El 28 de junio de 1966 comenzó la dictadura que se propuso el ataque más ofensivo, desde 1955, contra los trabajadores y el pueblo. Tres años después caería a manos del ascenso que abrió el Cordobazo.
Las lecciones de la historia de la clase obrera argentina se vuelven cruciales para comprender nuestra realidad y aprender cómo enfrentar los ataques de las clases dominantes, el Estado y el papel de la burocracia sindical y los partidos patronales. Dos trabajos de Ediciones IPS-CEIP, aportan a la comprensión de los años de la Resistencia y la década del 70, cuyo punto de inflexión fue la dictadura de la que se cumplen hoy 50 años.
“Desensillar hasta que aclare”
Esta fue la orden de Perón en el exilio y declaraba: “Para mí, éste es un movimiento simpático porque se cortó una situación que ya no podía continuar (…) si el nuevo gobierno procede bien, triunfará. Es la última oportunidad de la Argentina para evitar que la guerra civil se transforme en la única salida”.
El golpe de Onganía reunió el apoyo del conjunto de los sectores dominantes, de la burocracia sindical y del propio Perón. La CGT, en un comunicado afirmaba: “El movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país”. El mismo dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, el referente entonces más destacado de la burocracia sindical peronista, asistió a la toma de gobierno.
Es que la autodenominada Revolución Argentina se proponía gobernar el tiempo que fuera necesario para imponer los intereses del capital más concentrado, un intento “bonapartista” que buscó disciplinar a las distintas fracciones de la clase dominante. Debía además derrotar la Resistencia obrera que venía obstaculizando los intentos de liquidar el conjunto de las conquistas obreras y populares; el peronismo y la burocracia, por su parte, le abrían un impasse para facilitarle esta tarea.
“Eficientizar” el Estado despidiendo trabajadores
Entre las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron las destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados como la disminución de la protección aduanera, las transferencias de tierras públicas a manos privadas, el aumento de las tarifas de electricidad y la privatización de emisoras radiales y televisivas.
La aplicación de la política de racionalización de la administración pública comenzó por afectar a los trabajadores azucareros de Tucumán, a partir de la intervención de ocho gremios. Aunque la respuesta popular fue notable, con sabotajes, paros, ocupaciones e incendios de cañaverales, no impidió los despidos y el cierre de la principal fuente de trabajo.
También sobre los portuarios impactó la política racionalizadora del gobierno. El objetivo era reducir los costos de las operaciones portuarias (por ejemplo, los haberes se reducían en un 50% al modificarse el cálculo de los jornales y los diferentes adicionales que componían el sueldo de un estibador). Estas medidas dieron lugar a un paro de alcance nacional, con el núcleo dinámico en el puerto de Buenos Aires y un importante grado de organización [2].
Los ferrocarriles fueron otro blanco del ataque del gobierno. Las medidas implicaban para los trabajadores, entre otras pérdidas, la reducción de las 10 horas mínimas de descanso a 5, la obligación de trabajar hasta 72 horas semanales si el servicio lo exigía, despidos masivos y traslados, cierre de estaciones y clausuras de ramales, privatización de talleres que pasarían a manos extranjeras [3]. La dirección de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria terminaron finalmente acordando su participación en la gestión de las reformas y la intervención militar impuso parcialmente la racionalización del sector.
El plan que desatará la ofensiva obrera y popular
En marzo de 1967 asumió Adalbert Krieger Vasena como ministro de economía, un representante genuino del capital monopolista internacional, especialmente del imperialismo norteamericano, uno de los más de 30 empresarios que Onganía incorporó a su gobierno.
La política económica de conjunto implicó una redistribución de ingresos desde los trabajadores, los sectores medios y los sectores más nacionales de la burguesía, a favor de los sectores más concentrados y ligados al capital extranjero. En primer lugar, el nuevo ministro implementó una serie de medidas destinadas a aumentar la recaudación impositiva y reducir el déficit estatal aumentando las tarifas de servicios públicos y disminuyendo la cantidad de empleados del Estado. Para enfrentar la inflación se buscó frenar el aumento de los salarios congelando los sueldos y suspendiendo nuevas negociaciones de los convenios colectivos de trabajo.
Junto con esto se realizó una amplia integración con empresas transnacionales, que fueron llamadas a colaborar en la “modernización del país” mediante el aporte de capital y tecnología, en tanto el Estado emprendía inversiones para mejorar la infraestructura energética y vial, se renovaron los contratos con las firmas petroleras extranjeras y se renegoció un crédito con el Fondo Monetario Internacional.
La burocracia sindical frente al ataque
Por su parte, la burocracia sindical, manteniendo su actitud conciliadora con el gobierno, intentó presionar las negociaciones a través de esporádicas protestas. El gobierno respondió reforzando la represión en el marco del Consejo Nacional de Seguridad.
Tras saludar el golpe de Onganía y ofrecer todas las vías para una negociación, los dirigentes sindicales se encontraron en la disyuntiva de contener el descontento obrero ante la intransigencia del gobierno, evitando profundizar la crisis de credibilidad que comenzaban a sufrir. La cúpula sindical comenzó a resquebrajarse.
Estas divisiones tomaron forma en el surgimiento de la CGT Paseo Colón (CGT de los Argentinos) liderada por Raimundo Ongaro, del gremio gráfico. Perón, que comprendió la necesidad de preparar una organización que pudiera contener el descontento de las bases –al tiempo que contrapesar los objetivos políticos de Vandor al interior del Partido Peronista– ofreció su apoyo a Ongaro.
En este contexto de represión estatal, intentos de negociación y crisis de la burocracia, las acciones de los trabajadores se dieron en forma localizada, restringidas al ámbito de las unidades de trabajo y con escasa duración. Sin embargo, durante el año 1968 varios conflictos tuvieron relevancia, entre ellos los que se desarrollaron en YPF, en la gráfica Fabril Financiera y los que se produjeron en la industria automotriz.
El movimiento estudiantil enfrenta el ataque
El ataque de la dictadura se dirigió también a sectores de las clases medias; el plan económico del gobierno impactó en el deterioro del poder adquisitivo y, en perspectiva, de las condiciones de vida de amplios sectores.
El 29 de julio de 1966 el gobierno sancionó el decreto ley 16.912, por el cual se eliminaba el gobierno tripartito en las universidades, se anulaban los consejos superiores y se transformaba a los rectores y decanos en interventores subordinados a las autoridades del Ministerio de Educación.
La decisión de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de resistir la política educativa de la dictadura y sus consecuencias sobre la autonomía universitaria desencadenó, en julio de 1966, la represión del gobierno contra los universitarios que se conocería como la “noche de los bastones largos”. En los años siguientes las luchas estudiantiles darían un salto cualitativo.
Un amplio espectro opositor se estaba forjando contra el Onganiato abriendo la crisis del plan económico del gobierno, empujando a la pérdida del apoyo de amplios sectores medios al régimen. En marzo de 1969 se dieron movilizaciones estudiantiles en Rosario y Tucumán, estas fueron la puerta de las luchas obreras que desencadenaron el Cordobazo, que hirió de muerte al Onganiato, dando inicio al ascenso obrero-popular que se constituyó en el ensayo revolucionario más importante que vivió la Argentina.
Alicia Rojo
CEIP "León Trotsky"
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