Una crisis para nada "bonaerense"

Las manifestaciones y amotinamientos de la policía bonaerense pusieron de manifiesto una crisis en el mismo corazón del Estado. El aparato represivo de la provincia de Buenos Aires se ha declarado en rebeldía cuando todas las consecuencias lacerantes de la pandemia -y de la crisis social que la precedió- salen a la luz. La bonaerense se amotina en medio de las ocupaciones de tierras; los colapsos hospitalarios y el delito que cabalga arriba de la descomposición social, incluyendo a los femicidios.
La cuestión de los salarios policiales se ha agravado, según denuncian sus efectivos, porque la pandemia paralizó muchas de las actividades que se contabilizan como adicionales, comenzando por la vigilancia en los estadios de fútbol. La protesta por el básico “pelado”, por lo tanto, vuelve a poner de manifiesto la completa privatización de la función policial, donde el ingreso de los agentes es cubierto por las cajas paralelas, las legales y las otras.
El desplante policial parece alcanzar a Sergio Berni, a quien los uniformados le reprochan pasarse más tiempo en la televisión que en “el terreno”. Es posible que entre los padrinos políticos se encuentren varios intendentes de la provincia, los cuales, en medio del derrumbe económico y social, buscan su propio rescate, incluyendo el de la “seguridad”. Como muestra de ello, estalló otra insurgencia, la del intendente radical de Tandil, que pretende imponer sus propias pautas de aislamiento obligatorio. La fractura de los acuerdos de cuarentena, junto a la rebelión policial, entrañan un principio de desintegración del Estado.
Berni y Kicillof ya le han asegurado un aumento salarial a la bonaerense, que sería anunciado este viernes como parte del nuevo “plan de seguridad” del distrito. No está claro, sin embargo, si la promesa sofocará la crisis. Tampoco se conoce el conjunto del “pliego” en negociación, en momentos en que la bonaerense está en la picota por numerosos casos de prepotencia policial, comenzando por el de Facundo Castro. El amotinamiento también es una advertencia en este punto.
La concesión salarial a la bonaerense implica un reforzamiento de su capacidad de represión contra el pueblo, cuando los explotadores de toda laya exigen arrasar con los ocupantes de tierras. Se trata también de una promesa de impunidad sobre los crímenes perpetrados. Ninguna reivindicación policial es “popular” o progresiva si no va acompañada del rechazo a reprimir al pueblo, y el repudio a los atropellos cometidos.
Al mismo tiempo, la crisis policial pone de manifiesto que el maltrecho régimen social y político de la pandemia, el pago de la deuda y la catástrofe sanitaria es incapaz siquiera de conformar al aparato de represión encargado de defenderlo.
Los trabajadores de la provincia y del país deben tomar nota de este choque, y abrirles paso a sus aspiraciones. Desde el punto de vista salarial, el reclamo policial no tiene nada que “envidiarle” al de las enfermeras, maestras o estatales –la concesión a los policías puede instalar un reclamo salarial generalizado. Hay que estar atentos a ello y a la defensa de las libertades –ningún desalojo, derecho a la vivienda sin condiciones, justicia por Facundo.

Marcelo Ramal
08/09/2020