El domingo 2 de octubre de 2016, el pueblo de Colombia decide, mediante un referéndum, si aprueba o rechaza los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de su comandante Rodrigo Londoño. Todos los latinoamericanos que amamos la paz, apoyamos los acuerdos y exhortamos al pueblo colombiano a ratificarlo.
Pero ese enorme Sí que esperamos, no debe darse a costa del olvido, sino teniendo en cuenta las verdaderas causas de esa guerra civil de casi 60 años, porque ellas continúan sin solución pese a estos acuerdos. La burguesía colombiana y los medios de comunicación, intentan desvirtuar los hechos, para presentar a las FARC como culpables, cuando la realidad es histórica es que la responsable de la guerra y de tantas muertes es la oligarquía colombiana.
Como dice Narciso Isa Conde, revolucionario antiimperialista dominicano y dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana, no es Timochenko quien debe pedir perdón, sino Juan Manuel Santos, a nombre del gobierno oligárquico liberal-conservador. No olvidemos:
Colombia no es un estado democrático, sino un régimen oligárquico gobernado por una alianza política liberal conservadora donde los cargos políticos se heredan de padres a hijos desde el siglo XIX. Colombia es uno de los estados con peor distribución de la riqueza del continente y donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y se asesinan decenas de dirigentes populares y sindicales cada año.
No olvidemos que el conflicto histórico que dio origen a las FARC empezó con el asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, acontecimiento que inició una guerra civil que duró cerca de 10 años en la que murieron entre 200 y 300 mil personas, con dos millones de desplazados, una quinta parte de la población en los años 50.
Pese a los acuerdos de paz de 1957, los terratenientes del Tolima, a inicios de los 60’s, empezaron a asesinar a los líderes campesinos, los cuales empezaron a armarse para hacerles frente, surgiendo la mítica “República de Marquetalia”, donde se hizo famoso el dirigente campesino Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, y Pedro Marín. De esa resistencia campesina contra la violencia de los terratenientes y el ejército, surgieron las FARC en 1964, extendiendo su accionar a otras regiones.
Pese a que en marzo de 1984, las FARC firmaron acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, e incluso promovieron un partido político para su integración, la Unión Patriótica, la oligarquía colombiana y su ejército actuando en colusión con los carteles de la droga (como el de Pablo Escobar) y con grupos paramilitares (como los de los hermanos Castaño) promovió un genocidio que hizo fracasar la paz. Fueron asesinados 4.000 militantes de la Unión Patriótica, desde el candidato presidencial hasta el último concejal.
En este período de los años 80 se produce un sistemático desplazamiento de millones de campesinos a quines mediante la violencia los grupos paramilitares y narcotraficante les robaban sus tierras con la anuencia de las autoridades locales y nacionales, y bajo la activa protección del ejército colombiano. Las masacres produjeron hasta 6 millones de desplazados que acudieron a refugiarse a las ciudades o emigraron del país.
En 1998, nuevamente se avanzan negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana y se crea una zona de distensión para realizar las negociaciones, pero la política guerrerista de la burguesía dirigida por Álvaro Uribe y apoyada por el gobierno de Estados Unidos y su llamado Plan Colombia, hicieron fracasar la paz, nuevamente. Del gobierno de Uribe datan importantes crímenes de lesa humanidad, como el caso de los llamados “falsos positivos”, un sistema de premios a los soldados para que mataran supuestos guerrilleros en el que perecieron decenas de jóvenes de barrios humildes.
El gobierno de Uribe negoció con grupos paramilitares un acuerdo que, a cambio de sanciones irrisorias, exoneró de culpa a decenas de genocidas que habían confesado decenas y centenas de crímenes atroces. Esas bandas paramilitares siguen operando y matando, incluso en los días posteriores a la formalización de los acuerdos.
A pesar de que, desde 2008, las FARC mostraron voluntad para negociar la paz, incluso soltando a muchos de sus prisioneros, sin que a cambio el gobierno liberara a ningún preso político, de los miles que hay, la respuesta de Uribe y Santos fue más violencia, llegando a asesinar a importantes dirigentes de la guerrilla que eran intermediarios en las negociaciones, como Raúl Reyes.
Al votar sí, el pueblo colombiano debe tener presente estos otro acuerdos de paz fracasado por obra y gracia de los gobiernos seudo democráticos. Además, las causas del conflicto social siguen ahí, y no son resueltas por los acuerdos, aunque dan un marco político para avanzar sobre ellas: el derecho a la tierra del campesino, el derecho a una vida digna para el trabajador, el derecho a organizarse y opinar sin temer ser asesinado por los paramilitares.
Pedro Pérez
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