El gobierno de Cambiemos atraviesa sus primeros seis meses en medio de un “ecosistema hostil”. El presidente Mauricio Macri combina avances y retrocesos de acuerdo al termómetro social que va midiendo la bronca y las respuestas, en general desarticuladas, ante la embestida “ajustadora”.
La cruzada restauradora del establishment local
En ocasiones anteriores coincidimos en tipificar al gobierno de Macri como un “gobierno para ricos”, o “CEOCracia”, debido al elevado número de miembros del gabinete de ministros con pasado reciente en la dirección de importantes empresas trasnacionales. Incluso los más moderados analistas de opinión deben dar lugar o intentar responder la ola de críticas que desde diferentes lugares se levantan contra el gobierno y su política de “ajuste” cuyos efectos inmediatos golpean directamente a los que menos tienen.
Solo por ahora, la inestabilidad de la situación económica no se traduce necesariamente en una crisis política que aguarda agazapada. El “macrismo” navega en aguas turbulentas, el autodenominado “mejor equipo de los últimos 50 años” parece de a ratos un grupo de “outsiders” de la política que no entiende cómo “la sociedad” no comparte que “esta bueno” achicar el Estado, y que es necesario un “sinceramiento” de las tarifas, ya que “el ciudadano medio” es un derrochador que “anda en remera dentro de la casa con grados bajo cero”. Las medidas económicas de Cambiemos son hasta ahora su “talón de Aquiles”: si desde el entorno de Macri “reconocen” que fue un error como se manejó el durísimo “tarifazo” comandado por el ministro Aranguren, tiene que ver más que nada con la reacción popular y el evidente deterioro de la situación económica provocado por el aumento de las tarifas y la inflación que una vocación sincera de reconocer la metida de pata.
El macrismo tira de la soga y mide hasta donde llega el descontento, sino avanza. En un artículo para la Revista Crisis, Sebastián Scolnik analiza la “impresionante velocidad con que han sido desmontadas ciertas zonas emblemáticas del complejo institucional, estatal y jurídico de la década anterior” y menciona como ejemplo “el desmantelamiento del AFSCA y la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, (…) el vaciamiento de instituciones y despidos masivos, que a mediados de mayo totalizaban once mil en el estado nacional (…), a los que habría que añadir los estados provinciales y municipales, llegando en conjunto a los setenta mil cesanteados.” Un logro del actual gobierno, ya que las resistencias que suscitaron las medidas fueron débiles o insuficientes, fragmentadas en algunos casos a excepción del masivo paro de estatales acompañado de una movilización allá por Febrero y la convocatoria de las centrales sindicales del 29A que impulsó la “ley anti despidos” luego vetada por Macri.
Cambiemos parece por momentos un laboratorio de gobernabilidad guiado por el “ensayo y el error”. Capaz de sellar una alianza con el bastión sindical que ostenta Hugo Moyano (que atenuó la reacción sindical luego del veto a la ley anti despidos) para luego poner en riesgo dicha alianza con tal de que el líder cegetista no llegue a la presidir la AFA. La Asociación es un lugar de interés también para Marcelo Tinelli, hombre dueño de una importante audiencia televisiva en donde se pudo ver, en la sección que se denomina “Gran Cuñado”, polémicas imitaciones de Macri y Vidal, donde casi que se los pone en ridículo, enfatizando los rasgos “chetos” del presidente y la gobernadora. En la disputa con Moyano es lógico el juego de las desconfianzas, el sector de la CGT que conduce el líder Camionero mantiene sólidos vínculos con Sergio Massa, aliado en ocasiones pero competidor directo por el poder político en las próximas elecciones de medio término, pero sobre todo en las presidenciales.
Un campo minado
En los últimos días se conoció un fallo de la Corte Suprema que limita el derecho a huelga de los trabajadores informales o tercerizados y fortalece el poder de la burocracia sindical. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue crítico al respecto. El respetado organismo de Derechos Humanos planteó que el máximo tribunal “desconoció el derecho que tienen todos los trabajadores a organizarse y reclamar” y advirtió que su posición genera “incertidumbre sobre el derecho a la huelga” en el marco de “un contexto de crisis económica y en el que empeoran las condiciones laborales”. El fallo de la CSJN se da en simultáneo con una medida por demás preocupante; el decreto 721 firmado por Macri al día siguiente de conmemorar el Día del Ejército, devuelve autonomía a las FF. AA en un contexto de crisis económica donde se agudiza la conflictividad social. El antecedente más inmediato de la política represiva del gobierno de Macri es el ya célebre “protocolo anti piquetes” que si bien no se aplicó, no debe ser descartada como herramienta de control de la protesta social. Hace poco la ministra Bulrich intentó estigmatizar una protesta de trabajadores de cooperativas en el centro porteño vinculando la detención de un grupo de personas en el barrio de Belgrano (muy lejos de la protesta) que según la ministra portaban bombas molotov. El caso luego fue desmentido por la propia Policía Federal, exponiendo que eran “quema coches” que nada tenían que ver con la protesta.
Lo que preocupa al gobierno realmente es la conflictividad callejera protagonizada en gran medida por organizaciones populares y de izquierda. Día a día se multiplican reclamos de todo tipo con epicentro en el incremento de la pobreza y los miles de trabajadores que ya perdieron su trabajo.
Con respecto a “la oposición” se podrá decir que es prematuro hablar de alianzas y de bloques, entre otras cosas por la crisis de liderazgo del peronismo del “sistema político”. La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó en Comodoro Py el Frente Ciudadano pero aún resta ver su alcance real; las principales “figuras” del PJ no escapan a las críticas y problemas. No solo Cambiemos monopoliza las iniciativas ajustadora y represiva. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone está muy comprometida por las protestas contra las medidas de austeridad y recortes varios que desde hace meses paralizan la actividad en la provincia.
Un conflicto (¿inesperado?) que impacta en Balcarce 50 es la relación con el Papa, el día sábado el diario La Nación publicó que por orden de Francisco la ONG Scholas Ocurrentes le devolvió al gobierno de Macri los 16 millones de dólares que había donado. Según el Vaticano “el Gobierno argentino tiene que acudir a tantas necesidades del pueblo, que no tienen derecho a pedirle un centavo”. Más que eso, Bergoglio reunió en el Vaticano a figuras destacadas del poder judicial y organizaciones sociales, entre los que se destacó el juez Casanello, quien además de investigar la “ruta del dinero K”, deberá investigar el escándalo internacional que salpica al propio presidente Macri en los Panamá Papers. El gobierno que hace de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas puede ser víctima de un “efecto boomerang” si se confirma la incompatibilidad o delito mayor de Macri y otros funcionarios del gobierno que hoy cuentan con la tutela de la oficina anticorrupción. Macri y Cambiemos caminan por terreno minado.
Federico Orchani – @fedeorchani
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