Un muerto, una investigación, varios culpables, ningún preso. El trabajo periodístico donde Walsh denunció la corrupción política y judicial de la Libertadora y la impunidad de los matones de la SIDE.
El asesinato de Marcos Satanowsky el 13 de junio de 1957 podría haber sido una crónica policial más en los diarios argentinos de la época: un prestigioso abogado judío, nacido en Kiev, que había logrado insertarse en la alta burguesía luego de representar a muchos de sus miembros, fue asesinado en sus oficinas ubicadas en pleno centro porteño por un grupo de hombres que le dispararon y luego huyeron, a la vista de todos. En la escena del crimen se encontraron panfletos en los que se acusaba a la familia Satanowsky de judía y comunista dejando entrever que el móvil del crimen estaba vinculado al accionar de alguna agrupación nacionalista. Para los grandes medios la Alianza Libertadora Nacionalista (grupo de extrema derecha, nacionalista y católica) podía haber realizado el crimen. Luego se sucedieron otras hipótesis: “conflictos por hijos no reconocidos”, “venganza”. La acusación de “comunista” no caló profundo en la prensa porque Satanowsky era reconocido anticomunista y antiperonista además de accionista en numerosas empresas financieras, comerciales e industriales y miembro de la Sociedad Rural. El caso se había convertido en el “policial estrella del mes”. Pero ¿qué se escondía detrás del crimen de uno de los abogados más famosos del país?
A Rodolfo Walsh le llamó la atención el caso porque estaba rodeado de actos contradictorios y denuncias de amenazas a familiares de la víctima y policías que investigaban más allá de lo necesario. El periodista ya había investigado sobre los fusilamientos en León Suarez de junio de 1956 publicando -al año siguiente- Operación Masacre, una obra realizada a partir de un reportaje al militante peronista Juan Carlos Livraga, el famoso “fusilado que vive”. El libro le dio un importante reconocimiento como periodista de la resistencia peronista, denunciante del gobierno golpista.
Comenzó una minuciosa tarea de investigación periodística recolectando datos, testimonios, entrevistas, siguiendo cada indicio y pista hasta el final y, entre el junio y diciembre de 1958, publicó en la revista Mayoría – la misma que había sacado a la luz su investigación anterior- una serie de 28 notas en las que develó la participación de los servicios de inteligencia del Estado en el crimen. No buscaba lavarle la cara a la víctima sino dejar al desnudo los abusos de poder político de la Libertadora, la corrupción judicial, el rol de los servicios y la colaboración de los grandes medios. Mayoría anunciaría la serie de crónicas semanales, el 2 de junio, bajo el titular: “Sensacionales revelaciones sobre el caso Satanowsky”. El 9 de junio aparece la primera entrega. Walsh invita a los lectores a sumergirse en esta historia: “Los diarios lo llamaron ‘el crimen del autógrafo. Y también, ‘el crimen del silencio’. Inevitablemente se repitió hasta la fatiga la palabra misterio. Renunciaremos de ante mano a esa ventaja. El caso Satanowsky no es demasiado misterioso” (Mayoría, Num. 61, 9/6/58, primera serie).
El móvil: quién se queda con La Razón
Walsh afirmaba que el móvil del crimen fue por las acciones (y la propiedad) de La Razón, disputado entre el Estado y Ricardo Peralta Ramos, su mayor accionista. Los militares pretendían mantener el control estatal del diario que durante casi 10 años formó parte del extenso aparato comunicacional oficialistas del peronismo.
Según el gobierno de facto, Peralta Ramos le habría vendido en 1946 todas las acciones del diario por tres millones y medio de pesos a Miguel Miranda (Presidente del Banco Central y del IAPI, hombre clave del primer peronismo) y éste, a su vez, se lo habría cedido a Eva Perón. Con “la fusiladora” en el poder, los militares quisieron dejar bajo su órbita la línea editorial del diario, entregándoselo a grupos ligados a Aramburu y convirtiéndolo en uno de los pilares legitimadores del régimen. Para ello, la Junta de Recuperación Patrimonial –creada en el 56 para revisar los casos de los diarios cooptados por el peronismo– dijo “la operación de venta de la totalidad de las acciones de la empresa La Razón S.A, fue una venta real, acabada y completa”. El diario era de Perón, por lo tanto, debía ser expropiado por el Estado. La prueba que decían tener era la fotocopia del cheque de compra firmado por Miranda.
Del otro lado estaba Peralta Ramos, afirmando que la supuesta venta había sido, en realidad, un préstamo producto de la extorción del gobierno depuesto. Contrató a Marcos Satanowsky para que lo represente en el litigio, que en total duro dos años (1956-1958). El argumento legal usado por Satanowsky fue: si la venta se hubiese producido tendría que existir un contrato escrito (el gobierno nunca mostró la supuesta fotocopia); si para el gobierno el diario era de Perón, debe probarlo.
De principio a fin, la disputa judicial fue acompañada de extorciones y amenazas. Satanowsky debió renunciar a su cátedra en la Facultad de Derecho bajo presión y Peralta Ramos fue chantajeado por Atilio Carpinacci (testaferro de los militares) y Héctor Solís (trabajaba en Clarín, hombre de confianza de Roberto Noble). Walsh transcribió en sus notas algunas de estas conversaciones en donde se admitían las intenciones del gobierno de quedarse con La Razón.
Los muchachos de la SIDE
Frente a la persistencia de Satanowsky, dice el periodista, que un grupo de hombres de la SIDE lo asesinó bajo órdenes directas de su titular José Constantino Quaranta, el mismo facho de la masacre en León Suárez y el asalto a la Embajada de Haití. Gracias a los testimonios recogidos por la familia de la víctima y del propio Walsh se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen, todos ellos agentes de la SIDE: José Américo Pérez Gris (su ex pareja, “la gallega” lo acusó ante la familia Satanowsky) ex custodio de Lonardi y hombre cercano a Quaranta, fue echado de la Policía Federal por robo de autos; Rodolfo Ladislao Palacios que vivía con el primero y el “huaso” Marcelino Castor Lorenzo, otro hombre de larguísimo prontuario: matón a sueldo y conocido custodio de dirigentes peronistas y radicales. Mientras el primero fue entrevistado por Walsh en Paraguay y desde allí acusó a Quaranta de haberle ofrecido dinero a cambio del encargo (se desdijo días después por las amenazas), el “huaso” había sido identificado a partir de las declaraciones de los testigos del crimen. Fue detenido el día de las elecciones de julio de 1957, después de votar, pero luego de charlar amistosamente con el juez (Mayoría, 23-6-58) recuperó rápidamente la libertad ya que el arma peritada no coincidía con la que balearon al abogado.
A pesar de la exhaustiva investigación de Walsh y de que, durante el gobierno de Frondizi se conformara una comisión destinada a esclarecer el crimen con el periodista como integrante de la misma, el caso quedó impune gracias a la colaboración del juez de la causa, doctor Bernabé Ferrer Pirán Basualdo acusado de irresponsable e ineficaz. El tribunal de Justicia reconoció la participación de gente vinculada a la SIDE en el homicidio pero no se identificó a ninguno de los asesinos materiales e intelectuales. Quaranta fue protegido por el nuevo gobierno radical que lo envió como embajador a Bélgica tras las presiones de los hombres de inteligencia y las FF. AA. Peralta Ramos, finalmente, recuperó el diario tras un fallo judicial. A partir de ese momento La Razón va a ser la “voz oficial” del Ejército – llegando a tener un rol clave en la legitimación del régimen de Onganía – lo que supone un acuerdo con Peralta Ramos para finalizar la contienda.
Recién en 1973, Walsh decide recuperar sus notas y actualizarlas para publicar: Caso Satanowsky, su tercer libro luego de Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Como en sus obras anteriores combinó la narrativa del policial negro con la investigación periodística. En el prólogo, el periodista y militante explica que rescató el tema porque “los mecanismos que la libertadora estableció en los campos afines del periodismo y los Servicios de Informaciones –temas del libro– siguen vigentes”. Esos grupos armados que actuaron impunemente protegidos por el poder y la Justicia, y que fueron reclutados para trabajar bajo la órbita de la SIDE, cruzaron la investigación de Walsh. En el 73 avanzaría sus estudios sobre la Triple A pero no rompió con Perón públicamente, que la creó y organizó.
La pasión de Walsh por “el violento oficio de escritor” se cristalizó en cada una de sus investigaciones periodísticas. El caso Satanowsky desnudó la connivencia entre el poder político, el poder Judicial, las FF. AA. y los grandes medios de la burguesía y, a su vez, denunció a los grupos armados de la SIDE y el uso de información confidencial para “encargos” políticos. Por eso, sus trabajos no sólo son destacables por la profundidad y la disciplina del método de investigación sino también como aporte para pensar y discutir el rol del periodismo militante y de izquierda, claves para denunciar la corrupción del régimen político y cuestionar el orden social vigente.
Claudia Ferri
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