Al cierre de esta nota, el motín de la Bonaerense se seguía extendiendo a pesar de la conferencia de prensa de Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, quien anunció esta mañana -flanqueado por Berni- “un aumento salarial importante para la policía en las próximas 48 horas”. La respuesta de los efectivos policiales fue continuar la protesta hasta que el gobierno defina el monto y Berni lo anuncie públicamente ante los uniformados. Lo que comenzó como un reclamo localizado y un petitorio policial en Almirante Brown, escaló hasta alcanzar a los principales municipios del conurbano entre estos La Matanza, Varela, Berazategui, Lomas de Zamora y las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría.
La crisis con la Bonaerense tiene un efecto cascada y varias aristas. Por lo pronto, y con los antecedentes recientes de movimientos similares en otras provincias, en particular Misiones, Mendoza, Santa Fe, la “rebelión policial” amenaza con convertirse en un conflicto nacional que termine colocando al gobierno de Alberto Fernández en el centro de la mira. A pesar de su sesgo reivindicativo (aumento de salarios y mejoras en las condiciones laborales), los motines en las fuerzas de seguridad son la evidencia de una descomposición más general del aparato estatal y de su columna vertebral que son las instituciones represivas. No por nada Frederic, la ministra de Seguridad nacional reculó en chancletas y negó que existiesen “motivaciones políticas” en las medidas dispuestas por la policía que “viene poniendo el hombro las 24 horas al día desde el comienzo de la pandemia”. Esto, después de haberlas cuestionado inicialmente por provocar “alarma en la población”. La vocera de Alberto Fernández se apresuró a declarar que la “democracia tiene una deuda con el bienestar policial” haciendo de la defensa de la Bonaerense una cuestión de Estado.
El golpe directo lo recibió el gobernador Kicillof, a pesar de su jugado apoyo a Berni y del “megaplán de seguridad” para la provincia de Buenos Aires. En la noche de ayer y la madrugada de hoy, familiares de policías, efectivos y “exonerados” de la fuerza se concentraron a metros de la gobernación de La Plata, mientras otros tantos lo hacían frente al Ministerio de Seguridad de la provincia. Los cortes de calles, como las protestas y cortes que continuaron este martes, tienen como propósito llevar a la calle la “retención de tareas” (retiro de vigilancia en los comercios y patrullajes) y la exigencia de una recomposición de salarios, entre otros reclamos. Para la cúpula de la Bonaerense que motoriza la “movida reivindicativa”, la acción directa está al servicio de una disputa por la redistribución de los fondos asignados por el gobierno nacional en el marco del “Plan de Seguridad” que destinaba un 70 % directamente a los municipios sin pasar por la cartera de Seguridad. Agitando el “retraso salarial”, la cúpula y el propio Berni quieren asegurarse el control y manejo de la parte de los 37.000 millones de pesos destinados a reforzar el aparato represivo.
Pero además, la “movilización de la Bonaerense” sale al cruce contra toda investigación y castigo a los policías ejecutores del asesinato de Facundo Astudillo Castro y pretende asociar su suerte a la de los responsables políticos de este crimen de Estado. Desde las altas cúpulas de la “maldita policía”, se dejó correr el motín como chantaje “golpista” contra toda movilización por el “Fuera Berni”, y para adelantarse a una purga menor meneada por el gobierno provincial, que buscase salvar a la podrida Bonaerense de conjunto, y a Berni en particular. Los Baradel que acusan un accionar destituyente no tienen la menor autoridad para hablar cuando han sostenido la continuidad del ministro derechista y cuartelero, y atacado a al Partido Obrero y a la izquierda por movilizarse por Justicia por Facundo y para desmantelar a la Bonaerense, que comanda el ministro protegido de Cristina Kirchner. El kirchnerismo puso a Berni y “empoderó” a la maldita policía, que ahora quiere ir por más.
En sus reclamos, la “familia policial” pide que Berni comparezca y anuncie un aumento de salarios que debería rondar el 30/40%. Carlos Bianco preparó el terreno por cuenta de Kicillof al declarar que desde tiempos de Vidal hay un retraso salarial del 30% que “debería recomponerse”. Si por un lado este reclamo de la policía compromete directamente a Berni, por el otro lo coloca en el centro de la escena desplazándolo a Kicillof que aparece como un cero a la izquierda en esta crisis. La función del “Kici” es la de amoldarse a la agenda de la derecha, como hizo con el ataque a las ocupaciones de tierras endilgándoles una motivación delictiva. En estos momentos, la justicia ha dado la orden de desalojo de la ocupación de tierras en Guernica, en la línea de las declaraciones de Kicillof sobre la “ilegalidad” de la misma, dando la espalda a la situación habitacional y de miseria social que se expande en toda la provincia.
Una consecuencia de la exigencia de “salariazo” policial en el marco de un enorme retraso salarial de los trabajadores (y cuando la ministra de Trabajo de la provincia, Mara Malec, reiteró por estos días que no están previstas paritarias ni aumentos de salarios por la crítica situación financiera de la provincia) será el avivamiento de los reclamos salariales de todos los trabajadores. Sobre todo cuando los aumentos de la policía de la provincia siempre estuvieron atados de una forma u otra a la paritaria docente, hoy suspendida sin aviso. Lo mismo ocurre con los estatales y los trabajadores de la salud, en la primera línea de fuego contra el coronavirus y con 17.000 contagiados en toda la provincia. Los 60 mil pesos de bolsillo que reclama la policía están muy lejos del salario promedio de los trabajadores bonaerenses. Mientras el gobierno ya ha anunciado un aumento para la policía, la burocracia sindical y el gobierno continúan en la línea de reventar el salario en todo el país. La cuestión de la extensión del conflicto salarial no solo se presenta con el resto de los estatales bonaerenses, sino con las policías de las demás provincias y a su turno con todos los estatales.
A Sergio Berni, el mismo que amenazó a los trabajadores que luchan por la tierra y la vivienda meterlos presos con el “Código Penal en la mano”, no se le movió un pelo a la hora de declarar la justeza de “una protesta policial que hay que saber escuchar”. El “Patricio Bullrich” de Cristina quiere colar la impunidad por el crimen de Facundo y la vía libre al gatillo fácil para continuar empoderando a la Bonaerense. El motín policial es otro capítulo de la crisis política en la provincia y de un gobierno nacional y provincial que se corre una y otra vez a la derecha. No hay por ahora acción destituyente contra los Fernández y Kicillof sino una crisis en el aparato de represivo de un Estado que se prepara para actuar con esa represión contra las masas.
Un aumento a la policía expondrá con mayor claridad la naturaleza capitalista de un régimen que le hace pagar la crisis a los trabajadores sacrificando los salarios y jubilaciones al FMI y a los fondos buitre mientras lubrica al aparato represivo para frenar la protesta popular. ¡Más que nunca, Fuera Berni y fuera la policía del gatillo fácil de los barrios! ¡Justicia por Facundo y por todas las víctimas de la represión policial y estatal! ¡Ninguna impunidad, comités de vecinos electos en asamblea para terminar con las zonas liberadas al delito, la trata y el narcotráfico!- Paritarias y aumento salarial ya para todos los trabajadores y un subsidio al desocupado no inferior a los 40.000 pesos.
Daniel Rapanelli
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