Un interrogante y cuatro certezas tras la campaña electoral

¿Qué gobierno saldrá de las urnas? Nadie sabe. Que pagará la deuda, respetará el marco laboral gestado en los 90, negará el derecho a decidir y respetará la Constitución del 78, pocos lo dudan.

Estamos en las horas finales de la campaña electoral del 26J. Dos semanas de mítines, entrevistas, debates y declaraciones que, según todas las encuestas, han hecho variar muy poco la intención de voto respecto a los porcentajes de diciembre. En la segunda vuelta del 20D los porcentajes de voto no se moverán demasiado, aunque en término de escaños la principal novedad – la coalición entre Podemos e Izquierda Unida – puede traducir en escaños el sorpaso al PSOE que ya en diciembre lograron la suma de sus votos.
Los escenarios post 26J son el gran interrogante y a estas alturas ninguno se puede descartar. Pero aún dentro de esta incertidumbre, estos 14 días permiten también sacar algunas cosas en claro. Al menos cuatro certezas que marcarán los límites y líneas rojas en los que las cuatro grandes formaciones que se disputan la Moncloa proponen moverse. Unos marcos en los que, ya adelanto, las principales aspiraciones y demandas democráticas y sociales quedarán por fuera.

La Troika y el pago de la deuda seguirán marcando la agenda.

La campaña comenzó con la carta filtrada que enviaba Mariano Rajoy a la Comisión Europea. En ella trataba de tranquilizar a Bruselas y enviarle el mensaje nítido de que más allá del 26J, su gobierno se pondría al día con el plan de ajustes que demanda la Troika, que solo en 2016 supone un nuevo tijeretazo de entre 8.000 y 10.000 millones.
Que el PP va a seguir pagando religiosamente la deuda, aplicando recortes y tratando de ajustarse al cumplimiento de los compromisos de déficit a costa de los servicios públicos y las pensiones, no es ninguna novedad. Tampoco que lo hará el PSOE y Cs, cuyas propuestas al respecto son idénticas a las de Rajoy. No obstante fueron los dos grandes partidos del bipartidismo los que sacaron adelante la reforma del artículo 135 de la Constitución.
Sin embargo, lo nuevo que ha quedado meridianamente claro en esta campaña es que también Unidos Podemos asume estos estrechos límites. Se adelanta en un sentido a lo realizado por su socio griego, Syriza, después de llegar al gobierno. En este caso Iglesias ya anuncia antes de acceder a la presidencia -o vicepresidencia- que su propuesta no incluye ningún tipo de no pago de la deuda y que el ritmo de ajustes se pactará con Bruselas.
Como gesto probatorio la memoria económica del programa electoral de “Ikea” incluía una rebaja de 36.000 millones respecto al de diciembre - 9.000 al año, el recorte extra que pide Bruselas -, la famosa auditoría de la deuda se presenta como una propuesta a título de recabar información y la restructuración se limita a los 60.000 millones del rescate bancario, un 6% de la deuda pública total.
Es decir, gane quien gane, gobierne quien gobierne, la deuda se seguirá pagando y se seguirá la senda de ajuste de gasto para poder hacerlo tal y como se pacte con la Troika.

La precariedad laboral seguirá siendo la base del modelo laboral

La otra certeza se refiere a la ausencia de una propuesta que ataque a la línea de flotación del mercado laboral español. Desde los años 90 éste se ha constituido sobre la existencia de entre un 30 y un 50% de trabajo precario en sus diferentes formas: contratos temporales, subcontratas, tablas B, tiempo parcial forzoso... Con la crisis esta situación no ha hecho otra cosa que agravarse, a la vez que el paro se instalaba por encima del 20% y por encima del 50% en el caso de los jóvenes e inmigrantes.
Estos dos importantes repuntes han contado con una base legal imprescindible, las reformas laborales aprobadas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, la mayoría con el respaldo de la burocracia sindical de CCOO y UGT. También las reformas laborales de 2010 y 2012 -con la liquidación de los convenios- han jugado enormemente a favor de esta sangría.
Del PP nada se puede esperar al respecto. Tampoco de Cs. Ambos proponen mantener y profundizar este régimen. El PSOE, desde su papel de oposición, habla demagógicamente contra la precariedad, obviando que es hija de sus propias políticas. Su propuesta no pasa de prometer la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma del 2012 y avanzar en una nueva reforma que, conociendo su historial, no será si no otra vuelta de tuerca en la misma dirección.
Podemos va un poco más allá en sus propuesta, pero sólo un poco, y sobre todo acepta como bueno el marco legal previo a 2010. Se plantea la derogación de las reformas de 2012 y 2010, si bien esta última ya la aceptó en la mesa de negociación con Sánchez para formar gobierno. Y sus propuestas de mejora se limitan a una regulación más precisa para permitir la contratación temporal, recuperar el derecho a readmisión en caso de despido improcedente y una modificación de las causas de despido hasta el nivel anterior a 2010 (recordemos que con esas causas sólo en 2009 se produjeron casi 2.000.000 de despidos).
De acabar con las ETTs, las subcontratas, los mini jobs, las dobles tablas salariales, los convenios de segregación... es decir, todo el andamiaje construido en casi tres décadas y que es la base de la “competitividad” de las empresas españolas sobre nuestros hombros, ni una palabra.
Así que en este caso también podemos decir que, gane quien gane, gobierne quien gobierne, entre un tercio y la mitad de los trabajadores y trabajadoras seguiremos siendo carne de cañón de la precariedad laboral.

El derecho a decidir tendrá que esperar (sentado)

La otra certeza se refiere a la cuestión catalana. Ninguna de las opciones que se presentan el 26J tiene una propuesta para dar salida a la demanda por el derecho a decidir que se viene expresando desde la Diada de 2012.
Los hay que se ubican abiertamente enfrente, los defensores a capa y espada de la unidad indisoluble de España. No sólo son el PP y Cs, sino también el PSOE y el conjunto de las instituciones del Régimen del 78, empezando por la misma judicatura -siempre al servicio de la ofensiva españolista- y por su puesto la Corona. Ellos constituirán las 2/3 partes de las Cortés después de las elecciones, y sobre todo, más allá de las elecciones, son estos sectores los que constituyen todos los poderes no electos que velan para que en esta cuestión todo siga igual.
En Comú Podem venía haciendo bandera del referéndum ya desde diciembre. Sin embargo en los meses de negociaciones esta cuestión quedó fuera de las conversaciones y se pasó a otra mesa específica entre ECP y el PSC. En esta campaña han bastado dos debates, el debate a cuatro y el realizado entre los candidatos catalanes, para que tanto Iglesias como Domènech dejaran claro que su defensa del referéndum en ningún caso supondría una línea roja para pactar un gobierno del “cambio”.
En las semanas posteriores al 26J volveremos a ver como esta propuesta vuelve a encajonarse para no molestar. Pero es que además la propuesta en sí -basada en el artículo 92 de la Constitución sobre referéndum consultivos y no decisorios, y en una sentencia del Tribunal Constitucional que exigen una modificación de la Carta Magna con 2/3 de los diputados a favor- [de derecho a decidir no tiene nada, ya que sigue depositando la soberanía sobre el futuro de Catalunya en las Cortes generales.
Pero la otra novedad ha venido desde el bloque soberanista. Por un lado ERC sigue insistiendo en la hoja de ruta de JxSí que, tal y como señala la resolución del 9N, reconoce que todo proceso unilateral deberá ser negociado y aceptado por el Estado central. Un verbo más encendido, pero un callejón con tan poca salida como la consulta de ECP. Por el otro, CDC, parece estar buscando una vuelta al pujolismo. No hablan más de proceso y se contentarían con una mera comisión parlamentaria en Madrid para tratar la cuestión catalana.
Por lo tanto, en lo que refiere al derecho a decidir de Catalunya, gane quien gane, gobierne quien gobierne, este seguirá siendo negado por el Estado central y los dirigentes del llamado proceso seguirán jugando al día de la marmota a la espera de una negociación imposible.

Los candados del 78 seguirán cerrados

Pero si algo ha quedado claro después de estos 14 días de campaña es que lo “trascendental” de esta cita electoral se ha ido rebajando a velocidad de crucero desde la anterior cita fallida con las urnas. El 20D muchos hablaban de Segunda Transición o regeneración del Régimen del 78. Se presentaban como una bisagra, un antes y un después, aunque siempre en clave de renovación pactada del régimen político.
Ya entonces cualquier propuesta rupturista, es decir contra alguno de los pilares del régimen político, había quedado descartada por parte de Podemos, la formación emergente que se presentaba como la representante de la “crisis por abajo” que empezó a abrirse en 2011. El fin de la Corona o la apertura de un proceso constituyente eran cosas del pasado para Iglesias y Errejón. A lo más que se llegaba era a plantear cinco reformas constitucionales.
Sin embargo, en estas nuevas elecciones el “cambio” se limita a un mero “echar al PP”, por medio de algo tan poco novedoso como formar un gobierno de progreso con el PSOE. Lo mismo que ya hizo IU en numerosas comunidades, aunque esta vez con una correlación interna en la supuesta coalición virada sensiblemente a la izquierda.
La propuesta más “radical” de las que se presentan asume la Corona, la Constitución del 78 y sus petrificados mecanismos de reforma, la OTAN, los pactos y tratados firmados por la UE, los compromisos de cumplimiento de déficit... Por supuesto de abrir un proceso constituyente para abrir los candados del 78, como prometiera Iglesias poco después de las europeas, ni rastro. El Régimen del 78 seguirá “atado y bien atado”, y prácticamente intacto hasta en las cuestiones superficiales.

Cuatro certezas que plantean tareas para la izquierda anticapitalista y de las y los trabajadores

Entre estos cuatro puntos cardinales se moverá el incierto mapa post 26J. Hoy es imposible adivinar qué gobierno saldrá del nuevo Parlamento atomizado. Que sea de un tipo u otro sin duda significará escenarios muy diferentes para la conquista de las demandas democráticas y sociales que se vienen expresando desde el 15M.
Sin embargo los límites ya asumidos por los cuatro grandes partidos señalan que en estas elecciones no hay una opción a la que poder brindar un apoyo político. La candidatura que se presenta como la representante de las demandas populares, Unidos Podemos, asume los mismos marcos que las convierten en imposibles.
De si la clase trabajadora y los sectores populares emprenden el camino de la movilización social y la lucha por un programa para hacer pagar la crisis a los capitalistas y acabar con el andamiaje del Régimen del 78, dependerá que estos marcos de piedra puedan saltarse.
El escenario plantea pues una tarea central para la izquierda anticapitalista y de clase, que no es otra que la construcción de una alternativa política al nuevo reformismo y la de impulsar la lucha por todas las demandas que se proponen dejar encajonadas, incluyendo la de abrir un proceso constituyente verdaderamente libre y soberano.

Santiago Lupe Barcelona | @SantiagoLupeBCN