La elección se da en el marco de una crisis económica que golpea a los sectores populares
Nos encontramos en la recta final hacia la elección de quienes integrarán el Consejo Constituyente, organismo encargado de revisar el proyecto elaborado previamente por la comisión de expertxs designados por los partidos del régimen. Así, el próximo 7 de mayo, el nuevo proceso de reforma constitucional pactado entre el gobierno de Gabriel Boric y la oposición derechista debe pasar su primer test electoral. Compiten cinco listas: el oficialismo va dividido en dos listas – “Todo por Chile” y “Unidad por Chile”-, la derecha tradicional compite con la lista “Chile Seguro” y por fuera de este esquema están la lista del Partido Republicano y la del Partido de la Gente.
La elección se da en el marco de una crisis que golpea a los sectores populares, principalmente, por el alza en el costo de la vida y la inseguridad que se vive en los barrios y poblaciones, ante el avance de bandas narcos y otras modalidades del crimen organizado que proliferaron en los últimos años gracias a la complicidad del Estado. Como ocurrió en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, en esta elección -antes que nada- se plebiscitará al gobierno de Boric y su política de acuerdos con la derecha, que a poco más de un año de asumir se encuentra sumido en un marcado desprestigio ante los ojos de las mayorías laboriosas que han constatado prontamente que ninguna de las promesas de mejoras en las condiciones materiales de existencia será cumplida. Es una campaña atravesada por el clima de angustia y miedo por las penurias económicas y de inseguridad, lo que pretende ser capitalizado por la oposición, sobre todo la ultraderecha. El gobierno no se quedó atrás y ha reforzado el aparato represivo desde lo presupuestario y apoyando leyes que le dan más prerrogativas represivas a las policías.
Lo cierto es que las urgencias de las familias trabajadoras no serán resueltas por este gobierno ni tampoco a través del proceso constituyente. Los partidos del régimen se están cocinando en su propia salsa, dejando en evidencia el abismo que los separa con las demandas populares. Este proceso solo les sirve para intentar cerrar el ciclo político que abren las masas movilizadas en el 2019. Pero el malestar popular se ha incrementado, aunque ello no tenga un correlato con grandes luchas. Reflejo de ello es la absoluta apatía de la mayoría de las y los chilenos respecto de las elecciones del 7 de mayo en particular y del proceso constituyente en general que se inició en marzo con la actividad de lxs expertxs”.
En este contexto, la campaña por el voto nulo llevada adelante por numerosas agrupaciones sociales y políticas nucleadas en el “Comando por el voto Nulo” empalma con el sentir popular que se distancia del proceso constituyente, pese a que desde el Estado y sus partidos recalcan la obligatoriedad del voto. La campaña por el voto nulo debe servir como pronunciamiento del pueblo trabajador contra el régimen y a favor de un plan de lucha por los reclamos irresueltos. Se respira el clima de indiferencia reinante: “A principios de abril, la encuesta Criteria anunció la distancia de la ciudadanía con el proceso. En ese momento, solamente un 31% de los chilenos manifestó estar interesado en el proceso de redacción de la nueva propuesta de Constitución. Algo muy distinto a los registros del proceso anterior (2021), que arrojaron un 60% de interés previo a la elección de convencionales” (El Mostrador 25/4).
Considerando este cuadro, polemizamos con los sectores de la izquierda que se reclama revolucionaria que se oponen correctamente al proceso constituyente en curso planteando el voto nulo, con lo que coincidimos, pero… levantan la consigna de una nueva Asamblea Constituyente. ¿Una constituyente soberana y revolucionaria conviviendo con el gobierno de Boric y su rearmado derechista de las fuerzas represivas? ¿Repetir la misma historia de la constituyente armada entre Boric y Piñera? Agitar ahora la consigna de Asamblea Constituyente se traduce en un desvío institucionalista democratizante cuando lo que se impone es la necesidad de impulsar la deliberación obrera y de los sectores populares para levantar un plan de lucha para conquistar las respuestas a nuestras demandas.
Necesitamos organizarnos contra las alzas, por salarios y jubilaciones acordes al costo de vida e indexadas por el índice de inflación, por el derecho a la vivienda, a la salud y la educación; por una real nacionalización de los recursos estratégicos para ponerlos al servicio de las necesidades de las mayorías, por la expropiación de las AFP y la plena vigencia de un sistema estatal jubilatorio, por el derecho al aborto.
El 1° de mayo estaremos en las calles levantando esta orientación y que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
Olivia Campos
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