El secretario de Energia es hoy uno de los funcionarios que más bronca y rechazo popular genera por su defensa incondicional de las empresas privatizadas. Lee acá su prontuario.
El ex ministro, y ahora secretario de Energía, Javier Iguacel, debe ser por estos días uno de los funcionarios más que más odio causa entre la población. No es para menos. Es que el hombre con tal de llevar adelante su misión de garantizar y cuidar las ganancias de las privatizas del gas, en detrimento del bolsillo de la mayoría de la población, no duda hasta en amenazar a los usuarios. “El que pagaba $ 3.000 va a pagar $ 6.000 o $ 9.000”, dijo en alusión a que esas tarifas serán las que tenga que afrontar la población de no prosperar el último aumento, que además será retroactivo, dispuesto a favor de las distribuidoras de gas para “compensarlas” por las pérdidas producto de la devaluación.
Suena gracioso porque la verdad es que si hay un sector de la población que sufre, y con creces el impacto de la devaluación, son los trabajadores y amplios sectores de la población cuyo poder adquisitivo se ha deteriorado profundamente, y lo seguirá haciendo, y no precisamente las empresas concesionarias de los servicios públicos que han obtenido ganancias millonarias, gracias a las subsidios estatales sin ningún tipo de control, y las tarifas dolarizadas.
La bronca popular no se hizo esperar. Estallaron las redes sociales con mensajes de indignación y hasta un abogado difundió por las redes un modelo de carta documento para rechazar este cobro extra en la factura de gas.
Muy lejos de estos padecimientos se encuentra Javier Iguacel.
¿Quién es Javier Iguacel?
Como era de preveer, Iguacel es uno de los tantos funcionarios que tuvo la suerte de formar parte del “mejor equipo de los últimos 50 años” sin ningún tipo de experiencia en la función pública previa y sí en cambio en el ámbito privado. Ocupó puestos directivos en empresas como YPF, Pluspetrol y Pecom. Es además accionista de YPF.
Sin dudas, esto explica su afán de actuar en beneficio de los empresarios y las ganancias de las corporaciones.
Su incursión en el mundo de la política (“pro-empresarial”) ocurrió en el 2015 y fue como candidato a intendente de Cambiemos en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento.
No puedo cumplir su sueño, ya que perdió frente a Oscar Ostoich, el candidato del Frente para la Victoria (FpV), pero a cambio fue recompensado por Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, que le otorgó el puesto de director de Validad Nacional.
Si bien fue poco el tiempo en el que ejerció ese cargo, lo que no fueron pocas son las “irregularidades” que cometió, por algunas de las cuales afronta varias denuncias en su contra, y los ataques que le propinó a los trabajadores de ese organismo.
La Izquierda Diario te cuenta lo que no sabes de Iguacel.
Tiene un patrimonio de $ 6 millones, acciones en YPF y más de $ 2 millones en cuentas offshore.
Al poco tiempo de asumir recibió una denuncia por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y usurpación de títulos” por haber designado a una persona allegada como miembro de la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, sin tener ningún título, ni matrícula habilitante. Por esta decisión la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPPSVN) presentó una denuncia penal en su contra por violar la Ley 25164 .
Durante el 2016, Iguacel fue denunciado por haber gastado, al menos $125.000 (ya que fueron presentadas cinco facturas de $25.000) de los fondos de Vialidad en concepto de “capacitación personal” en la Escuela de Arte de una actriz conocida.
En la factura se puede observar claramente que los servicios de “capacitación” son para el Ingeniero Javier Iguacel y que además, la factura está firmada por el mismo.
En el 2017, antes de dar el gran salto y pasar a ser funcionario nacional, se conoció un “error de cálculos” suyo que le costó a Vialidad (o sea al Estado nacional) más de $ 1.200 millones en una obra que tuvo que ser reparada antes de ponerse en funcionamiento. Es el puente ferroviario sobre la Ruta 5 en Luján que quedó “demasiado angosto”, por lo cual los trenes no podían pasar. Por este “error" tiene en su contra una denuncia penal.
Este podría ser denominado el lado "más banal” de Iguacel. Pero si hay alguien, además de los usuarios que sufren los constantes e impagables tarifazos, que viven en carne propia su lado “más bestial” son los trabajadores de Vialidad que enfrentaron su plan de desguace desde el cierre de las Escuelas Técnicas Viales hasta despidos injustificados e ilegales en el organismo. La insensibilidad de Iguacel llego al punto de enviar telegramas de despidos a personas con discapidad.
Los trabajadores de vialidad no solo denuncian los despidos llevados adelante durante su gestión. También denuncian los negociados que desde allí y bajo su órbitra se realizaron. Los mismos por lo cual Iguacel denunció a ex funcionarios kirchneristas.
Intentó entregar para el negocio inmobiliario organizado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, la sede de 1° Distrito Buenos Aires (General Paz y Emilio Castro) donde trabajan más de 450 compañeros, pero la la lucha de los viales, docentes y vecinos del barrio de Mataderos se lo impidió.
Estableció un aumento de los peajes de todas las rutas concesionadas desde los 90, al igual que los servicios públicos, y del cual la familia presidencial formó parte como uno de los principales actores como el gran curro en Autopistas del Sol.
Y por último, la entrega de los principales corredores viales del país, con peaje incluido, al negociado de las PPP (Participación Pública Privada) en el que están involucrados muchas empresas que aparecen en la llamada causa "de los cuadernos". Esta fue su última decisión antes de retirarse de Vialidad Nacional.
Fiel a su pasado empresarial, Iguacel hoy es el representante de los intereses empresariales en el Gobierno nacional. Y su actuación lo demuestra.
El Frente de Izquierda, a través de los diputados Nicolás del Caño y Nathalia Gonzalez Seligra, presentó un proyecto de ley para anular la impopular resolución de Iguacel.Plantean además que para acabar con los tarifazos de manera definitiva es necesaria la estatización de todos los servicios públicos y su funcionamiento bajo control de trabajadores, usuarios y expertos.
Celeste Vazquez
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