El argumento central de los defensores de la instalación de las petroleras es que, en un país atrasado y sumido en la desocupación, los proyectos productivos como estos no deberían rechazarse. Caracterizan al rechazo a los mismos, en algunos casos, como un factor de retraso, que impide el progreso tecnológico, o lo ridiculizan sosteniendo que impediría la producción energética. En el caso de la producción petrolera, plantean, además, que se lleva adelante en todo el mundo en forma off shore y que los niveles de seguridad han mejorado. Más en general, adscriben a que la oposición a estos proyectos partiría de un “ecologismo bobo” que se opondría por el sólo gusto de oponerse a este tipo de emprendimientos.
La exploración off shore y el impacto ambiental
Lo que han ignorado todos estos argumentos, en primer lugar, es que la exploración y explotación off shore está siendo prohibida en numerosos países, tanto por los riesgos de desastres ambientales, cuando se explotan plataformas submarinas, como por el daño que produce la exploración llamada “sísmica”. En Groenlandia, Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda o España, entre otros, se prohibió la exploración o bien se tomaron medidas tendientes a ir reduciendo la explotación hasta terminar con ellas. Los motivos no son solamente los daños que produce este tipo de exploración, sino además la presión en favor de las energías alternativas frente al calentamiento global.
En realidad, el primer daño ambiental que se produce y resulta ineludible es el daño producto de la exploración “sísmica”. Este tipo de exploración se basa en bombardeos para lograr ondas sísmicas y medir la velocidad de refracción de las ondas. Como lo han denunciado diferentes organizaciones y quedó de manifiesto en la audiencia pública convocada por el gobierno para analizar el proyecto de exploración petrolera en la costa argentina, el ruido proveniente de las explosiones permanentes en largos períodos de tiempo, altera la fauna marina produciendo enormes golpes a sus ecosistemas.
Según el Instituto de Conservación de Ballenas, “el sonido emitido por los cañones en las prospecciones sísmicas alcanza niveles de 215-230 decibeles (incluso mayores) y pueden alcanzar una distancia de 4.000 km. Este ruido supera ampliamente el umbral de dolor en humanos (120 dB) y el nivel límite de intensidad sonora que puede producir daños fisiológicos irreversibles en ballenas y delfines (180 dB)”. La misma entidad denuncia que este método se lleva adelante en zonas de gran importancia desde el punto de vista de sus ecosistemas marinos y daña a toda la fauna, de diferentes formas.
Para el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, en cambio, el impacto de estas ondas es “leve”. El Estado, a la hora de la evaluación de impacto ambiental y de acuerdo a la Ley General de Ambiente, toma como base el estudio de impacto ambiental presentado por el privado involucrado en el emprendimiento. O sea, no elabora un estudio propio, que podría estar en manos de universidades nacionales o de la comunidad científica. En este caso, el estudio de impacto ambiental fue elaborado por Serman y Asociados, contratada por la compañía Equinor. La contratación de esta empresa es un dato en sí mismo, dado que la misma se especializa, justamente, en elaborar estudios de impacto ambientales para diferentes emprendimientos que conllevan riesgo ambiental. Por ejemplo, ha elaborado el cuestionado estudio de impacto ambiental para las represas de Santa Cruz, un caso que se encuentra en la Corte Suprema por la subestimación consciente del riesgo para los glaciares de la elevación del nivel del Lago Argentino.
El estudio de Serman y asociados fue debatido en la audiencia pública por organizaciones ambientales, cámaras pesqueras, la Universidad Nacional del Centro, entre otros. Recientemente en las audiencias públicas que organizó la provincia sobre obras en el Río Luján y el Arroyo Morón, varios especialistas criticaron los estudios de impacto realizados por la misma consultora.
Aclaración: los estudios de impacto siempre los hacen las empresas, es decir, le pagan a las consultoras. Así lo exige la ley, están siempre a cargo de las empresas que van a hacer la obra.
Los riesgos de la explotación
Un segundo problema vinculado estrechamente al anterior son los riesgos de desastre una vez puesta en marcha la explotación. En este punto, los defensores del proyecto sostienen que se ha avanzado en regulaciones que hacen que el riesgo de accidentes en la industria petrolera off shore haya disminuido. Como ejemplo, muestran las playas cercanas a exploraciones off shore como si fueran paraísos. Sin embargo, los datos no dicen lo mismo.
En primer lugar, el estudio presentado en la audiencia de impacto ambiental por la Universidad Nacional del Centro caracteriza como alto el riesgo de pérdidas en las explotaciones petroleras off shore. Los riesgos de fugas relativamente menores son prácticamente inevitables. Pero incluso descontando estos incidentes “menores” el riesgo de desastre debe tener en cuenta que los costos eventuales son gigantescos. En el desastre del golfo de México, por ejemplo, del “deep water horizon” con responsabilidad de British Petroleum y Halliburton, la contaminación alcanzó a 2.000 kilómetros de costa. El costo en materia de muerte de la fauna marina fue incalculable. Son daños no compensables económicamente: se calcula que murieron, por ejemplo, un millón de aves. La población de delfines tardará décadas en recuperarse.
Una explotación que comienza, de parte del Estado, con un estudio de impacto ambiental privado que minimiza totalmente los riesgos de la exploración, ¿Cómo controlará la producción? Los apologistas del proyecto nada dicen al respecto. Que estos argumentos no son meramente hipotéticos lo demuestra el derrame producido en el mes de diciembre en Río Negro, que volcó más de 3.000 metros cúbicos de petróleo cerca del yacimiento Medanito, sin que se conozca hasta ahora la cadena de responsabilidades ni las sanciones por la pérdida.
De semicolonia a basurero
En realidad, para el sector que defiende la explotación a cargo de Equinor todo esto es relativamente secundario, porque de lo que se trata es de desarrollar una perspectiva de crecimiento económico, fundando los argumentos en que Argentina “no crece” y que hay que aprovechar estas “oportunidades”.
En realidad lo que están defendiendo es un esquema semicolonial de saqueo, que, en este caso, tiene que ver con la asociación empresarial de YPF con Equinor y Shell. Mientras habilitaba la exploración, el gobierno bajó las regalías para los futuros proyectos a 6% en los primeros 10 años de concesión de la explotación. Los acuerdos de YPF con Equinor tienen los antecedentes de los tratados secretos con Repsol (Acuerdo con Chevron en 2013) para explotar Vaca Muerta, sobre la base de un esquema de sociedades secretas para garantizar la remesa de utilidades y la fuga de divisas. Presentar estos acuerdos de naturaleza colonial como una expresión de desarrollo independiente del país es verdaderamente una impostura.
Pero además, está totalmente ausente un balance honesto de todo el ciclo económico de las últimas décadas en la Argentina. La soja, el desarrollo de Vaca Muerta, la megaminería alimentaron un esquema de negocios en el cual la generación de divisas fue a parar a la fuga de capitales o el pago de la deuda. En cambio, los pasivos ambientales son asumidos integralmente por el país, que sufre hoy una baja histórica de los ríos, la sequía e incendios en 11 provincias, los derrames de cianuro regulares de las mineras, entre otras catástrofes. Mientras tanto, se desarrolló a fondo la pobreza y la indigencia. Quienes sostienen que el proyecto ayudará a equilibrar la balanza de pagos omiten que en diciembre fue deficitaria; o sea, el país exporta más de lo que importa, pero que este superávit se va por la canilla de la fuga de capitales y la deuda.
Hacia una reorganización
La cuestión petrolera, por lo tanto, se conecta con todo un esquema económico que ha llevado a la Argentina a una crisis de dimensiones históricas. Más obviamente, tiene el trasfondo de la crisis ambiental mundial y el calentamiento global, que está llevando a una catástrofe ambiental. Está claro que hace falta una reorganización integral para quebrar el esquema económico semicolonial exportador-contaminante, y puesto al servicio del pago de la deuda; un esquema de sometimiento al imperialismo que refuerza la producción primarizada, y la condición de basurero de nuestro país.
Quebrar este esquema requiere el cese del pago de la deuda, adonde van los recursos generados por la economía extractiva, y quebrar el control del gran capital de los resortes económicos del país. Nacionalizar integralmente la energía y el comercio exterior, bajo control de las y los trabajadores, para poner en pie un plan de desarrollo en función de garantizar las necesidades de las masas, en consonancia con un plan de recuperación ambiental para frenar la catástrofe en curso.
Una perspectiva opuesta a la del gobierno, las petroleras y sus alcahuetes.
Juan García
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