Este jueves en La Habana, Cuba, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP Timoleón Jiménez firmaron el acuerdo sobre el fin del conflicto ante dignatarios e invitados.
En el evento se dieron a conocer los lineamientos del acuerdo, que versa centralmente sobre el fin del conflicto, lo que incluye el cese del fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y las garantías de seguridad.
La ceremonia fue encabezada por el mandatario de Cuba y anfitrión Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Borge Brende, los países garantes del proceso de paz. Además del mandatario colombiano y el timonel de las FARC, estuvieron presentes la mandataria de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro, los países que acompañaron el proceso de negociaciones desde el comienzo.
Una figura central del evento fue la de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, institución que según los acuerdos firmados, tendrá un rol muy importante en el proceso.
En representación de Estados Unidos estuvo presente Bernard Aronson, y por la Unión Europea, Edward Gilmore. También estuvieron presentes François Delattre, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Mogens Lykketot, Presidente de la Asamblea General de la ONU, Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador, Danilo Medina, presidente de República Dominicana y también de la Celac, así como Enrique Peña Nieto, presidente de México.
Hubo también invitados especiales entre los que se encontraron la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, gobernadores, víctimas del conflicto, entre otros.
El contenido del comunicado
Rodolfo Benítez, garante de Cuba en la mesa de negociaciones, y Dag Nylander, negociador de Noruega, leyeron el comunicado conjunto.
Entre sus principales puntos se encuentra el cese al fuego definitivo y un esquema para que en 180 días se termine el proceso de dejación de armas, que se hará mediante un procedimiento implementado por la ONU, que recibirá las armas.
El monitoreo y verificación será realizado por el Gobierno, las FARC y la ONU, con observadores de países miembros de la Celac.
Según el acuerdo, se espera que al día siguiente de la firma la fuerza pública reorganice sus tropas para permitir que las FARC se desplacen hacia las 22 zonas de normalización que dispone el acuerdo, lo que ocurriría a partir del quinto día posterior a la firma. Este era un tema puntiagudo, ya que en la disposición de dichas zonas se jugaban las FARC la extensión nacional de su integración a la vida política dentro del régimen colombiano.
Además de facilitar zonas y logística para poner en práctica el desarme y la integración de los combatientes a la vida política, económica y social, el acuerdo prevé la excarcelación de presos a zonas especiales.
Se aclara que en las zonas en las que se juega la desmovilización no se podrán realizar manifestaciones de carácter político. La seguridad queda a cargo del gobierno de Colombia mientras que las FARC deben encargarse de limpiar los territorios minados.
El principio del fin
“Lo que está a punto de sellarse no es la capitulación de la insurgencia. Lo pactado no es el producto de una imposición de una parte a la otra”. Con estas palabras, el timonel de las FARC, Timoleón Jiménez, puso su firma en el histórico acuerdo con el gobierno de Colombia.
Lo que sus palabras intentan negar es lo que en los hechos los acuerdos de La Habana ponen de manifiesto, y es que la estrategia de las FARC de lograr reformas dentro del régimen capitalista por la vía de las armas culmina con la incorporación plena de las FARC como un nuevo actor dentro del régimen burgués colombiano. Expresa a su vez el fracaso absoluto de la estrategia guerrillera en un país mayoritariamente urbano y obrero, como Colombia.
En el día uno de las negociaciones públicas entre el gobierno de Colombia y las FARC, el 18 de octubre de 2012, Iván Márquez definía así los objetivos que perseguían en la negociación: “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal”. Visto en perspectiva, tras casi cuatro años de unas negociaciones llevadas a cabo bajo un hermetismo sin parangón, donde el pueblo colombiano lejos estuvo de gozar de la tan mentada justicia social, la reintegración al régimen democrático burgués, de la mano de la ONU, el Vaticano y el imperialismo norteamericano y europeo, no suenan a “misión cumplida”.
El melódico remate de Timoshenko, “Que este sea el último día de la guerra”, contiene el profundo sentido de que, si bien el estado colombiano no pudo imponerles una derrota militar, pudo sin embargo imponerles una derrota estratégica, que tendrá consecuencias en el futuro, y cuya expresión más notoria es la falta de entusiasmo general con el proceso de negociaciones.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que durante la década de la presidencia de Uribe lideró el debilitamiento militar de las FARC como ministro de Defensa, usó el lenguaje de la democracia burguesa: “He sido un implacable adversario de las FARC, pero ahora que pactamos la paz como jefe de Estado y colombiano defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a la vía política, así nunca estemos de acuerdo”, y le regaló el bolígrafo con el que se firmó el acuerdo, todo un símbolo del nuevo momento que se abre.
Las negociaciones no han terminado, y las discusiones giran alrededor de las instituciones políticas y jurídicas que garantizarán el desenlace del proceso. El rol de la justicia como gran árbitro y modulador de los procedimientos de legitimación del proceso será esencial, dirimiendo entre otras cosas la fórmula mediante la cual se someterán los acuerdos al escrutinio popular. Este punto además es el territorio político en el que se desarrollará la batalla entre Santos y la oposición uribista durante el próximo período, elemento de enorme relevancia.
Además de los enormes intereses económicos que se encolumnan detrás de la recuperación de las zonas controladas por las FARC y la estabilidad para las inversiones capitalistas, y la necesidad política de lavarle la cara al régimen colombiano enlodado por la narcopolítica, el paramilitarismo y la corrupción, el sentido más profundo de lo que se ha llamado “el fin de la guerra” es en realidad poner fin a la guerrilla más antigua del continente.
Este sentido estratégico de los “acuerdos de paz” en Colombia pone de manifiesto el rol pérfido jugado por el progresismo latinoamericano. La alusión de Timoleón Jiménez al papel fundamental de Hugo Chávez es un reconocimiento de esto. La figura de Raúl Castro, el anfitrión de todo el proceso, ha sido ampliamente reconocida, y tiene un especial significado en el marco del proceso de apertura al capitalismo que viene llevando adelante en la isla.
La prédica escéptica del progresismo la expresó sin tapujos el mandatario uruguayo, Pepe Mujica: “Hay cosas que no tienen reparación, yo fui torturado, tuve que aprender que hay que cargar con dolores y que nadie nos va compensar, sin embargo hay que seguir andando porque todos los días amanece”. Sin embargo, las profundas contradicciones sociales, políticas y económicas que están por detrás del conflicto, como los desplazamientos de campesinos y el acaparamiento de tierras, siguen vigentes y se profundizan con la política neoliberal que lleva adelante Santos y que pretende profundizar con el fin del conflicto armado. La oposición de los trabajadores y campesinos, jóvenes y estudiantes, tienen el enorme desafío de poner en pie una alternativa estratégica verdaderamente revolucionaria.
Isabel Infanta
@isabel_infanta
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