Lázaro Báez y el operativo “arrepentimiento”. Panama Papers: el Congreso salva a Macri de dar explicaciones. Capitalistas y casta política nadando, juntos, en el barro de la corrupción.
Este miércoles la agenda política y mediática estuvo marcada por la continuidad y escalada de la “guerra sucia” que se desarrolla, de manera creciente, desde hace varias semanas.
Mientras las declaraciones de Lázaro Báez ante el juez Sebastián Cassanello eran difundidas casi por cadena nacional, la Cámara de Diputados de la Nación le entregaba un salvavidas de plata a Mauricio Macri, al rechazar la propuesta presentada por el Frente de Izquierda para que el presidente explique en ese recinto su relación con las cuentas en paraísos fiscales.
Mientras sufre tarifazos y despidos masivos, el país entero asiste al espectáculo impune de la casta política ligada al gran capital, hundida junto a ella en el barro de la corrupción y la impunidad.
“Lázaro, arrepiéntete”
La historia bíblica relata en el Nuevo Testamento como Cristo le devolvió la vida a Lázaro. La frase “levántate y anda” es, por ello, universalmente conocida.
Por estas horas, el conjunto del oficialismo, la “Corpo” mediática y una porción sustancial de la casta judicial operan bajo un apotegma similar: “Lázaro, declara y arrepiéntete”.
Este miércoles el fiscal Raúl Pleé volvió a reiterar que Báez podría acogerse a la “Ley del arrepentido”. Bajo esta norma –que el funcionario considera vigente- podría “colaborar” con la causa. Pleé, es preciso recordar, fue uno de los fiscales convocantes a la movilización a un mes de la muerte de Alberto Nisman. Se trata de un vocero y militante del ala más abiertamente anti-kirchnerista del “Partido Judicial”.
Por su parte, Elisa Carrió añadió el toque “moral” a esa presión, afirmando que “el peor castigo para Lázaro Báez es ver preso a su hijo”. El empresario de Santa Cruz podría “salvar” a Martín Báez si denuncia a sus verdaderos jefes. “Tiene que ir preso el poder mismo, no solo sus empleados” remató Carrió.
La “confesión” que se espera sería aquella que permita inculpar a más funcionarios del gobierno anterior. Pero parece harto evidente que un sector de la casta judicial y de la Corpo mediática apuntan directamente a Cristina Fernández de Kirchner que, según Graciela Ocaña, “podría ir presa”.
Esta línea política y editorial se conoció ayer temprano. En La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon definió la detención de Báez como el “camino más directo para llegar a los Kirchner”.
Pero en la primera jornada de declaraciones, la operación parece haber fracasado. Ni Lázaro Báez, ni su hijo Martín ni el contador Daniel Pérez Gadín declararon. A pesar de eso, aún estamos lejos de haber visto el fin de la operación “arrepentimiento”.
Un blindaje para Mauricio
Casi a la misma hora en que Báez se aprestaba a declarar, daba inicio la sesión de la Cámara Nacional de Diputados.
Allí, en una de las primeras votaciones, el bloque de Cambiemos, con aval massista y de otros partidos menores, rechazó el pedido presentado por Myriam Bregman (PTS/FIT) en nombre de la izquierda, para que Macri asistiera al Congreso a explicar su relación con las cuentas en paraísos fiscales reveladas por el informe Panama Papers. Ese pedido de la izquierda fue secundado en el recinto por los legisladores del kirchnerismo.
Sus diputados le evitaron a Macri tener que hacer lo que gran parte de la sociedad le exige: dar la cara y explicar porque y como era parte de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Con esta votación se busca además garantizar que toda la “investigación” quede a cargo de la Oficina Anticorrupción, presidida por Laura Alonso, la primera –pero no la mejor- defensora de Macri en la tarde del domingo pasado.
Se confirma así que los intentos de garantizar la impunidad al gran empresariado y sus negocios no fueron solo una “cuestión kirchnerista”, sino que abarcan al conjunto de los partidos políticos identificados los intereses del gran capital.
Pero el escándalo desatado por los Panama Papers no deja de crecer. La misma oposición que salvó a Macri de dar explicaciones en el Congreso –como el Frente Renovador- se ve obligada a pedir que el presidente apele a la cadena nacional para hacer su descargo ante el país.
Ayer también se conoció que un artículo del New York Times señalaba a Macri como uno de los más complicados a la luz de esas revelaciones. Lo paradójico fue el hecho de que diarios como Clarín y La Nación, acostumbrados a reproducir casi acríticamente ese tipo de notas durante el kirchnerismo, no tomaron nota del artículo en cuestión.
Lo que resultaba evidente no podía quedar sin consecuencias. Eduardo Barcesat, reconocido constitucionalista afín al kirchnerismo, denunciará penalmente a Macri. Afirmó que el hecho de constituir una sociedad offshore “al menos pretende evadir impuestos, y cuando ocurre este montaje, comete un delito de evasión fiscal agravada”.
Una corrupción sistémica
La “guerra sucia” entre oficialismo y oposición se libra en el terreno de las acusaciones mutuas. Acusaciones que ponen de manifiesto la podredumbre de un régimen político y social que no puede prescindir de la corrupción en sus múltiples formas.
Los amigos del poder cuentan con la bendición del mismo, tanto en el momento de iniciar los negocios como a la hora de protegerlos. El “capitalismo de amigos” del kirchnerismo solo tiene matices discursivos con el que ejerce el macrismo.
Que las denuncias de Lázaro Báez abran la posibilidad de implicar la cárcel para Cristina Fernández no es solo producto de una operación política sino también resultado de un sistema ampliamente ramificado de corrupción. Los nombres de Ricardo Jaime, Amado Boudou, Julio de Vido, Felisa Miceli y ahora Lázaro Báez, entre otros, son la expresión de un mecanismo de gobierno donde el enriquecimiento individual de múltiples funcionarios y amigos del poder, estuvo mediado por un discurso progresista.
Para el macrismo, el escándalo que revelan los Panama Papers pone en cuestión su discurso sobre la “transparencia”. La votación de ayer en la Cámara de Diputados tiene un valor casi estratégico, al quedar al desnudo, cada vez más, que gran parte de los funcionarios de la nueva administración figuran en las listas de los paraísos fiscales.
La corrupción es congénita al capitalismo. De allí que no puede ser combatida sin tocar de raíz sus verdaderas causas: el entrelazamiento completo del aparato estatal con los intereses de esa minoría social que constituye la clase capitalista.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
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