidaron 1.000 millones de dólares solo en financiar la estampida cambiaria (y más aún en pagos de deuda). Massa asume empoderado por una reconfiguración del gabinete y del equilibrio entre las distintas alas del Frente de Todos -sobre todo en perjuicio del presidente Alberto Fernández- pero en un gobierno acorralado, empezando por el hecho de que no parece tener margen para postergar una depreciación en regla del peso, lo cual amenaza con desatar la hiperinflación.
El hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados es un hombre de lazos estrechos con la embajada norteamericana, siendo desde hace tiempo un agente de los intereses del imperialismo yanqui, la Otan y el sionismo. Es sugestivo que su nombramiento apenas haya esperado el retorno de la desplazada Batakis desde Estados Unidos, donde fue recibida con frialdad y reprimendas por el Fondo, los otros organismos de crédito, los corredores de Wall Street y las principales compañías estadounidenses.
También por su currículum, la designación de Massa es un gesto al gran capital. Como puntos más salientes, dirigió la Anses bajo Duhalde y Néstor Kirchner para rescatar el esquema menemista de jubilaciones privatizadas, facturando la salida de la convertibilidad a jubilados y trabajadores; y pactó una colaboración directa con Macri y Vidal para viabilizar las leyes de ajuste en el Congreso y la Legislatura bonaerense.
Pero las condiciones para un relanzamiento del gobierno son muy limitadas. En el frente interno, por ejemplo, seguirán en sus puestos los funcionarios kirchneristas del área energética, clave en las dificultades para reducir los subsidios mediante tarifazos, que tanto desgastaron a Guzmán. Sí concentrará este superministero Agricultura y Producción, es decir los nexos con los exportadores del agro y las importadoras industriales, por lo que deberá mediar entre los intereses cruzados de los acopiadores de soja que presionan por una devaluación y las patronales manufactureras que reclaman libertad para traer insumos a dólar barato para evitar un parate de la industria. Por último, para que la devaluación no haga estallar la burbuja de deuda en pesos debería ser acompañada de mayores subas de tasas, retroalimentando una bicicleta financiera que a su turno decantará en otra corrida.
Con todo, este gobierno reorganizado con el fin de cumplir con el programa del FMI y no caer en el intento deberá afrontar su límite fundamental en las calles. De hecho, mientras el albertismo, el krichnerismo y el massismo sellaban este acuerdo dentro de la Casa Rosada, la Plaza de Mayo era colmada por decenas de miles de piqueteros que redoblan la pelea por reivindicaciones tan esenciales como un bono de 20.000 pesos ante el salto inflacionario, la universalización y aumento de los programas sociales, trabajo genuino y un salario mínimo de 105.000 pesos equivalente a la canasta básica. Dos días antes se produjo una verdadera pueblada de 25.000 docentes mendocinos, en el marco de toda una serie de paros provinciales de los trabajadores de la educación que luchan por aumento salarial, y cuando los obreros del neumático siguen firmes en un conflicto estratégico liderado por el Sutna clasista.
Es una extensa agenda de reclamos populares con la que deberá chocar de frente el gobierno. Tanto es así que, luego de haber dado el brazo a torcer ante el capital agrario, Alberto Fernández anunció también un bono de 11.000 pesos por única vez para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que a pesar de insuficiente fue arrancado por las masivas acciones del plan de lucha de la Unidad Piquetera. Claro que, a la par, también refuerzan la criminalización de la protesta, profundizando un ataque al derecho de los trabajadores a organizarse.
Consciente de estas tensiones que se expresan en la calle, la dirección de la CGT se apuró a pronunciarse para respaldar al nuevo superministro, quien les devolvió la gentileza citándolos a una reunión, previsiblemente con la mira puesta en atenuar aún más la convocatoria a marcha el 17 de agosto. Esta entrega de la burocracia sindical tendrá su contraste el próximo sábado 6 de agosto, cuando delibere el plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista aglutinando a los protagonistas de las principales luchas obreras para reforzar a todo trapo la pelea por un paro nacional.
El temor a un estallido no es exclusivo de la coalición oficial, como expresan recientes declaraciones de Milei comparando el cuadro actual con la caída de Alfonsín en 1989 y la de De la Rúa en 2001.
El agotamiento del gobierno, como caracterizaba el editorial de Néstor Pitrola horas antes del recambio de gabinete, manifiesta a su vez un impasse de toda la burguesía; desde Cristina Kirchner evitando asumir el timón del barco que se hunde tras el fracaso del experimento que ella creó, hasta una derecha borrada a la espera de que el Frente de Todos siga haciendo el trabajo sucio del ajuste para abrirse paso hacia las elecciones de 2023, pero cuando “la crisis y su tendencia al colapso tienen un ritmo muy distinto que el del trabajoso y lejano proceso electoral”.
Frente a esta nueva tentativa de viabilizar el programa fondomonetarista, se reafirma la necesidad de una intervención general de los trabajadores. Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera.
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