La propuesta original consiste en traspasar el flujo de las cotizaciones a un nuevo organismo público que se encargaría de administrar los ahorros previsionales, aunque se les permitiría a los trabajadores continuar voluntariamente en las AFP. Contempla, al presente, aumentar en un 6% la cotización obligatoria con cargo al empleador y en forma gradual.
Este “periodo de transición” fue establecido en los acuerdos programáticos entre Boric, Yasna Provoste y MEO tras la primera vuelta presidencial, lo que sin duda “tranquilizó” al mercado y a los capitalistas. De hecho, el presidente del Grupo Sura señaló a este respecto que "confiamos que habrá una relación fluida entre el nuevo gobierno y el sector privado”, dejando en claro que seguirán siendo inversionistas a largo plazo mediante la confiscación del salario de los trabajadores.
Frente a la reforma previsional del régimen, planteamos la expropiación de las AFP, sin indemnización y bajo control de trabajadores y pensionados, por un sistema estatal único con aporte exclusivo de las patronales, donde el monto de las jubilaciones sea equivalente a la canasta familiar y esté indexado por la inflación.
Quiebra de LATAM: que la crisis la paguen los capitalistas
LATAM Chile, acogiéndose al Cap. 11 de la ley de quiebras de EE.UU., inició un proceso de “reestructuración” para continuar sus operaciones, detenidas por la pandemia, y pagar una deuda que asciende a unos US$8 mil millones, tanto a sus acreedores nacionales como extranjeros.
Entre los inversionistas locales se encuentran las AFP –cuyas acciones en mayo del 2020 correspondían al 15% de LATAM y que fueron vendiéndose a la baja-, las AFC por US$6 millones, y Banco Estado por US$500 millones –entre otros-. Por acogerse a esta Ley, LATAM pagará sólo el 19% del total de la deuda para quienes quedaron desgarantizados, o sea, los inversores locales mencionados, mientras que los inversionistas extranjeros garantizados recibirán pagos íntegros.
A este respecto, Jorge Said Yarur, uno de sus inversionistas “menores”, denuncia el pago en marzo de 2020, o sea, justo antes de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de un préstamo por US$40 millones que Inversiones Odisea Limitada realizó en 2016. Los dueños de esta empresa son los hijos de Piñera. Este pago anticipado se realizó para apaciguar la futura crisis política que se abriría cuando LATAM solicite el rescate financiero estatal para cubrir sus deudas.
Conscientes de esto, diputados de la DC solicitaron a la Superintendencia cinco informes para determinar cómo se han visto afectados los fondos de las AFP por las inversiones en acciones, bonos de deuda y otros instrumentos de LATAM que hoy se están diluyendo, reduciendo su valor comercial, o quedando con saldos insolutos; el monto de deuda de LATAM con las administradoras de manera desglosada por cada AFP y el impacto en las rentabilidades; el monto y porcentaje que están en riesgo de no ser pagado; las acciones que poseían hasta el 28 de febrero de 2020 y las que posee actualmente cada AFP en LATAM; las medidas de las AFP para resguardar los fondos por la insolvencia que afecta a LATAM y las recomendaciones entregadas por la Superintendencia a las AFP para el resguardo de los fondos de los afiliados.
En línea con lo anterior, ante la quiebra de LATAM planteamos su expropiación, sin pago de indemnización a sus dueños, bajo control obrero. También, el cese de los despidos y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, que en todos los países donde LATAM opera alcanza al 25% del personal. La unidad internacional de los trabajadores de LATAM, en este respecto, es fundamental.
Iniciativas populares de norma en la CC manteniendo los pilares del régimen
Si la Convención ofició todo su primer periodo de funcionamiento en base a acciones reglamentarias, con una presidencia que buscó neutralizar las demandas de la rebelión popular y lucha Mapuche, el gobierno de Boric buscará, por medio de este satélite estatal, cooptar a las organizaciones sociales con las “iniciativas populares de norma” vía online.
Para encarar este proceso, el 4 de enero la Convención cambiará su mesa directiva, cuyos escaños buscarán llenarse con independientes no neutrales, el PC y movimientos independientes del norte del país, dejando muy atrás el predominio temporario de la Lista del Pueblo.
Las iniciativas en curso, que deben contar con 15 mil firmas en la página web para iniciar su debate, son impulsadas mayormente por ONGs, centrales sindicales burocratizadas y escaños de Apruebo Dignidad, que tienen representación en la Convención, y tienen el objetivo de bloquear la deliberación política y la participación real de las masas en el proceso de reforma constitucional. La virtual participación ciudadana había sido precedida por convocatorias como el Congreso Educativo, los encuentros del Eje Sindical Constituyente, y grupos de mujeres y disidencias dirigidas por el PC y el FA.
La “tranquilidad de los mercados” y la “responsabilidad fiscal” que exige la burguesía se verá traducida, también, en el contenido de estas iniciativas. La derecha ha presentado aquellas que expresamente plantean la defensa de la propiedad privada. Impulsadas por la izquierda, destacan las referidas a las nacionalizaciones de los recursos naturales y minerales con pago de indemnizaciones y control estatal, como la que impulsa el MIT con una ONG, una Fundación, y sindicatos de la minería.Las demandas del 18 de octubre del fin a las AFP, de gratuidad en salud y educación, de aborto seguro, legal y gratuito, y de acceso a la vivienda, entre otras, encontrarán límites en el ajuste fiscal afectado por la crisis financiera y los rescates estatales –como es el caso de LATAM.
De todas formas, la carta orgánica que quede en limpio podría verse desguazada con la potencial figura del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema antes de su salida plebiscitaria, donde se velará por el cumplimiento de los términos del acuerdo de paz social de Piñera.
“Fue un voto contra Kast, no por Boric”, la premisa para un programa obrero y socialista
Gran parte del electorado que votó contra la avanzada fascista, y por defecto a Boric, fue del activismo independiente, de la vanguardia del movimiento obrero y de la izquierda revolucionaria. La delimitación política en el apoyo electoral deberá traducirse en una elaboración programática de la clase obrera. Con “la responsabilidad fiscal”, con una CC que garantizará los términos del acuerdo por la paz, y con reformas parciales que no responderán a las demandas vigentes del 18 de octubre, el gobierno de Boric planteará la subsistencia de los pilares del régimen.
El POR está convocando al conjunto de las y los luchadores a debatir la situación política, posicionarnos y desarrollar un programa. En esa perspectiva, planteamos la necesidad de un congreso de bases y la alternativa de la asamblea constituyente libre y soberana, hacia un gobierno obrero y socialista.
Adriana R. y Luciano Newen – Partido Obrero Revolucionario (Chile)
03/01/2022
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