La impunidad del franquismo

Pasarán decenios antes de que la derecha española desista de sus esfuerzos por justificar la rebelión armada de 1936. El actual armisticio de “reconciliación nacional” es solamente eso, un armisticio. (…). No todo el mundo lo pasó mal mientras Franco estuvo en el poder. Después de todo, gracias a la guerra civil la clase dominante de España dispuso de cuarenta años para saquearla. Herbert R. Southworth

La particularidad española frente a lo ocurrido en Europa occidental es que en nuestro país, tras la destrucción de la II República, el fascismo se instaló durante un largo período de tiempo y la transición al sistema democrático fue llevada a cabo sin que en ningún momento se permitiera un debate público sobre el ciclo histórico abierto en 1931 y cerrado en 1978. En países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Italia o Francia el fascismo fue derrotado y, aunque la justicia no pasó en su búsqueda de responsabilidades de los niveles más altos y la revisión de lo ocurrido llevó bastante tiempo, la libertad pudo abrirse camino tras el desastre de la II Guerra Mundial. La dictadura española afectó a varias generaciones y caló profundamente en la sociedad, que pasó de los años de terror y miseria a otra etapa en la que la clase media surgida al calor de la dictadura pareció sentirse a gusto, por más que los niveles económicos de los años republicanos no se alcanzaran hasta veinte años después.
La larga duración de la dictadura se debe, entre otras causas, a un hecho que se suele olvidar con frecuencia: el fascismo español se erigió sobre una gran matanza que cabría denominar de fundacional. Los golpistas siempre fueron conscientes de que en más de medio país no existía posibilidad alguna de hablar de una violencia previa con la que justificar su propia violencia. También sabían mejor que nadie que por cada persona asesinada en territorio republicano ellos habían acabado con la vida de varias. La investigación ha aportado hasta ahora los nombres de unas 135.000 frente a las 49.200 asesinadas en zona republicana. Pero igual que esta última cifra puede considerarse definitiva –en todo caso sólo podría bajar–, la otra es insuficiente y desde los noventa para acá no ha hecho sino subir.
Ante esta matanza fundacional la dictadura se movió en dos sentidos: ocultar la propia carnicería y falsear la contraria desde el mismo inicio del golpe militar hasta la muerte del dictador, consiguiendo perpetuarse en esa tierra de nadie que fueron los años que siguieron y llegando hasta nuestros días. El mensaje era claro: nadie podría enlazar la nueva democracia con la República, para lo cual prohibieron que partido alguno pudiera presentarse con dicha palabra o derivados en su nombre, y nadie podría enjuiciar lo ocurrido desde el inicio del golpe hasta el final de la dictadura, para lo cual decretaron una amnistía en octubre de 1977. Sin duda estas dos medidas, básicas en el modelo de impunidad español, fueron efectivas y vinieron a cerrar el “todo queda atado y bien atado” de Franco. Esto se completó con una política archivística que dejó en manos de los responsables de la represión (Ejército, Guardia Civil y Policía) la documentación que hubiera permitido conocer sus verdaderas dimensiones o, lo que es lo mismo, nuestros archivos del terror.
El desequilibrio de fuerzas resultaba evidente tras la muerte de Franco. No sólo por la amenaza constante que representaba el ejército sino por el control que la derecha y la ultraderecha seguían ejerciendo en sectores clave. Pero el futuro pasaba por la obligada reforma del régimen político, una reliquia anterior a la II Guerra Mundial, y por un nuevo encaje en el contexto europeo e internacional. La dictadura ya no era útil a quienes detentaban el poder económico en España. Y fue en esta división entre los defensores de un cambio controlado y los más cerriles guardianes de las esencias patrias, para los que España era una especie de coto privado, donde encontraron su lugar los partidarios de una reforma gradual y moderada en la que lo fundamental quedaba intacto. Gatopardismo puro. La mayor parte de la izquierda de entonces hizo todo tipo de cesiones, de forma que cabría decir que unos cedieron la legitimidad que les dio su lucha contra la dictadura y otros cedieron parte de lo único que tenían, que era poder adquirido por la fuerza de las armas varias décadas antes. Fue en este momento y por si a alguien se le ocurría mirar para atrás cuando se aprobó el decreto de amnistía y se firmaron o renovaron acuerdos con algunas instituciones, caso de la Iglesia. Todo ello antes de que se aprobara la constitución a fines de 1978.
Tras el convulso quinquenio 1977-1981, en 1982 llegó la mayoría absoluta del PSOE con 202 diputados. Ello le permitió abordar una serie de reformas importantes pero que en ningún momento desbordaron los topes marcados unos años antes en situación mucho más delicada. Por lo que respecta a la memoria el PSOE decidió no mirar atrás, olvidando que un partido democrático no sólo no podía dejar de lado cuestión tan sensible sino que tenía el deber de afrontarla. El llamado partido socialista, que poco o nada tenía que ver con el PSOE de los años treinta, desaprovechó momentos tan significativos como los aniversarios de la resistencia generalizada a la sublevación militar de julio del 36 y el del final de la guerra civil. Con el paso del tiempo el PSOE fue perdiendo la S y la O de sus siglas, quedándose simplemente en lo que podría llamarse el Partido Español, un moderado partido de centro. En este sentido encaja perfectamente el hecho de que adoptara sin problema alguno el modelo de impunidad instituido en la transición.
La historia, con muchas dificultades y en franca minoría, pudo ir cumpliendo su función social, pero esto no fue acompañado con una serie de medidas referentes al campo de la educación y de la información que debieron ser adoptadas desde 1982. Ya entonces fue perceptible que con el personal heredado del franquismo, que de un día a otro habían pasado de ser fieles servidores de la dictadura a demócratas de urgencia, sería muy difícil avanzar en este terreno. Así ocurrió en el campo de las fuerzas armadas, en el mundo judicial, en la universidad, etc. Sin la firme decisión personal de una serie de gente decidida a investigar el pasado reciente poco se hubiera hecho desde fines de los años setenta, cuando aún vivían numerosos protagonistas y testigos de lo ocurrido. Si por el poder hubiera sido, nada se hubiera hecho en este sentido.
Tuvieron que pasar más de veinte años para que surgiera un movimiento social que exigía saber quiénes fueron las víctimas del fascismo español y qué fue de ellas. El final de los años noventa y la primera década del siglo XXI estuvieron marcados por la memoria. El mundo político se vio en la obligación de definirse ante estas demandas. El PP de Aznar respondió dando alas a una corriente que hundía sus raíces en el franquismo, que valoraba aquella etapa destacando sus logros y que era partidaria de dejar todo aquello como estaba para no reabrir heridas. El PSOE de Rodríguez Zapatero, que dedicó una partida económica importante a diversas iniciativas relacionadas con la memoria y prometió una ley específica sobre este asunto antes de llegar al poder en 2004, encargó esta tarea a una extraña comisión que finalmente concluyó en 2007 una ley de nombre irrepetible que no recogía ni una sola de las principales demandas planteadas por el movimiento memorialista. Sin embargo, todo esto fue superado por la iniciativa planteada por el juez Baltasar Garzón desde el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Pero al no estar respaldada por el PSOE, que veía cómo su descafeinada ley de memoria quedaba relegada al olvido, se convirtió en objetivo prioritario de la derecha que, consciente de la carga que llevaba, no tardó en paralizar el proceso y defenestrar al juez expulsándolo de la carrera judicial. Ya sabemos que la justicia, convenientemente utilizada, puede servir para una cosa y para la contraria.
Un proceso al que hemos asistido desde los años ochenta para acá ha sido la paulatina decadencia del PSOE, que de 202 diputados ha pasado a tener 90 en las elecciones de 2015, y el progresivo auge de una derecha que, libre ya de cautelas y complejos, ha ido mostrando cada vez más su verdadera faz, que remite una y otra vez a su origen franquista. De modo que si antes decíamos que el PSOE no pasa de ser un partido moderado de centro, el PP es realmente el partido de la derecha permanente española. Con este sistema bipartidista que tenemos desde la transición es lógico que no haya existido una política de memoria por parte del estado y que sea imposible ir más allá del muro que se levantó en la transición. La política de estado ha sido la de la impunidad, el deseo manifiesto de que las verdaderas consecuencias de la represión fascista no llegaran a conocerse nunca, la imposibilidad de que se hiciese justicia con las víctimas del terror impuesto desde el primer día del golpe militar y cicatería limosnera con que se ha tratado siempre a los descendientes de las víctimas de la violencia, de las incautaciones, del expolio, etc.
Estamos pues en una situación en la que es imposible avanzar. La política reaccionaria de la legislatura de Rajoy ha acabado incluso con la ley de memoria de 2007 y con las ayudas económicas que se dieron desde el gobierno de Rodríguez Zapatero. La verdad, justicia y reparación que deben servir de guía en todas las situaciones en las que desde dictaduras sangrientas se retorna al sistema democrático se han convertido en la mentira, la inhibición judicial y la limosna. Parece claro que mientras no se supere el sistema bipartidista no habrá posibilidad de convertir la memoria en política de estado y recuperar un pasado monopolizado por la derecha. Un país que no asume su pasado es un país enfermo. Las políticas de olvido siempre van en beneficio de los sectores privilegiados. Finalmente sería deseable que los dos partidos beneficiados desde hace décadas por la ley electoral, base del chollo bipartidista (alternancia permanente del centro y la derecha), dejaran de demonizar a quienes les salen por la izquierda y de paso a aquellos que los votan. Visto lo ocurrido en estas últimas décadas sólo desde una izquierda más sensible a nuestra historia reciente podrá ponerse fin a la impunidad del franquismo.

Francisco Espinosa Maestre