El genocida Gilberto Vázquez detenido tras su fuga
El “descubrimiento” de viejas confesiones del genocida Gilberto Vázquez instaló nuevamente a luz pública el terrorismo de Estado practicado por las Fuerzas Armadas y sus aliados durante la dictadura uruguaya. También muestra las ramificaciones de la impunidad en el régimen político y la incidencia de actores como la actual formación de extrema derecha "Cabildo Abierto".
A partir de un pedido de información de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, el Ministerio de Defensa Nacional les entregó las actas del “Tribunal de Honor” del genocida Gilberto Vázquez, realizado en el año 2006 en ocasión de su resonante fuga en aquella época.
El contenido de las declaraciones pone de manifiesto una vez más los hechos de terrorismo de Estado cometidos por la dictadura, en palabras del propio Gilberto Vázquez: “tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé…”.
El segundo vuelo y el caso Soba
Gilberto Vázquez que fue miembro del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura, en sus confesiones reconoció que tuvo que ver con la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, hecho que el mismo Gilberto Vázquez negó en los procesos en los que fue imputado en el ámbito civil, a su vez reconoció la existencia de un segundo vuelo de la muerte también negado reiteradamente por los militares: “Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en la Argentina. Tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la Gelman…”
Todas confesiones que el citado tribunal no le prestó la menor importancia, como tampoco las autoridades civiles por las que hizo tránsito la citada acta. No son hechos inocentes sino que afectan directamente el proceso de lucha por la verdad histórica y la justicia.
Compromisos con la impunidad
Que dicha acta haya pasado 14 años archivada y olvidada, también denota una falta de voluntad e interés de las sucesivas autoridades en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y que además, durante ese periodo las autoridades se correspondan con una fuerza política auto identificada como de izquierda y que encima hasta el día de hoy las respuestas que se esgrimen frente a tales omisiones sean elusivas y auto justificadoras, todo esto habla por sí mismo de las “posiciones” y “prestigios” que intentan defender algunos.
Peor aún que estos tristes malabares, es el resultado de la defensa de un relato empobrecido y agujereado, funcional a los pactos de impunidad y “equilibrios” de poder de la “democracia” del Club Naval. La coronación de toda esta falta de voluntad política, más allá de puntuales avances de época, se hace presente en la continuidad de las FFAA de la dictadura con todos los privilegios de casta asociados como los “Tribunales de Honor”, las jubilaciones privilegiadas, la impunidad o en última instancia la cárcel vip y las prisiones domiciliarias, y por supuesto la negligencia ante el emerger político de Manini Ríos como caudillo de ese sector.
Deja vu, porque al igual que el año pasado, nuevamente alguien “inocentemente” no leyó lo que tenía que leer, porque de nuevo las actas de un medieval “Tribunal de Honor” de la casta militar exponen las zonas oscuras en la trama en que se desarrolla el régimen de la impunidad acordada y sus contradicciones emergentes.
La convivencia y complicidades con unas Fuerzas Armadas que toman con total naturalidad los delitos de lesa humanidad por ellas mismas cometidos y la complicidad institucional que sostienen, ocultando la verdad y protegiendo a sus “camaradas de armas”, basta leer las actas mencionadas para ver como los distintos integrantes de dichos “tribunales” demuestran su nulo interés ante el relato de las atrocidades confesadas por los integrantes de su propia orgánica a título institucional porque “seguían órdenes”.
“Tribunales de Honor”: un privilegio medieval
Este resurgir periódico de escándalos del régimen en torno a la impunidad, denota la nula voluntad de acabar con la misma de parte del espectro político, al que en realidad le interesa sostener los privilegios de casta de los militares. Privilegios que emergen cada tanto como aguas negras imposibles de contener, en forma de escándalo público.
Hace un año, en entrevista con La Izquierda Diario el abogado de DDHH Pablo Chargoña describía de la siguiente forma el privilegio de casta que significan los “Tribunales de Honor”: “…sin cuestionarse en su esencia. Se lo matiza en cuanto a sus atribuciones, pero sigue estando allí. Hace poco nos enterábamos que en España donde fueron creados en el siglo XIII o XIV (los tribunales de honor) han sido eliminados, precisamente porque las Fuerzas Armadas si van por un territorio de democratización o profesionalización, este tipo de tribunales entre pares son francamente inconvenientes. Y acá tenemos una situación en la que siguen estando y no hay fuerza política que cuestione su propia existencia.”
Y del significado que toman los “Tribunales de Honor” con respecto a la relación que el sistema político mantiene con la casta: “¿Por qué hay que cuestionar a los tribunales de honor? Porque constituyen en primer lugar un indicador de una casta militar, de un poder fáctico dentro de las Fuerzas Armadas. Este tipo de tribunales no existen en ninguna otra área del estado. Y esto habla de que las FFAA uruguayas son una entidad paraestatal, paralela, a la que el sistema político nunca ingresó.”
La guerra de relatos de Cabildo Abierto
Bajo esta situación, Cabildo Abierto que es el resultado final de esta política de Estado, juega ahora su rol (regalado por las otras fuerzas políticas) como legitimador del relato más rancio en defensa de la dictadura y su terrorismo de Estado.
Plantea una guerra de relatos, posicionándose como cuestionadores del actuar del Poder Judicial en los contados casos de imputación y condena contra criminales de lesa humanidad, arguyendo una supuesta “persecución de inocentes” enmarcada en la “intervención de intereses foráneos usando la bandera de los derechos humanos”.
Aprovechando décadas de protección y legitimación de la casta militar ven su oportunidad para la restauración de su relato nostálgico de la dictadura. Y como respuesta además, a la discusión pública sobre el pedido de desafuero sobre su líder Manini Ríos, imputado por omitir denunciar y comunicar al Poder Judicial la implicación de José Nino Gavazzo en el asesinato de Roberto Gomensoro, dado que Gavazzo había confesado en un “Tribunal de Honor” su implicación con el hecho.
Un escudero de Manini el senador Guillermo Domenech, recalcó con todavía más descaro la afirmación de este relato nostálgico, reconociendo y reivindicando su papel de funcionario de la dictadura para perseguir y destituir docentes por causas ideológicas. En sus propias palabras en respuesta al informe publicado en el diario La Diaria: "Pero sí puedo decir que si en ese dictamen lo que considero como ilegal es el adoctrinamiento o proselitismo político, puedo haberlo afirmado ayer, lo afirmo hoy y lo afirmaré mañana porque me parece infame que se pretenda adoctrinar a niños y adolescentes. Es un abuso de inferioridad de jóvenes, niños y adolescentes, que merecen formarse con un criterio propio y no un criterio impuesto por los docentes. Condené, condeno y condenaré el proselitismo político y el adoctrinamiento político en la enseñanza pública, que debe ser verdaderamente laica".
Otro ejemplo reciente es la publicación en su órgano de propaganda La Mañana de una entrevista a la viuda de otro criminal de la dictadura Miguel Dalmao. Donde ponen en duda el asesinato de Nibia Sabalsagaray y “denuncian” nuevamente de una persecución, utilizando incluso palabras del ex presidente José Mujica cuando fue a visitar a Dalmao al hospital, en palabras de la viuda: “Conversaron de todo, desde el caso a quién inventó la empanada, pero en un momento Mujica dijo “lo que pasa es que la Justicia está inclinada”. Intentando consolidar con esto el “relato” de que hay una conspiración para “perseguir inocentes” usando el Poder Judicial.
¡Acabar con la casta y sus privilegios!
A pesar de la guerra de relatos de Cabildo Abierto, que no es más que la culminación de la política de impunidad y privilegios a favor de la casta militar promovidos por todo el espectro político durante décadas, la puesta en escena de las declaraciones de Gilberto Vázquez confirman nuevamente lo que Cabildo Abierto intenta negar sistemáticamente: el terrorismo de Estado.
La existencia de los propios “Tribunales de Honor” es testimonio concreto de esos privilegios mantenidos por los sucesivos gobiernos de todos los colores. Así como también, la propia impunidad de buena parte de los crímenes que cometieron en los setentas, sus jubilaciones de privilegio (Caja Militar), las cárceles vip y los beneficios constantes de prisión domiciliaria, los altos salarios de la oficialidad, el oneroso presupuesto que se le destina al conjunto de las FFAA, entre otros.
El terrorismo de Estado y la descarada protección y defensa de las FFAA a los criminales que lo llevaron a cabo (basta ver la posición de los miembros de dichos tribunales en las citadas actas), son evidencia suficiente de la casta irreformable que son.
La lucha por la verdad y la justicia no admite compromiso de ningún tipo con la impunidad, compromisos que terminan garantizando los privilegios de casta como el “Tribunal de Honor” y la propia impunidad para muchos represores de la dictadura.
La exigencia no puede ser menos que acabar ya con los privilegios de la casta militar y por la eliminación de las FFAA, juzgamiento de todos los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado (que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben aunque Cabildo Abierto piense lo contrario), cárcel común y efectiva a todos los reos de lesa humanidad.
Por lo tanto, la lucha por la verdad, el juicio y el castigo a los represores de la dictadura, es opuesta a la política de régimen, que ha preservado a las FFAA con todos sus privilegios. Porque esa preservación ha sido para reafirmar el rol nefasto que cumplieron en el pasado en defensa de la clase dominante, es decir la muerte y el terror sobre la población trabajadora.
Sebastián Artigas
Lunes 31 de agosto | 14:37
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