Jornada de 65 horas semanales: vuelta a la esclavitud

Iosu Foronda. UGT-Euskadi

Una ola de malestar recorre la Europa Trabajadora. La decisión del Consejo de Ministros de Trabajo de romper los límites de la jornada laboral máxima de 48 horas y poder imponer jornadas de hasta 65 horas, es un ataque gravísimo a la clase obrera.
El capitalismo europeo trata de arrebatar a los trabajadores todos los derechos sociales que con luchas, siempre sangrientas, arrancaron la jornada de 8 horas, el derecho a un subsidio de desempleo, las pensiones de vejez y enfermedad, la educación pública, etc.
Se trata de hacer caer sobre los hombros de los trabajadores la crisis del sistema , provocada por la voracidad sin freno de los especuladores y banqueros, a los que no sólo no se les ataca para combatir la crisis sino se les da dinero a manos llenas. Como se ha dicho gráficamente medidas como esta de las 65 horas, nos retrotraen a la clase obrera a los tiempos de la revolución industrial, a los tiempos del hambre, explotación y miseria para los trabajadores y sus familias que magníficamente relata Dickens en sus libros.
Es paradójico pensar que hace poco nos hablaban de la civilización del ocio, de la liberalización del trabajo por la tecnología aplicada y sin embargo nos encontramos con la vuelta al capitalismo salvaje, a jornadas de trabajo agotadoras que nos recuerdan lo escrito por Marx en el Manifiesto Comunista hace 150 años:
"Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero, más aún, cuando más aumenta la maquinaria y la división del trabajo tanto más aumenta también éste, bien porque se alarga la jornada, bien porque se intensifica el rendimiento exigido, se acelera la marcha de las máquinas, etc."
Bajo el capitalismo, como predijo Marx, el avance de la ciencia y la tecnología no sirven para liberar a los trabajadores sino para hacernos retroceder al siglo diecinueve y dejarnos, como entonces, una perspectiva vital diaria de trabajar y dormir para volver a trabajar.

La Europa de los Mercaderes impone su catálogo de ataques a la clase obrera.

Este incremento de la jornada laboral, no es nuevo ni esta medida es la única del catálogo de ataques a los derechos de los trabajadores que contienen los tratados europeos. Tratan de dinamitar hasta los cimientos este "mal ejemplo" que todavía supone Europa de derechos conseguidos por la fuerza de la clase obrera a través de la lucha y recogidos en leyes y convenios colectivos, con el objetivo de extraer de la clase obrera, sin límite, los beneficios que necesitan en esta época de crisis.
Esta medida, especialmente brutal e inhumana retrata perfectamente el carácter y los objetivos de los gobernantes de la Unión Europea por si algún trabajador tenía dudas. Se han quitado la máscara amable y se muestran como realmente son, la dictadura del capital, que para conseguir sus objetivos de explotación intensiva de la mano de obra no tiene ningún escrúpulo de recurrir a la esclavitud, porque ese es el nombre que hay que dar a jornadas de 65 horas semanales.
La Organización Internacional de Trabajo afirma en sus informes del impacto negativo sobre la salud y seguridad de los trabajadores y también para el equilibrio de su vida laboral y privada que resultarían de una semana de 65 horas. La O.I.T. informa que trabajar más de 48 horas a la semana, límite que este organismo estableció hace 90 años como tope de jornada máximo, eleva el estrés y la fatiga, causa desórdenes en el sueño, malos hábitos de vida y a la larga trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades cardiovasculares y mentales, infecciones crónicas, etc. Como la jornada se mide en promedio de 3 meses podríamos llegar a hacer semanas de 78 horas, 30 horas más que el límite recomendado por la OIT para evitar la pérdida de la salud.
¿Qué importa la enfermedad de los trabajadores si suben los beneficios empresariales? Además, si nos dejamos, harán negocio con la recuperación de nuestra salud en una sanidad privatizada.
Este ataque está en su primera fase, ha sido aprobado por el consejo de ministros europeo de trabajo. En esta reunión el representante del gobierno español se abstuvo, lo que nos pone de manifiesto, junto con la aprobación de la medida de retención de 18 meses a los trabajadores inmigrantes sin papeles, del carácter social de este gobierno.
Ahora pasará al Parlamento Europeo, si se aprueba, y lo aprobarán si los trabajadores no nos movilizamos en toda Europa, existirá un nuevo tope horario de 65 horas en la U.E. que tomarán con ambas manos los países más pobres, habrá más competencia en base a bajos salarios y jornadas más altas y eso provocaría deslocalizaciones y presión para elevar la jornada laboral y reducir los salarios.
Aquí en el estado español, que tenemos recogida la jornada máxima de 40 horas en el estatuto de los trabajadores, si las partes, empresa y trabajador, pactan ampliar la jornada laboral hasta los 65 horas, no será ilegal la aplicación de esta normativa.

El Tribunal de Justicia Europeo legaliza la explotación.

Junto a esta medida que ha sacudido la conciencia de los trabajadores europeos están sucediendo otros hechos que no llegan tanto a la opinión pública, entre otras razones por la pasividad sindical, pero que tienen un gravísimo impacto en los derechos básicos de los trabajadores.
Hay una serie de Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo que los están cuestionando y que acaban anteponiendo el negocio sobre los derechos sociales de los trabajadores europeos, como el derecho de huelga o el principio de a igual trabajo igual salario.
Uno de los ataques más importantes a los derechos de los trabajadores europeos en el último período ha sido la directiva Bolkestein. Con esta directiva se proponía implantar el principio del país de origen que significa que los trabajadores de un país desplazado a otro, se acogerían a la legislación del país de procedencia, no a la legislación del país donde prestan sus servicios.
Las protestas sindicales contra esta directiva la anularon en parte, pero se llegó a un acuerdo confuso en el Parlamento Europeo bendecido por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que declaró "la libertad de establecimiento y de circulación de servicios" sin dejar clara la superioridad normativa del país de acogida. Esta ambigüedad legislativa ha provocado 3 sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que limitan gravemente los derechos sociales y legitiman la discriminación salarial y social de los trabajadores en Europa.
La última Sentencia emitida ha sido la de Ruffert de abril de 2008. El Tribunal de Justicia Europeo dio la razón a la subcontrata polaca que trabajaba para esa empresa alemana en el estado de Baja Sajonia que reclamó no tener que pagar a sus trabajadores el salario mínimo vigente, que obliga a la administración a aplicarlo en sus contratos y pagaba a sus trabajadores salarios inferiores a lo estipulado hasta en un 50%.
En diciembre de 2007 se produjeron dos sentencias más que abundan en la misma dirección. La empresa letona LAVAL, subcontratada por una empresa sueca para construir un colegio en Estocolmo no pagaba los salarios establecidos en el convenio de construcción y eso provocó la lucha sindical de los trabajadores suecos que hicieron huelgas y bloquearon la construcción del colegio para hacer respetar el convenio sectorial a la empresa, ésta reclamó al T.E.J. y le ha dado la razón declarando que los sindicatos no pueden obligar mediante huelgas a un prestador de servicios establecido en otro estado miembro a negociar sobre el salario de los trabajadores desplazados ni a adherirse a un convenio colectivo.
El tercer caso es el de la empresa finlandesa de Ferrys, Viking-line, que pretendía rematricular el barco en Estonia para así aplicar los salarios estonios muy inferiores a los de Finlandia, lo que provocó luchas de los trabajadores finlandeses.

Los Derechos de las empresas por encima de los derechos sociales.

En los 3 casos el fondo de la argumentación del TJE ha sido que no se puede imponer medidas que hagan "menos atractivas" las condiciones aplicadas a una empresa de un estado miembro de la UE que preste sus servicios en otro estado miembro porque iría contra "la libre prestación de servicios" o la "libertad de establecimiento" que son libertades fundamentales en la UE.
En definitiva se trata de ir igualando la UE a la baja con los países más pobres con peores salarios y mayores jornadas utilizándolos como ariete contra el resto de trabajadores regulados por convenios colectivos. Se trata de dar mas protección legal a los intereses económicos que a los derechos sociales que se convierten en derechos de segunda clase en la legislación europea. Derechos sociales que tienen que ceder el paso a la explotación de la mano de obra y al beneficio empresarial puro y duro, al que se da con estas sentencias soporte legal.
Se trata también de dividir a los trabajadores, de limitar legalmente su capacidad de lucha, de neutralizar el potencial de combate que tienen las propias organizaciones sindicales para los trabajadores, a pesar de sus actuales direcciones.

Destruir la Negociación Colectiva. Individualizar las relaciones laborales.

Es un ataque que pretende destruir la negociación colectiva y como se plantea en la directiva de las 65 horas, individualizar las relaciones laborales que es un viejo sueño de la patronal.
Pactar como iguales, trabajador y empresario, cuando son totalmente desiguales porque mientras uno vende su fuerza de trabajo, el otro tiene todo el poder de la organización y el económico y por lo tanto puede imponer las condiciones que quiera. Es la situación mas ventajosa para el empresario. Pero los progresos de los trabajadores los hemos hecho con organización y lucha y sólo avanzamos cuando actuamos en formación, que es uno de los objetivos a destruir por estas medidas.
Los Tribunales de defensa de la competencia contra la negociación colectiva y los sindicatos obreros.
En el estado español están teniendo cierta relevancia en estos ataques contra los convenios colectivos los Tribunales de defensa de la competencia, constituidos en una comisión nacional y los Tribunales de las diversas comunidades autónomas.
Estos Tribunales son organismos administrativos encargados de velar por la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia del 2007, que es una transposición del tratado de Lisboa y que trata de aplicar las mismas normas europeas llamadas de la "competencia".
Aunque ha habido múltiples resoluciones y multas a los sindicatos por infringir las normas de la "competencia" y se anuncian más en todo el estado, nos vamos a centrar en una actuación del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Este Tribunal ha emprendido una investigación sobre si las centrales UGT-CCOO-ELA y LAB pactaron para evitar la apertura de los centros comerciales los domingos y festivos. Euskadi es el único territorio donde esto ocurre, después de importantes movilizaciones obreras a cada intento de apertura.
El Tribunal ha requerido a los sindicatos a entregar todo tipo de información referida a los participantes en las negociaciones, actas, acuerdos internos que han tenido los sindicatos en los últimos cuatro años, bajo amenaza de cuantiosas multas si no lo hacen.
Según el presidente del Tribunal "la libertad sindical está sujeta al límite de la competencia", lo concibe como "un derecho limitado topado por las leyes del mercado".
Como dice A. Muñoz de ELA, "el tribunal es ciego ante las acciones protagonizadas por quién si tiene poder para adulterar precios, ciego contra las empresas que en régimen de casi monopolio influyen adulterando los precios, esos son intocables."
El presidente del T.V.E. afirmó ante el Parlamento Vasco que la solución era liberalizar por completo los horarios comerciales permitiendo una apertura cualquier día, lo que favorece a las grandes superficies y perjudica al pequeño comercio y a los trabajadores.
Esta actitud del Tribunal vasco de la competencia ha tenido la virtud de unir a todos los sindicatos vascos en una manifestación unitaria contra este ataque a los derechos sindicales, el 11 de abril de este año.

Huelga General en Europa contra la Directiva de 65 horas.

La lucha obrera unida a nivel europeo es la única salida para acabar con esta pesadilla que atenaza a los trabajadores europeos. Hay que exigir en cada sección sindical, en cada sindicato de rama una movilización europea contra esta política ya, de lo contrario nos impondrán estas medidas y otras como las que hemos comentado. Prevalecerá lo individual sobre lo colectivo y los trabajadores iremos paso a paso retrocediendo y en vez de luchar por una vida digna y plena donde podamos desarrollar nuestras capacidades, nos encontraremos luchando por la pura supervivencia, lo que es una realidad para muchos.
Por eso es esencial la organización, la lucha sindical y política para entender qué está pasando, para exigir la movilización de las organizaciones obreras en todo Europa a la vez, para transformarlas profundamente y adecuarlas a los retos que nos enfrentamos. Porque a la vista de las medidas que apoyan o que no combaten , parecen más la cara amable del capital que las palancas que necesitamos los trabajadores para hacer una sociedad a la medida de la mayoría de la población, los trabajadores y sus familias.