La reciente investigación del periodista Daniel Coronell desnuda las vinculaciones financieras entre el gobierno de Mauricio Macri y empresas de seguridad privada ligadas al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Velez acusado de vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y de uno de los mayores genocidios de la historia reciente en América Latina.
Podría haber sido una nota de color. Sin embargo, sus implicancias son de terror. En su investigación “Lagunas de Panamá”, publicada recientemente en la revista Semana de Colombia, el periodista Daniel Coronell documenta las relaciones entre la empresa Ángel Total Solutions SAS, que integra la lista de los Papeles de Panamá, y la estrategia narcoparamilitar de represión y apropiación de recursos que el dizque “sistema capitalista” exporta a través de su mejor gestor y ejemplo, el ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Velez, y que tiene en Mauricio Macri uno de sus más fervientes admiradores.
Ángel Total Solutions SAS pertenece a Laddern Group S.A, sociedad panameña que de acuerdo con archivos de ese país también ha tenido dirección en las Islas Vírgenes Británicas. Fue fundada en mayo de 2012 por una firma de abogados de Medellín con el nombre “Andalucía de Colombia SAS” y su propósito era dedicarse a los negocios de finca raíz. Sin embargo, de acuerdo con el registro mercantil vigente, su gerente y representante legal, Federico Gutiérrez Zuluaga, utilizó la firma para venderle a la ciudad de Buenos Aires, entonces gobernada por Mauricio Macri, asesoramiento en seguridad. En ese entonces, 2013, el legislador porteño Alejandro Bodart denunció que el entonces ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, viajó a Medellín y se reunió con Gutiérrez Zuluaga en la casa de Uribe para cerrar el contrato con Ángel Total Solutions SAS para un primer curso con la Policía Metropolitana, dos días antes de la represión en el Borda. Si bien Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, negó a Coronell dicha reunión, el periodista muestra en su nota fotos de la misma.
Además de Messi, el ex- presidente de Islandia y el actual presidente de Argentina, hay 850 colombianos involucrados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) bautizada como los Papeles de Panamá. Entre ellos, los jefes negociadores del gobierno con las FARC y el ELN, Humberto de la Calle y Frank Pearl. De la Calle es un destacado abogado colombiano que ha sido vicepresidente, ministro, magistrado de la Corte Suprema, constituyente y embajador de Colombia. También figura Alberto Carrasquilla, ex gerente técnico del Banco de la República y economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que además fue ministro de Hacienda entre 2003 y 2007, durante el mandato de Uribe (2002-2010). Y Augusto Acosta, superintendente financiero entre 2006 y 2007.
El caso de Gutierrez Zuluaga y Ángel Total Solutions podría ser simplemente uno de los tantos mencionado en los Papeles de Panamá, si no reflejara de manera tan clara la vinculación entre sistema financiero, lavado de dinero, narcotráfico y empresas de seguridad privada al servicio de gobiernos y empresas multinacionales que conjugan el extractivismo con la criminalización, judicialización y asesinato sistemático de personas y comunidades opositoras a este sistema económico global, cuyo intrincado mapa de redes es tan denso como la trama inversa, la de los pueblos, movimientos sociales y resistencias o alternativas a dicho sistema.
Dice el colectivo de comunicación popular Pueblos en Camino: “Nada de esto se sabe y todo esto se niega. Excepto que en las Laguna de Panamá Coronell descubre la empresita y la inversión en los ‘Papeles de Panamá’. Lo que ya sabemos empieza a documentarse: el negocio de terror contrainsurgente del sistema, las mafias que lo controlan y lucran de él al más alto nivel (lo llaman seguridad y es uno de los negocios más lucrativos y tenebrosos del planeta). Existe, tiene coordinadores y coordinaciones mafiosas poderosas que ejercen los cargos políticos más altos en diversos países y que brindan seguridad al mayor sistema de explotación, despojo y acumulación concentrada de ganancias de la historia. Ya lo habíamos esbozado, lo venimos preguntando, la gente lo viene sufriendo en mecanismos de terror cotidianos que penetran todos los ámbitos, en golpes blandos y guerras contra los pueblos, en neo-fascismos omnipresentes, para el despojo, la muerte, la acumulación y superación de la crisis del capital desde la Patagonia Mapuche hasta el ártico pasando por masacres, feminicidios, asesinatos, control de territorios y recursos, guerras permanentes (como las del Medio Oriente) y políticas compartidas para el despojo corporativo/especulativo. Si le siguiéramos la pista a lo que acá destapa Coronell en todas partes, llegaríamos al centro de éste aparato inteligente y coordinado y coordinaríamos mejor y en todas partes la resistencia. ¿Dónde Estamos?”
Gutierrez es alcalde de Medellín, Montenegro embajador en Uruguay, Macri presidente y Uribe, elegido el colombiano del siglo por los espectadores del History Channel, es uno de los principales asesores y conferencistas en “seguridad democrática” a nivel latinoamericano, a pesar de sus probadas vinculaciones con el cartel de Pablo Escobar y el paramilitarismo (incluso su hermano Santiago fue jefe de un grupo paramilitar). También hay numerosos pruebas sobre su responsabilidad en una de las mayores escaladas de represión en Colombia y América Latina en este siglo, que entre otras frías y cuestionables estadísticas implicó 5 milones de desplazados, miles de presos y muertos políticos, cientos de intelectuales y militantes exiliados y jóvenes de barrios de bajos recursos asesinados para ser presentados como supuestos guerrilleros (como demuestran y visibilizan las Madres de Soacha). Eso sin contar otros miles de jóvenes de bajos recursos empleados como paramilitares para realizar horrorosas masacres sobre pueblos originarios cuyo único crimen fue nacer en territorios codiciados por sus recursos naturales por las grandes empresas que nos venden este consumo moderno, sangrante presente globalizado.
El mismo hombre, la misma mafia, al que Mauricio Macri, además de contratos de consultoría en “seguridad”, otorgó las llaves de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre de 2010. “Es una esperanza para todos los latinoamericanos”, dijo el jefe de gobierno porteño en la ceremonia en que nombró a Uribe “Huésped de Honor”.
En medio de su supuesta cruzada contra el “narcotráfico” y la “inseguridad”, el gobierno de Cambiemos nombró como directora de la Subsecretaría de Gestión de la Información Criminal a Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de Córdoba, egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de la misma ciudad. Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia y ex directora de la carrera de Ciencia Política, la Especialización en Gobierno y Gestión Pública y el Centro de Estudios en Gobernabilidad Local de la Pontificia Universidad Javeriana (también Colombia). Durante su estadía en el país de la cumbia y la arepa, Monteoliva trabajó en los equipos de seguridad creados por Uribe para la reurbanización de Medellín, las llamadas Cooperativas Convivir que, luego se comprobó, se usaron para financiar grupos narcoparamilitares. Grupos que en complicidad con el ejército sembraron el terror en todo el norte de la región (Urabá) para imponer proyectos extractivos como la producción de palma africana para biodiesel y la explotación de antiguas plantaciones bananeras, amenazadas por la guerrilla, los sindicatos y los movimientos sociales. La gran mayoría de los ex-jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos para ser juzgados, no por criminales o terroristas sino por “narcos”, eran antiguos vecinos y amigos de “Alvarito”, a quien Pablo Escobar puso en su momento (1980) como Director de la empresa de Aeronáutica Civil de Medellín, desde donde se encargó de legalizar la estructura de exportación aérea de la cocaína del cartel de Medellín hacia el principal país consumidor de ese producto: Estados Unidos. Todo bajo la atenta mirada de la DEA, que en 1991 ubicaba a Uribe en el puesto número 82 de la lista de narcotraficantes más buscados del mundo. Hay un largo prontuario de investigaciones sobre el apoyo de la DEA y el gobierno de Estados Unidos al ascenso de Uribe de “narco” a “presidente” y ahora a “asesor latinoamericano en seguridad democrática”. Una densa trama de color. Negro.
Tomás Astelarra
No hay comentarios.:
Publicar un comentario