Las islas del delta del Paraná, por su carácter aluvional, forman parte del lecho de esta vía navegable internacional. Son bienes del Dominio Público Natural, protegidas por la Constitución, las leyes, los Códigos y diecisiete pactos internacionales. No pueden enajenarse en forma privada aunque sí se admite la posesión comunitaria de los pueblos isleños que allí residen. No pueden venderse, ni embargarse, ni privatizarse. Sobre ellas tienen competencia la Nación y las provincias ribereñas pero no los municipios. Toda acción que intente entregar a privados para su explotación comercial, inmobiliaria, forestal o ganadera es ilegal.
En las islas viven miles de trabajadores; son pescadores, canoeros, guías de pesca, forestadores, hacheros, junqueros, apicultores, ceramistas, mimbreros, artesanos, quinteros, criadores de animales de granja, familias que tienen una economía de subsistencia habitando una posesión comunitaria permanente e ininterrumpida dentro del Delta del Paraná bonaerense, frente a las riberas de San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zarate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.
Los isleños organizados en la Asamblea del Paraná denuncian el avance de los negocios capitalistas que ha desatado toda clase de ataques a los pobladores, mediante patotas, introducción de topadoras, incendios de viviendas y campos. Es el caso del Club Náutico de Zarate que pretendió alambrar y expulsar a los isleños, o el de la isla Alfano frente a San Nicolás donde el intendente Pasaglia entregó a su hermano 877 hectáreas para la pastura y engorde intensivo de ganado, desconociendo probados derechos de posesión familiar que se remontan a 1934. Por su parte, el Municipio está realizando obras de infraestructura en Parque Regional, Forestal y Botánico Rafael de Aguiar llevándose puestos 300 ejemplares de árboles nativos. Tan ilegales como la usurpación y el cierre en Zárate del Arroyo de la Cruz por parte de Techint, una vía navegable que ha sido clausurada para transformar un valle de humedales en depósito de chatarra y residuos industriales peligrosos.
Mediante la expulsión de la población isleña los grupos capitalistas buscan apropiarse de uno de los más grandes sistemas de humedales del país. El negocio forestal es impulsado por la multinacional Arauco y Papel Prensa para sus plantas de celulosa y tableros en Misiones. El gobierno y la Sociedad Rural impulsan un plan de ganadería en humedales, un proceso que viene avanzando con la extensión de la frontera sojera. Desde el Inta y ONGs “ambientalistas” como Wetlands se pretende imponer el “paquete Monsanto” (semilla transgénica, glifosato) para cultivo de forraje para ganadería de exportación. Este sistema está destruyendo los humedales de Entre Ríos, provincia que ya representa el 35% de las exportaciones nacionales de carne. Este “boom” explica los sistemáticos incendios intencionales en las islas del Paraná y la gigantesca contaminación que trae el río Gualeguay que desemboca en su cuenca con glifosato y piretrinas que el humedal isleño no llega a degradar. Es este poderoso lobby agroindustrial el que en Diputados culmina con un dictamen que es una ley de entrega de humedales a los capitalistas.
Los isleños vienen organizándose en todo el litoral bonaerense a partir de asambleas autoconvocadas y además de acciones legales, protagonizan movilizaciones importantes junto a los movimientos ambientales contra las quemas, los rellenos con escombros para el negocio inmobiliario, el dragado y la minería arenera, la usurpación del territorio isleño o la disolución de los organismos consultivos en Tigre. La multiplicación de estas iniciativas es lo único que puede pararle la mano a la depredación capitalista.
Las asambleas isleñas, junto a la resistencia popular en las costas ribereñas, junto los trabajadores ocupados y desocupados pueden imponer con su movilización el veto ambiental a la política de los gobiernos locales y provinciales.
Fernando Olub
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