El paro enfrenta al Comité Cívico de Santa Cruz con el gobierno nacional de Arce (MAS).
Hace 31 días que se desarrolla un “paro cívico” en Santa Cruz, uno de los nueve departamentos que componen Bolivia. Es el más rico y el único que está dirigido por un derechista-fascista, Camacho, que fue motor esencial del golpe de Estado de 2019.
El paro enfrenta al Comité Cívico de Santa Cruz con el gobierno nacional de Arce (MAS).
Cuando se escuchan los motivos alegados para este enfrentamiento suena a farsa de realismo mágico. Están “debatiendo” la…. ¡fecha del censo de población y vivienda!
Habiéndose postergado por la pandemia, originariamente fue convocado para realizarse en octubre de 2023. Pero el gobierno del MAS lo pasó a mayo de 2024. Ante el reclamo de Camacho -después de varias semanas de “paro cívico”-, el gobierno integró una comisión técnica con representantes de cada departamento. Aquí tampoco hubo acuerdo: el presidente Arce sacó un decreto adelantando el Censo de mayo a marzo de 2024.
¿Qué es lo que hay detrás de la batalla por la fecha del Censo en Bolivia?
El censo debe marcar, de acuerdo a su población, la coparticipación de cada departamento en los ingresos del Estado Nacional. Santa Cruz es el estado más grande. Segundo, pero fundamental, indicará la cantidad de diputados que correspondería elegir a cada departamento en las elecciones de 2025. El Tribunal Electoral había insinuado que el trabajo para ordenar el padrón nacional y la cantidad de diputados correspondiente a cada departamento podría llegar a no ser aplicado en las elecciones de 2025. Porque se trata de armar un padrón preciso de candidaturas uninominales en muchos distritos. Evidentemente, estamos frente a maniobras de gobierno para mejor dominar el padrón y las finanzas que debe repartir con los nueve departamentos.
El “paro cívico” consistió en gran medida en piquetes que cortaban rotondas y calles impidiendo el tránsito. Para apuntalar este “paro” se revitalizó la existencia de una serie de organizaciones fascistoides (Unión de Juventudes Cruceñas, etc.) que salieron a imponer la medida a como fuera. La acción derechista en las calles provocó el inicio de movilizaciones de campesinos y trabajadores en repudio. Una marcha sobre el centro de Santa Cruz fue enfrentada a palos por las organizaciones fascistas que culminó con el incendio de la sede de la Confederación campesina y la ocupación y destrozo del local de Central Obrera Departamental.
Desde el gobierno y las estructuras del MAS se levantaron cualquier tipo de movilización contra la derecha en Santa Cruz, como muestra de “buena voluntad”, dejando las calles en manos de la derecha fascistoide, que esta aprovechó para atacar barriadas populares, refractarias del “paro cívico” (Plan 3000, etc.).
Finalmente, el gobierno de Arce cedió y en el decreto que fija la fecha del censo para marzo de 2024 aclara que la coparticipación se calculara automáticamente con los resultados y que la distribución de bancas se realizaría dentro de los seis meses.
Sin embargo, Camacho convocó a un “Cabildo Abierto” en Santa Cruz, para el domingo 13, donde se esperaba que levantara la medida. Asombró a todo el mundo la masividad de la concurrencia. Sin debate, se puso a votación un ultimátum al gobierno: 72 horas de tiempo para liberar a los presos detenidos por las movilizaciones y agresiones fascistoides y que la convocatoria al Censo quedara explicitada en una ley votada por el Parlamento nacional.
Al cierre de esta edición, el Parlamento está discutiendo en horas de la noche un proyecto para fijar fecha y modalidad del censo. Lo que parecía que sería un tramité ya que el MAS cuenta con mayorías en ambas cámaras, se ha convertido en una crisis. El MAS está dividido entre los “renovadores”, que dirige el presidente Arce, y las fuerzas que siguen al expresidente Evo Morales. Los “evistas” acusan a los “renovadores” de hacer acuerdos con la derecha para repartirse las presidencias de las cámaras y comisiones, excluyéndolos. El MAS, sin distinción de facciones, está inmerso en una deriva de tipo arribista (cambios de gabinete, candidaturas para la elección de 2025, etc.) que desvía al movimiento obrero y campesino de la problemática de enfrentar a la derecha que, con esto, se agranda después de salir fuertemente golpeada tras la derrota del golpe de 2019.
La derecha fascistoide santacruceña ha amenazado con reclamar una reforma constitucional que introduzca el federalismo para dar mayor autonomía a su gobierno estadual e incluso con retomar la bandera de la independencia y secesión territorial. Muestra sus dientes racistas, provocadores y antipopulares, y está sosteniendo un “paro cívico” progolpista, aprovechando de la pusilanimidad del MAS y de su división. El dirigente de la Central Obrera (COB), Juan Carlos Huarachi, llamó a que el gobierno de Arce decretara el estado de sitio para poder intervenir con la policía en Santa Cruz y detener el accionar fascistoide. Se opone a la movilización de masas para enfrentar el accionar fascista. Este dirigente es el mismo que, en 2019, llamó a renunciar a Evo Morales y aceptó el golpe. El MAS en su conjunto, más allá de discursos altisonantes, ha buscado apaciguar a la derecha, renunciando a enfrentar su acción fascistoide con la movilización popular-campesina.
El Partido Obrero Revolucionario (POR) no ha pasado a apoyar abiertamente el accionar de los “cívicos” derechistas, como sí lo hizo en el golpe de 2019, que sigue considerando que fue una revolución popular. Pero acusa, ahora, al MAS que con sus limitadas muestras de manifestación de haber “provocado” el accionar derechista. Defiende el derecho “democrático” de los agrupamientos fascistoides a cortar las rutas (atacando las organizaciones obreras e indígenas) y desarrollar su acción golpista. “La agresión contra los bloqueos cívicos más bien despertó el malestar contra la marcha y contra la policía”, justifica Masas, el diario del POR.
En 31 días de “paro cívico” en Santa Cruz, la masa de trabajadores autónomos no pudo salir a ganar su pan y los trabajadores permanentes obligados a tomarse vacaciones o a resignar ingresos.
Lo más probable es que el Parlamento termine armando un acuerdo entre el fascistoide Camacho y las diversas alas enfrentadas del MAS.
La lucha por la independencia del movimiento obrero, campesino y popular está más en el orden del día que nunca. El nacionalismo burgués indigenista del MAS alienta, con su parálisis, la intervención provocadora de la derecha. En primer lugar, es necesario que en cada barriada y fábrica se organice la autodefensa contra el accionar fascistoide. Segundo, reclamar por la compensación económica a los autónomos y desocupados y por los salarios caídos a los trabajadores, perjudicados por el lock-out patronal, imponiéndosela a las patronales y al gobierno camachista y, eventualmente, al gobierno nacional del MAS. Es necesario que la COB y las centrales campesinas y populares rompan su subordinación al gobierno y a las camarillas burguesas y voten un plan de movilización con paros, cortes y marchas para aplastar al golpismo en su huevo e imponer las reivindicaciones del pueblo explotado. El problema de fondo es organizar asambleas obreras, campesinas y populares que discutan y aprueben una plataforma reivindicativa nacional, que comprenda también la nacionalización bajo control obrero de la gran minería (litio, etc.) y una real reforma agraria que expropie a los latifundistas capitalistas. Esto quitaría poder de sustentación al segregacionismo santacruceño y su accionar fascista.
Rafael Santos
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