El país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, la cual es descargada brutalmente sobre los trabajadores y sectores populares. El gobierno evade descaradamente su responsabilidad achacando todo a una supuesta “guerra económica”.
¿De qué son responsables los gobiernos chavistas: de mucho “socialismo”? ¿Padecemos un ajuste capitalista o un desastre de “las políticas socialistas”?
La mayoría del país no duda en afirmar que el gobierno tiene responsabilidad en la situación de la economía, sin embargo esta misma afirmación puede tener contenidos muy diferentes, incluso contrapuestos, según lo que se piense de las razones de la crisis.
Como estamos en un país donde el Estado es propietario de la principal industria y fuente de divisas, con un gobierno que introdujo importantes elementos de “intervencionismo” o “dirigismo” estatal en la economía, y que ha usado y abusado tanto de las palabras “revolución” y “socialismo”, lo común no es oír hablar de que el gobierno aplica un ajuste capitalista, al contrario, es más probable escuchar de esto como del “desastre del socialismo” (la confusión, provocada tanto por el gobierno como por la propaganda interesada de la derecha, es enorme). Es comentario común limitar la explicación a que “el gobierno robó mucho, estatizó muchas empresas que llevó a la quiebra y pone límites a la producción de la empresa privada”. El gobierno a su vez insiste en barnizar sus políticas con su vacía retórica supuestamente “socialista”, al tiempo que afirma no estar aplicando un paquete de ajuste neoliberal sino que soporta los embates de una “guerra económica”.
Quienes nos oponemos al gobierno desde la izquierda, decimos que es responsable de la crisis, pero no por tener “políticas socialistas”, sino al contrario por estar aplicando medidas netamente capitalistas. Es lo que queremos mostrar en este artículo.
No solo con el FMI se descarga la crisis sobre la clase trabajadora y el pueblo
El gobierno tiene “a favor” de su propaganda engañosa el hecho de que el país no está siguiendo dictámenes de los organismos de financiamiento imperialista (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial), así como algunas verdades a medias. En el país no hay “tarifazos” de los servicios públicos o privatizaciones de los mismos, en buena medida siguen siendo públicos y subsidiados el agua, la luz, el gas; el transporte y las comunicaciones ya es otra cosa, porque solo una parte está en manos del Estado y no ha sufrido grandes aumentos, el resto está en manos privadas y sus aumentos golpean el salario. No hay oleadas de privatizaciones de empresas públicas como en los 90’s (Sidor, Cantv, Electricidad de Caracas, etc.), pero sí un entreguismo y apertura en otros sectores que serían hoy “el lomito” del país: petróleo, gas y minería; no hay despidos masivos en el sector público, pero sí una atroz pulverización del salario, que más bien lleva a los trabajadores a renunciar; no hay aumentos de la edad de jubilación o “flexibilización” formal de las leyes laborales, pero el gobierno se pasa por encima esa formalidad, ya que por la vía de la fuerza o de los hechos violenta o “suspende” los derechos laborales cuando así lo requiere (cuando quiere impedir una contratación colectiva, desconocer un sindicato, despedir o incluso encarcelar trabajadores, lo hace sin importar los derechos consagrados en las leyes); no hay un aumento formal de impuestos… pero ya la inflación voraz es en sí misma un enorme impuesto al bolsillo obrero y popular (como explicamos más adelante).
Por eso aclaremos de entrada que si bien de conjunto la política del gobierno no es un paquete neoliberal de la mano del FMI con todas las letras, incluye cuestiones centrales que no tienen nada que envidiarle a las recetas de los 90’s. Hay mayor desnacionalización de la economía y entrega con el Arco Minero y las Zonas Económicas Especiales, donde las empresas transnacionales tienen rebajas o exoneración de impuestos, exoneradas también de cumplir con la legislación laboral nacional y se proscriben los derechos a organización y huelga, verdaderos paraísos neoliberales; profundización de la presencia del capital imperialista en los hidrocarburos y derivados mediante las empresas mixtas de PDVSA con las transnacionales, ya con Chávez éstas podían tener hasta el 100% de las acciones en el sector del gas y en el petróleo un máximo de 49%, Maduro y su ANC están habilitando, vía decretos, para que también en el sector petróleo pueda haber mayoría accionaria transnacional, una privatización velada; la nueva ley de inversiones extranjeras brinda condiciones vergonzosamente complacientes para el saqueo por parte del capital transnacional. Por otro lado, el abaratamiento atroz de la mano de obra es otra medida que cualquier neoliberal envidiaría [1].
En todo caso, el gobierno se agarra de que no aplica ciertas políticas para decir que las privaciones del pueblo no serían su responsabilidad, sino que más bien Maduro es el “protector” del pueblo, con sus aumentos nominales de salario cada tantos meses, la bolsa del CLAP y los bonos. Incluso en su retórica Maduro presenta su política económica como si estuviera enfrentada con los intereses de los capitalistas, que le estarían haciendo una “guerra”.
Si bien es cierto que la oposición de derecha y el imperialismo tienen un programa de ajuste económico de rendición total ante el FMI, el capital internacional de conjunto –con preferencia el de EEUU y Europeo, en competencia con el chino y el ruso– y las apetencias empresariales (ver aquí y aquí), la política del gobierno de Maduro no es obrerista ni popular ni anticapitalista, sino que junto a los capitalistas ha provocado un descalabro en las condiciones de vida del pueblo trabajador, condenándolo a depender de la caridad y chantaje del gobierno para comer, o a emigrar masivamente. Veamos.
En medio del desastre, garantizar los intereses del capital financiero, la burguesía y la burocracia corrupta
La economía nacional es altamente dependiente de los ingresos petroleros y la importación, lo era ya antes de Chávez y bajo sus gobiernos se profundizó esa dependencia, dejando en el vacío la trillada frase de “superar el rentismo”. La burguesía nacional exporta poco o nada, y el Estado no exporta otra cosa que no sea petróleo. Los “buenos tiempos” de la economía desde mediados de la década del 2000 –crecimiento económico, expansión del consumo y el crédito, etc.– no se debieron a algún aumento significativo de la inversión de la burguesía nacional o a un desarrollo de las capacidades productivas nacionales, sino al importante flujo de renta petrolera, al que se le agregó luego el flujo de grandes préstamos al país.
Desde 2007 en adelante Chávez inició un enorme proceso de endeudamiento, tanto con la banca privada nacional –que ha hecho jugosos negocios bajo el chavismo– como con el capital financiero internacional, hipotecando el futuro del país. Por ejemplo, entre 2007 y 2011 la deuda externa creció 116%, mientras el precio del petróleo creció 56%; si entre el 2000 y 2007 la deuda subió de 32 a 35,6 mil millones de US$, al iniciar 2014 ya era de 122,3 mil millones US$; en 2007 el monto de la deuda era equivalente al 60% de las exportaciones del país, en el 2012, año en que Chávez deja el gobierno, equivalía al 115% de las exportaciones. Al mismo tiempo que operó este gigantesco endeudamiento, continuó bajo las narices de Chávez y al amparo de sus propias políticas una enorme fuga de capitales, un proceso mediante el cual el Estado transfería renta pública (en forma de dólares baratos) a la burguesía nacional, tanto a la tradicional como a los nuevos favorecidos por sus relaciones con el Estado, y sectores de la alta burocracia convertidos en nuevos empresarios o acreedores de la deuda pública: a finales de 2013 el sector privado tenía en el exterior unos 167 mil millones US$, cuando en 2003 solo tenía 49 mil millones, un aumento del 340%.
Es decir, al mismo tiempo que al país le entraban muchos dólares por renta petrolera y por préstamos, también se le iban muchos por la vía de la fuga que hacían los banqueros, empresarios y altos funcionarios corruptos –además del propio pago de la deuda y el giro de ganancias de las transnacionales a sus países de origen. Así, la deuda externa y la fuga de capitales están en el centro de la actual crisis.
Cuando, ya gobernando Maduro, se da la caída estrepitosa de los ingresos nacionales al desplomarse los precios del petróleo (de un promedio anual de 101 dólares el barril en 2013 pasa a 88 en 2014, 45 en 2015 y 35 en 2016) y se vencen los plazos para el pago de la enorme deuda que le legó Chávez, ¿qué hizo el gobierno?: garantizar el flujo de dólares hacia el capital financiero internacional, mediante el pago de la deuda, seguir alcahueteando la fuga de capitales de la banca, el empresariado y los nuevos ricos del país, a costas de “ajustar” al pueblo recortando drásticamente las importaciones de alimentos, medicinas y otros bienes, bonificando el salario y permitiendo que se pulverice ante la inflación, entre otras medidas.
La prioridad del gobierno, la deuda externa: hambre y calamidades para el pueblo, miles de millones de dólares para el capital usurero internacional
El gobierno de Maduro tomó una decisión, tomó partido por el capital financiero internacional: decidió reducir la importación de bienes de consumo, materias primas y bienes intermedios necesarios para la producción nacional, para dedicar esos recursos al gran capital financiero internacional mediante el pago de la deuda externa. Entre 2012 y 2016 se redujeron las importaciones en casi 70%, al pasar de 54,7 mil millones de dólares a 17,8 mil millones, la importación de productos farmacéuticos se redujo 64% entre 2012 y 2014, por ejemplo. Todo esto al mismo tiempo que aumentaban bruscamente los recursos destinados al pago de la deuda externa: según el propio Maduro, el país pagó entre 2014 y 2017 71 mil millones de dólares, de una deuda que asciende a más de 180 mil millones. Es una realidad de varios años antes de que se aplicaran las sanciones imperialistas –que por supuesto deben ser rechazadas y condenadas contundentemente–, pero que vienen a profundizar una situación ya existente.
La tragedia social que venimos padeciendo los últimos años, con gente muriéndose por falta de un medicamento, de una operación, con el brote de enfermedades ya erradicadas, las muertes en los hospitales por falta de insumos, el hambre que padecen millones, tiene entre sus razones principales esta decisión del gobierno de Maduro. Es una manera drástica de “ajustar” las cuentas del Estado en contra del pueblo y a favor de los capitalistas.
Una política elementalmente anti-imperialista y a favor del pueblo tenía que haber partido de no pagar la deuda externa, dejar en claro que entre los intereses del capital usurero internacional y las necesidades básicas del pueblo venezolano la prioridad es la alimentación, salud y educación del pueblo. Pero el gobierno ha hecho todo lo contrario.
Contubernio e impunidad en la fuga de capitales
El otro gran centro de la “quiebra” actual del país y la catástrofe económica que vivimos es el enorme hueco en los recursos del país que dejó la fuga de capitales, el propio ministerio de Comercio Exterior calculó que para 2016 ascendía a 500 mil millones de dólares. Un robo a la nación, hecho por vías legales y otra no tanto. ¿A quién va a responsabilizar el gobierno, si era quien estaba a cargo del control de cambio, la asignación de dólares y la venta de bonos de la deuda pública que la banca compraba en bolívares y vendía afuera en dólares?
En uno de los momentos históricos de mayor ingreso de renta pública al país se le sustrajeron esos recursos, y el gobierno de Maduro no solo continuó esa confabulación de banqueros, empresarios de todos los colores y la burocracia estatal corrupta, sino que ante la grave crisis de ingresos del país, cuando hacen falta con urgencia esos recursos para evitar las calamidades del pueblo, para la producción de las empresas e industrias públicas (incluyendo PDVSA), no tiene ninguna política para imponer la repatriación. ¡Esa es otra manera de descargar la crisis contra los trabajadores y el pueblo!
Una política anti-crisis realmente enfrentada a la burguesía nacional parasitaria tendría que imponer la repatriación obligada de capitales, conminar a su repatriación inmediata so pena de encarcelar a quienes desfalcaron a la nación y expropiar todos sus bienes en el país y ponerlos bajo control de los trabajadores y las comunidades, no de los burócratas del Estado y los militares. Una política para recuperar todos esos recursos para meterlos a las industrias y empresas públicas, a un plan de obras de viviendas, hospitales y escuelas, todo bajo un estricto y verdadero control por parte de los trabajadores. ¡Lo que está totalmente alejado de la política alcahuete y pro-capitalista que ha tenido el gobierno, mientras la economía nacional se queda raquítica y el pueblo padece múltiples necesidades!
Todo un pueblo condenado a múltiples calamidades, escasez de casi todo lo necesario, gran deterioro de los servicios públicos elementales (cuando no colapso), humillaciones de todo tipo, para que los usureros del capital financiero imperialista tengan sus cuentas llenas y los parásitos de la banca nacional, empresarios y nuevos ricos acumulen afuera los dólares de la renta petrolera.
Inflación: impuesto y pulverización del salario y los ingresos populares
Con el alza descomunal de los precios bastante por encima del salario no hace falta que se aumente el porcentaje del IVA: ¡en los hechos cada vez el pueblo trabajador está pagando una parte mayor de sus ingresos en ese impuesto regresivo! El gobierno afirmó que entre enero y marzo recaudó 45 billones 76 millardos de bolívares, sobrepasando en 850% la meta propuesta de 5 billones 302 millardos, y el mayor porcentaje de ese gran aumento de la recaudación es el impuesto al bolsillo obrero y popular: en febrero, por ejemplo, el IVA aportó el 52% de los ingresos fiscales, mientras el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) apenas 13%, tributos aduaneros 10% y 24% otras rentas internas. El pueblo común aporta más de la mitad de los impuestos, mientras el ISLR poco menos de una décima parte. Si eso no es “ajustar” las cuentas del Estado en contra del pueblo, ¿cómo se le llama? ¡Y lo peor es que tienen la desfachatez de llamar a eso sistema tributario “socialista”!
Llevamos más de una década sometidos a una inclemente inflación (entre 2008 y 2012 promedió 27% anual, en 2013 saltó a 41%, a 62% en 2014 y en 2015, último año en que el gobierno ha dado cifras oficiales de inflación, rompió la barrera de los tres dígitos para llegar a 122%), que en los últimos años ya es una criminal hiperinflación: apenas en un mes de este año (febrero) fue de 80%, para alcanzar más de 6.000% en el año que va de febrero de 20017 y febrero de 2018. Es una de las maneras más brutales de descargar sobre los trabajadores y los sectores populares el peso de la crisis y el desorden de la economía capitalista: los alimentos aumentaron casi 7.000% entre marzo de 2017 y marzo de 2018, un “ajuste inflacionario” en el que tienen responsabilidad compartida el gobierno y los formadores de precios (empresarios y grandes comerciantes). Es una destrucción terrible de salarios, pensiones y ahorros.
En la aguda escasez, que está en el centro de esto, tienen que ver el interés de ganancia empresarial, su chantaje, así como la brusca contracción de las importaciones hecha por el gobierno para pagar deuda externa, su complicidad con la fuga de capitales, y su gestión corrupta y desastrosa de las empresas públicas, incluida PDVSA, cuya producción petrolera no hace sino venirse a menos cada mes.
La devaluación del bolívar es otro de los de los mecanismos que más duramente golpea al pueblo, el gobierno no puede evadir su responsabilidad: la enorme fuga de capitales y los grandes desembolsos por deuda externa, en medio de una caída de los ingresos petroleros, presionan a la “escasez de dólares” en el país, por tanto al encarecimiento de cada dólar no regulado en el mercado. Además, la devaluación no es solo la del dólar paralelo sino la oficial también: por ejemplo, en septiembre de 2017 el dólar DICOM estaba en 3.345 bolívares, en mayo de este año pasó a 80 mil Bs., una devaluación oficial de casi 2.400% en ocho meses. El gobierno es uno de los principales beneficiados con estas megadevaluaciones, al ser el principal captador de dólares por exportaciones y multiplicar así los bolívares para compensar los problemas de caja. A lo que se suma que mientras continúa la severa escasez de productos por la enorme caída de la producción e importación, el gobierno profundiza el descontrol de la economía al aumentar sin parar la emisión de dinero para cubrir sus gastos internos, lo que evidencia y refuerza la pérdida de valor de la moneda con relación a las demás mercancías, porque al aumentar la cantidad de dinero en la economía para la misma cantidad de productos disponibles, los empresarios y grandes comerciantes, ni cortos ni perezosos, aumentan los precios, para mantener su nivel de ganancias, pechando al consumidor final.
En los aumentos de precios, uno de los mecanismos mediante los cuales los empresarios defienden su ganancia, cuentan con el aval del gobierno, que a pesar de toda la quejadera pública sobre la “inflación inducida” no deja de autorizarlos, dejando al control de precios cada vez más como una frase vacía. Así el gobierno y los empresarios nos imponen un alza en el costo de la vida.
Por todo eso, es un cinismo y total falta de respeto hacia los trabajadores que el gobierno pretenda vender como “obrerista” sus aumentos de salario cada tantos meses, a kilómetros de distancia del costo real de la vida, ¡que además aumenta diariamente! ¡Hoy para cubrir la canasta familiar de un mes hacen falta varias decenas de salarios mínimos mensuales! Y tampoco dice el gobierno que ha impuesto una política regresiva antiobrera de bonificación del salario: ¡70% del salario es el bono de alimentación!, es decir, casi tres cuartas partes del salario no tiene incidencia en las prestaciones, aguinaldos y vacaciones.
La consecuencia de todo esto es que gobierno y empresarios imponen un empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador, que tiene salarios de hambre (tanto en el Estado como en la empresa privada), una de las maneras más salvajes de hacer pagar la crisis a la clase trabajadora.
Por eso, en cuanto a los despidos, lo primero que hay que decir es que sí los ha habido, en el propio Estado, para muestra el ejemplo de Abastos Bicentenario, donde el año pasado despidieron centenares de padres y madres de familia. Sin embargo, si no hay oleada de despidos es, entre otras cosas, precisamente porque han abaratado al extremo la mano de obra, siendo hoy por hoy una de las más baratas del mundo, y porque de hecho hay un éxodo de miles y miles de trabajadores que renuncian y emigran huyendo de la miseria.
Por una política obrera independiente
¿Qué tiene que ver todo esto con que el gobierno enfrenta una supuesta “guerra económica” o que está aplicando políticas “socialistas”? Aquí lo que hay es un ajuste capitalista puro y duro. No hace falta, como dice la derecha –y parte del chavismo disidente– más capitalismo, “liberalizar” la economía o echarse a los brazos de un “rescate financiero” para endeudarnos más y profundizar el control de economía nacional por parte del capital imperialista. La única salida progresiva, para lo que ya es una necesidad de salvación popular, es un plan de emergencia obrero y popular que parta de atacar los intereses capitalistas, desarrollar la movilización de los trabajadores y el pueblo pobre para ponerse en pie de guerra contra el capital internacional usurero, la burguesía nacional parásita y ladrona, y este gobierno burgués corrupto y represor, en la perspectiva estratégica de un gobierno propio de los trabajadores.
Lo que presenciamos hoy es el dramático y contundente fracaso de un proyecto nacionalista burgués, autodenominado “socialismo del siglo XXI”, que prometía la “independencia” y el “desarrollo nacional” (con “justicia social”) mediante una asociación del Estado capitalista (dueño de la renta y actuando como empresario y banquero en determinadas áreas) con una hipotética burguesía “nacionalista” y “productiva”, y las inversiones de capitales transnacionales “aliados” o asimilados a la “plena soberanía petrolera”. Pero tal asociación resultó en un reforzamiento de la dependencia del país con respecto al capital internacional, y en una confabulación para un nuevo saqueo a la nación, por los múltiples lazos que unen a la burocracia estatal (civil y militar) a los intereses de una clase capitalista nacional que se ha constituido históricamente mediante la apropiación de la renta y la fuga de capitales, acomodada en su rol subordinado al capital imperialista, sin cuestionar tal estatus.
Lenin, el principal dirigente de la revolución obrera y campesina rusa, en un folleto para explicar de manera sencilla a los obreros rusos los fundamentos del marxismo, decía: “Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”.
Es un consejo de mucho valor para los trabajadores, más aún en circunstancias como esta, donde tanto el gobierno como la oposición, empresarios y “expertos” de cualquier color, ponen a circular ideas y “soluciones” cuya lógica es que, como siempre, los intereses de los empresarios y banqueros (nacionales y extranjeros) tengan prioridad sobre los de la clase trabajadora y los sectores populares, que sea el pueblo el que deba sacrificar (¡más!) sus necesidades.
Por eso es imprescindible la lucha por la independencia política de clase obrera, es decir, reconocer que estamos en una sociedad dividida en clases, donde las propuestas y soluciones no están guiadas nunca por un supuesto “interés general” o “interés del país”, sino por intereses de clase, y nosotros debemos no debemos dejarnos engañar por esas ilusiones, sino tener una política propia como clase, con independencia total de las variantes burguesas, bien que estén en el gobierno o en la oposición. Lo que se expresa hoy, entre otras cosas, en pelear contra este y cualquier otro que venga, por un plan de emergencia obrero y popular, que ponga por delante los intereses de los trabajadores y el pobre, contra la ferocidad con que la clase dominante y los políticos a su servicio vienen imponiéndonos sus intereses.
Ángel Arias
@angelariaslts
Notas
1. Hay quienes sostienen una interesante tesis relativa a que, siendo lo característico del neoliberalismo el “inmenso poder (del Estado) para garantizar que el proceso metabólico del capital opere sin mayor resistencia social”, las políticas del gobierno de Maduro encajan en lo que son las “terapia de shock” que preceden a la instauración de regímenes abiertamente neoliberales. Ver: Oly Millán, “Después del 20M: Venezuela en una misma Dirección”.
[1] Hay quienes sostienen una interesante tesis relativa a que, siendo lo característico del neoliberalismo el “inmenso poder (del Estado) para garantizar que el proceso metabólico del capital opere sin mayor resistencia social”, las políticas del gobierno de Maduro encajan en lo que son las “terapia de shock” que preceden a la instauración de regímenes abiertamente neoliberales. Ver: Oly Millán, “Después del 20M: Venezuela en una misma Dirección”.
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