Este ´contrapunto´ se remonta a la declaración de inconstitucionalidad, en diciembre del 2021, de la propia ley que rige el Consejo de la Magistratura, sancionada en 2006 y que establecía su integración por 13 miembros. Una década y media después la Corte sanciona su vuelta a la composición de 20 miembros, asume ella misma la presidencia del Consejo y le quita al gobierno la posibilidad de trabar una mayoría. Además 'exhorta' al Congreso para que en "un plazo razonable" dicte una nueva ley. En abril de este año se completó con 7 miembros el Consejo, entre los cuales le correspondía al Senado un representante por una segunda minoría.
Frente a esto el oficialismo del Frente de Todos dividió su bloque y desplazó al PRO. La maniobra legislativa fue judicializada y la Corte falló, 10 días antes de que venciera el mandato, en contra de la designación de Doñate, calificando a la acción como un "ardid de mala fe".
Frente al nuevo periodo del Consejo de la Magistratura el oficialismo colocó en consideración del pleno del Senado las nuevas designaciones que insistían con asumir para sí la segunda minoría y por lo tanto la representación de Doñate. Juntos por el Cambio no participó de la sesión pero esto no le impidió al oficialismo alcanzar el quorum y enviar las designaciones, lo que fue vuelto a judicializar por el propio Luis Juez. La expectativa frente a este conflicto es quien cederá o, por el contrario, hasta qué punto alcanzará la disputa.
En primer lugar la Corte podría aceptar el juramento de Doñate con la aclaración de que existe una causa en curso. Así lo hizo este año en abril. Lo más probable, sin embargo, es que se tenga en cuenta su propio fallo reciente. El oficialismo no lo desconoció, aunque lo interpreta válido únicamente para el anterior Consejo. Al ser la división de los bloques posterior al fallo de la Corte, pero anterior al nuevo periodo del Consejo, no habría inconveniente para sostener a Doñate. Luis Juez y la Corte Suprema pueden tener otra interpretación, debido a que el "ardid" de la maniobra continúa. Todavía más sugerente es uno de los considerandos del fallo anterior, donde se sostiene que "la fecha de notificación es el momento que el Congreso debe tener en cuenta para determinar cuál es el bloque de cada cámara, toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa". Es decir, hasta diciembre de 2023 no pueden existir divisiones de bloques, al menos en lo referido al Consejo de la Magistratura.
Si ninguno de los dos bandos en disputa cede, asistiríamos a un eventual choque de poderes. En pocos días se conocerá, por ejemplo, la sentencia a Cristina por la causa Vialidad. Frente a la insistencia de sostener a Doñate, voces "constitucionalistas" (Sabsay, Gargarella) han reclamdo que se denuncie penalmente a la vicepresidenta. Sabsay añadió que, de ser necesario, la policía interrumpa los juramentos o disuelva la sesión en el Senado. "Que los K hagan marchas", los desafió. Por su parte, Espert denunció penalmente al conjunto de senadores que asistieron a la sesión que votó a Doñate. La insistencia de las instituciones empresarias y los medios de comunicación acerca de que Argentina necesita “superar la grieta”, deja rendijas para dilaciones y medias salidas, como ocurre con las medidas económicas de Massa, que terminarían en una crisis generalizada.
Fede Fernández
22/11/2022
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