El anuncio de Alberto Fernández representa una nueva capitulación del gobierno ante el motín policial. Luego de quejarse sobre los modos de la protesta, concluyó anunciando una partida presupuestaria especial para atender los reclamos realizados por los efectivos de la policía bonaerense. El recule incluyó un reconocimiento sobre la “justeza” del reclamo, omitiendo que si de miseria salarial se trata la situación de la docencia y de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires y de todo el país es igual de grave. Sin embargo, para ellos no hay anuncio de ningún aumento ni partidas presupuestarias especiales, manteniéndose el congelamiento salarial impuesto por Kicillof y por el resto de los gobernadores con la completa anuencia del gobierno nacional.
Alberto Fernández llamó a deponer el motín, pero sin anunciar medidas disciplinarias ni penales para sus cabecillas. Acá también la actitud es muy diferente a la que se toma ante un reclamo de los trabajadores, que rápidamente es reprimido y sus dirigentes denunciados penalmente. Ahora mismo hay una orden judicial para desalojar la ocupación de tierras de Guernica donde miles de familias a la intemperie reclaman por un pedazo de tierra para construir allí su vivienda. Otro ejemplo es lo ocurrido en el Puerto de Buenos Aires, donde una acción represiva del gobierno nacional terminó encarcelando a trabajadores que reclamaban por su salario. Varios trabajadores que siguen detenidos están siendo trasladados a una unidad carcelaria.
El propio presidente señaló que nunca estuvo en peligro la institucionalidad, desmintiendo a los funcionarios del gobierno que salieron a reclamar apoyo ante un supuesto golpe de Estado. Omitieron que para que un motín se transforme en un golpe es necesario que lo respalde la clase capitalista. Sin embargo esta acaba de cerrar trato con el gobierno en una reestructuración de la deuda muy beneficiosa para los acreedores mientras el FMI sigue respaldando a los Fernández. Los Baradel y cia. que agitaron este fantasma golpista han quedado ahora mal parados. No pueden explicar por qué el gobierno les concede el reclamo salarial y menos aún por qué los trabajadores de la salud y de la educación no reciben un trato similar que los efectivos de la Bonaerense.
No caben dudas que detrás de todo motín policial se esconde el reclamo de impunidad para sus miembros. Esto es cierto especialmente para la policía bonaerense, que está en el banquillo de los acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. Sin embargo, el gobierno había cedido a este reclamo de impunidad mucho antes del motín. Berni primero y luego Alberto Fernández y Axel Kicillof se alinearon con la Bonaerense, negando su responsabilidad por el brutal crimen y anunciado luego los clásicos paquetes presupuestarios de reforzamiento del aparato represivo.
La quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, presentada en nombre de una distribución progresiva de los fondos coparticipables, esconde en realidad un ajuste que va en línea con los reclamos de austeridad fiscal que pide el FMI y que el gobierno ya está aplicando con salarios congelados y reducción del presupuesto público en múltiples áreas del gobierno. La “opulencia” no caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires, donde crece al igual que en todo el país quienes viven en villas, los trabajadores precarizados y con salarios de miseria. Una distribución progresiva de la renta nacional requiere aplicar impuestos progresivos a los capitalistas y el desconocimiento de la deuda usuraria.
La oposición de derecha representada por Juntos por el Cambio salió de entrada a bancar el motín policial destacando la justeza del reclamo, sin importar que allí donde gobiernan mantienen un régimen salarial de miseria para los trabajadores. La demagogia de este sector es el resultado de una política decidida en favor de un fortalecimiento del aparato represivo del Estado para enfrentar la gran crisis social que sacude al país. En ese sentido no tiene diferencias con el oficialismo, que opera en la misma dirección. Solo bajo la cuarentena las fuerzas de seguridad han consumado más de 100 asesinatos, el 40% de ellos en la provincia de Buenos Aires. Sobre este punto no hay grieta.
Resta aún conocer el anuncio concreto que realizará el gobernador Kicillof. Sabemos que ante las primeras medidas de protesta ya había concedido buena parte de los reclamos. Para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y de todo el país queda picando una conclusión de fondo: el gobierno está dispuesto a responder en velocidad récord los reclamos de las fuerzas represivas pero no los de la docencia, las enfermeras y enfermeros, los médicos o los trabajadores sociales y el resto de los estatales. De esta conclusión se deduce la necesidad de una acción independiente, por medio de autoconvocatorias para reclamar por la reapertura de paritarias, las jubilaciones, y presupuesto para la salud, la educación y la vivienda. Del mismo modo seguimos reclamando por el juicio y castigo a los responsables del crimen de Facundo, que se vaya Berni y que se deje sin efecto el desalojo de la toma de Guernica y se atienda el reclamo de las familias.
Gabriel Solano
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