La justicia salvadoreña condenó al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) del centroizquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) a 14 años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario y asociación ilícita con las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios en 2012 y 2013. También fue condenado a 18 años de cárcel el exministro de Justicia y Seguridad de Funes, David Munguía Payés. La Fiscalía General los encontró culpables de haber negociado una tregua con estas organizaciones para reducir el índice de homicidios a cambio de beneficios económicos, mejores condiciones carcelarias y el fortalecimiento territorial de estos grupos.
Gracias a una reforma de la justicia aprobada en septiembre de 2022, el juicio se llevó a cabo en ausencia de Funes, quien se encuentra con asilo político junto a su familia en Nicaragua bajo el amparo del gobierno de Daniel Ortega desde 2016. Tras ser condenado por enriquecimiento ilícito y tener otras causas abiertas por acusaciones de sobornos a diputados y al fiscal general, malversación de fondos y presunto financiamiento electoral por parte de la multinacional Odebrecht, la Fiscalía General de El Salvador ordenó la captura internacional de Funes, por lo que Ortega le otorgó la ciudadanía nicaragüense para evitar su extradición.
El de Funes no es el primer caso de condena a un expresidente. Sus predecesores, Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009), ambos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también fueron condenados a prisión por corrupción, exponiendo la extensión de estas prácticas como parte inherente del funcionamiento de todo el régimen político.
La condena, la crisis del régimen y el ascenso de Bukele
La condena a Funes no sólo se da en un contexto particularmente crítico en El Salvador atravesado por la militarización y guerra abierta contra las pandillas del actual presidente Nayib Bukele, sino que también permite entender cómo se fue construyendo el escenario actual.
El despliegue de las fuerzas represivas no es una novedad de Bukele, sino la continuidad y profundización de las políticas de seguridad apoyadas por Estados Unidos, que orientan la guerra contra las pandillas desde hace años. De hecho, tras el fracaso de la tregua por la que ahora fue condenado el expresidente Funes, éste terminó impulsando la militarización de gran parte del territorio con el consecuente aumento de la represión, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Tampoco es una excepción las negociaciones con las pandillas. La tregua con las pandillas llevada adelante por el gobierno de Funes que dio lugar a la condena, fue dada a conocer inicialmente por el diario digital salvadoreño El Faro. Ese mismo medio también publicó más recientemente documentación sobre diferentes negociaciones clandestinas durante el año 2020 de funcionarios del actual gobierno de Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador. Estos hechos suscitaron una investigación a través de audios, fotografías, documentos y testimonios por parte del fiscal general Raúl Melara, conocida como el caso Catedral. Sin embargo, en mayo de 2021, la mayoría parlamentaria con la que cuenta Bukele desde las elecciones intermedias destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, desmantelando la unidad que llevaba adelante la investigación.
Desde el inicio del estado de excepción dictado por Bukele hace un año, que suspendió arbitrariamente las libertades democráticas, más de 68 mil personas han sido detenidas. Sin saber de qué se les acusa, cuáles son las pruebas o relaciones con alguna de las pandillas, circulan por los medios y las redes difundidas por el propio gobierno salvadoreño imágenes terribles de los detenidos.
Un reciente informe de la organización defensora de los derechos humanos Cristosal a partir de entrevistas a personas excarceladas tras ser declaradas inocentes, familiares, documentos médicos forenses y fotografías, describe un escenario terrorífico: centenas de presos muertos por torturas, picanas eléctricas, asfixia por estrangulamiento (El País, 29/05/23).
Asimismo, una de las principales demandas de los familiares producto del régimen de excepción es la falta de información sobre el paradero de los detenidos, colocándolos en situación de desaparecidos que no son registrados por el sistema de justicia. La suspensión de derechos y las violaciones masivas son una política de Estado que no safecta la vida de todos los salvadoreños. El reforzamiento del aparato represivo también termina afectando la posibilidad de organización y reclamo de las mayorías trabajadoras y populares.
La novedad del gobierno de Bukele radica en el despliegue de prácticas de corte fascista, cuyas condiciones de posibilidad se asientan en la crisis del régimen político bipartidista sostenido por Arena y el FMLN surgido de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador.
El fenómeno Bukele de mano dura genera entusiasmo entre políticos de distintas latitudes, abriendo una competencia para ver quién construye la cárcel más grande y quién logra imponer el punitivismo más extremo, llegando al punto de que acá en Argentina Sergio Berni, ministro de seguridad del gobernador nacional y popular Axel Kicillof, sostuviera que Bukele le había robado sus ideas: “Copió lo que yo tengo pensado desde hace tiempo”.
La situación de El Salvador es, por lo tanto, un llamado de alerta para el conjunto de la clase trabajadora para avanzar en la organización de una fuerza política que enfrente el crecimiento de estas experiencias políticas.
Juan Diez
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