En su tercer día de “protestas”, el motín policial se extendió a toda la provincia y amenaza con ampliarse al Servicio Penitenciario Provincial, donde ya está circulando un petitorio similar al que dio inicio al conflicto con la Bonaerense. El “activismo” de los uniformados, que cortan las calles con los patrulleros en demostración de fuerza, contrasta con la desorientación de Kicillof y del gabinete provincial que demoran el anuncio oficial del aumento salarial para disimular lo que será una rendición completa y sin vueltas ante la “maldita policía”. Para despejar dudas, los voceros de la Bonaerense en los medios se desmarcaron de los “piqueteros” a los que están llamado a reprimir como “contraprestación laboral”.
Como sea, la presión de los intendentes es cada vez más fuerte para que el gobierno confirme lo que ya han anunciado públicamente: el 30% o 40 % de aumento que suena en los pasillos de la Gobernación y que el propio Berni hizo trascender a la “tropa”. Las pujas y choques internos de las camarillas oficiales de Estado, que son un dato del grado de descomposición, han emergido en el marco de la crisis. “Se sabe que muchos intendentes no digieren el estilo de Berni -al que le adjudican alto perfil y escasa gestión- y ni hablar del Ministerio de Seguridad nacional, donde ya arrastran un historial de choques en pocos meses. ‘Hizo todo mal. Se paseó por los canales hablando mal de su propia fuerza, diciendo que necesitaba gendarmes. Parecía que tenía tiempo hasta para hacer videos pero no para enterarse de lo que estaba pasando en la Bonaerense’, decían allí” (Página12, 9/9).
El kirchnerismo y sus burocracias oficiales se lanzaron a una campaña en las redes con el “Fuerza Axel” y amenazan con movilizaciones en defensa de “las instituciones”. La crisis abierta con la Bonaerense está siendo aprovechada por el kirchnerismo para agitar las aguas sobre “provocaciones destituyentes” de la derecha, pero siguiendo fieles al libreto cristinista de sostenerlo a Berni que hoy ha sido “ratificado” públicamente en su cargo y encubren la orden de desalojo a las 2.500 familias que mantienen la ocupación de tierras en Guernica. En resumen, el kirchnerismo hace olas para encubrir el recule sin atenuantes frente a los reclamos de la bonaerense.
Las frases contemporizadoras de Kicillof y Frederic, vocera de Alberto Fernández en la “crisis policial”, que parten de reconocer la “justeza” del reclamo de la Bonaerense responsabilizando a Vidal por el “atraso salarial” de la policía, contrastan con las acusaciones lanzadas contra los trabajadores que luchan por el derecho a la tierra y la vivienda.
Todas las declaraciones oficiales indican que en las próximas horas el gobierno tirará la toalla que ya sacó y mostró a la Bonaerense en señal de tregua. Los tiempos no son sin embargo eternos, ni siquiera para Berni, como lo demostró la rechifla de los policías al “jefe” de la policía provincial Daniel García en el propio búnker de la Bonaerense en La Matanza. Colocado en el centro del ring y a pesar del persistente encubrimiento a los asesinos de Facundo Castro, Sergio Berni, el “sponsor” del gatillo fácil y la doctrina Chocobar en la provincia, puede terminar como el cazador cazado si no logra imponer de inmediato el anuncio que exige la policía para levantar la “retención de tareas”. El fracaso de la política de Berni no puede ser más grande. El “empoderamiento” de la Bonaerense se le ha vuelto en contra. Lo que expone que el derrumbe del Estado ajustador es muy profundo: no pueden sostener a los propios custodios represivos de su política.
El otro punto clave en las exigencias policiales es la de la impunidad. Los voceros policiales han señalado que reclaman el cese de traslados y represalias. Naturalmente, los uniformados reclaman no ser “el chivo expiatorio” de la política represiva que surge de los más alto de la esfera estatal. “Los mandos de la bonaerense, cuya cabeza es el comisario Daniel Garcia, aducen que fueron políticamente desprotegidos por el gobierno provincial en el caso Astudillo Castro”(Clarín, 9/9). A pesar del encubrimiento montado por el Estado y denunciado por la familia de Facundo sobre el propio Berni, la policía exige vía libre.
Si continúa la huelga policial, deberá ser el gobierno nacional el que asuma el costo del desalojo y represión en la ocupación de tierras de Guernica, enviando a la Gendarmería. La “nacionalización” de la represión en la provincia de Buenos Aires forma parte ya del “megaplán de seguridad” y de la agenda que Alberto Fernández le quiere “arrebatar” a la derecha. Por otro lado, el “albertismo” trina porque era vox populi que se preparaba un amotinamiento de la “fuerza” en la provincia y que fue Berni el que dejó correr. Ahora, como un bumerang, es el propio Berni el blanco de ataque de los amotinados frente a las promesas incumplidas. Un sector de Juntos por el Cambio se ha montado en el reclamo de la Bonaerense y fogonea la solidaridad con el motín en un nuevo intento de polarización política con un gobierno que retrocede ante cada embate de la derecha. La parálisis de Kicillof lo ha vuelto a colocar como furgón de cola de Berni y a la rastra de la Bonaerense. Ya suenan las voces dentro del gobierno nacional que critican al kirchnerismo provincial por su “falta de manejo” ante el “justo reclamo de la policía”. Esta crisis ha vuelto a horadar al gobierno bicéfalo del Frente de Todos, a nueve meses de haber asumido.
Las “solicitadas” contra los “golpistas” de Baradel, la CTA y la Corriente Federal intentan evadir la responsabilidad del gobierno en la crisis. El kirchnerismo de conjunto y en primer lugar su jefa Cristina han quedado asociados al “megaplán” de seguridad que es más poder de fuego para la Bonaerense y los “destituyentes”. Por aquello de “cría cuervos”, la campaña por más patrulleros y más policía se volvió contra ellos. Los Yasky y los Baradel no pasan de las quejas porque, como todo el peronismo, necesitan del mantenimiento del aparato represivo para imponer el “pacto social” y el ataque a las condiciones de vida de los explotados en la Argentina. No es menor que los voceros de la “huelga policial” le enrostren a Baradel haber entregado la paritaria docente. El descrédito de la burocracia, adaptada por completo al ajuste de Kicillof y Alberto Fernández, es total y sin atenuantes. Como señalamos en Prensa Obrera, el motín de la Bonaerense tiene un efecto cascada, porque contrapone el aumento a la Bonaerense con la miseria salarial de los trabajadores y el congelamiento de las paritarias anunciado por Mara Malec, ministra de Trabajo de Kicillof. La diferencia con los docentes, médicos y demás estatales es que la Bonaerense vive de los negocios paralelos. En blanco, los “adicionales” que se cayeron con la suspensión del futbol, los recitales, las discotecas, etc. En negro, porque la pandemia afectó también a los “cárteles” del resto de los negocios sucios y el amparo policial. La caída de los negocios paralelos dejó al desnudo la miseria salarial policial como una más dentro de la miseria salarial de todo el Estado.
La demora en el anuncio del aumento salarial a la policía provincial no es solo una cuestión de oportunidad sino que está ligada también al derrumbe de las cuentas provinciales en un Estado bonaerense quebrado, fundido y en virtual default (el 11/9 Kicillof debería anunciar una reestructuración de deuda que difícilmente ocurra porque los buitres exigen mayores beneficios después del pacto colonial firmado por Guzmán en Nación). Prueba de esto es la emisión de bonos de cancelación de deuda por 15 mil millones de pesos por parte de Kicillof para el pago a proveedores, es decir, una especie de cuasimoneda frente a la imposibilidad de hacer frente a las deudas de la provincia. La debilidad del gobierno kirchnerista ante la Bonaerense trae cola y lesiona su capacidad de negociación en todos los planos, incluida la puja con los intendentes del PJ y Cambiemos que quieren acceso directo al “megaplán” y que se les asigne el 70% – por lo menos- de los fondos para seguridad.
El futuro político del cristinismo se medirá por la reacción y la evolución de los trabajadores frente a los “nacionales y populares” de Kicillof y la Cámpora. Llamamos a apoyar y defender los derechos de los ocupantes de Guernica y de todas las tomas. Para el jueves 11/9 está anunciada una protesta de la Cicop, a quien el gobierno le niega la segunda parte de la paritaria médica y un aumento de salarios a pesar de los 17.000 contagios de los profesionales de salud en la provincia. Todo el apoyo a las luchas de los trabajadores. Las reivindicaciones populares son inseparables de la defensa del derecho de organización de los explotados y de la independencia política frente a un gobierno y una oposición derechista que sostienen una agenda fondomonetarista para que la crisis la paguemos los trabajadores.
La lucha por Justicia por Facundo, por el desmantelamiento de la Bonaerense y para que se vaya Berni con la movilización popular, ponen a la orden del día la convocatoria al Plenario Nacional Antirrepresivo y le darán una actualidad completa a las jornadas del 16 de septiembre por la Noche de los Lápices y del 18 por Julio López. La jornada del 17 de setiembre llamada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, a su vez, colocará en la calle los reclamos populares de los trabajadores frente al ajuste del gobierno, las patronales y el FMI. ¡Fuera Berni! ¡Viva la lucha de los trabajadores por la tierra y la vivienda.
Daniel Rapanelli
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