El “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social”, más conocido como Pacto Social, fue una medida económica y política que cruzó – aunque no sin tensiones– la orientación del gobierno peronista hasta junio del 75.
EN LOS primeros años de la década del 70, el país atravesaba una turbulenta situación política y económica, se generó un espiral inflacionario que empezaba a sentirse en los salarios y en las condiciones de vida de los trabajadores. Pero lo central era la creciente acción directa de las masas autoorganizadas e influidas por corrientes combativas y de izquierda, iniciada con el Cordobazo del 69. Eran parte de un movimiento revulsivo de alcance mundial que cuestionaban abiertamente al orden capitalista. Frente a una burguesía amenazada y un gobierno militar en retirada, el único que podía desviar la lucha de clases, por la vía electoral, era el viejo caudillo Juan Domingo Perón.
Perón, el ideólogo del Pacto Social
Perón, para apaciguar a los trabajadores, necesitaba de los dirigentes sindicales traidores que comenzaron a recuperar terreno perdido con el anuncio que hizo el gobierno del Pacto Social entre trabajadores y empresarios. Fue firmado el 6 de junio de 1973 por Rucci (representando a la CGT), Julio Broner (de la Confederación General Económica) y el gobierno nacional, de la mano del Ministro de Economía, José Gelbard, hombre de la burguesía nacional. Fue Perón quién diseñó el plan, aunque solo 2 semanas después regresaría definitivamente a Argentina. El objetivo era impulsar el consenso entre las diferentes facciones de la burguesía y las direcciones sindicales para descargar la crisis económica que se avecinaba sobre las espaldas de los trabajadores. Se acordaron precios y salarios, se congelaron las paritarias por dos años, se fijó un salario mínimo –muy por debajo del exigido por las organizaciones de base peronistas y de izquierda– y se fijó el aumento de los servicios básicos. Aunque Gelbard decía que se buscaba lograr “inflación cero”, el gobierno peronista quería encausar los reclamos de los trabajadores por vías institucionales y mantenerlos desmovilizados (bajo la disciplina de la CGT), a la vez que fortalecía a la cúpula sindical reconociéndola como única representante de los trabajadores.
El regreso de Perón demostró su inclinación hacia los sectores ortodoxos del peronismo y hacia a la burocracia. En septiembre de 1973 se terminó de producir el “cambio de mando” para que lleguen al poder Perón e Isabel, que confirman el Pacto Social como política de gobierno. A cambio de su lealtad, las cúpulas sindicales peronistas, tuvieron enormes beneficios: recibieron cargos públicos y el Congreso les aprobó la Ley de Asociaciones Profesionales (noviembre del 73) dándoles un poder casi total sobre sus sindicatos –bloqueándole el camino a cualquier oposición–; duplicando los tiempos de mandatos (de 2 a 4 años) y ahogando la democracia interna. Ya habían recibido un puesto estratégico en el gabinete de Cámpora: la cartera de Trabajo. Fue dirigida por Ricardo Otero, hombre de la UOM y de las 62 Organizaciones.
Rol de la burocracia sindical: garantizar el orden
La burocracia sindical se desarrolló como parte de una política de cooptación que tuvo la primera presidencia de Perón sobre los sindicatos. Con los años, éstos fueron creciendo tanto en cantidad de afiliados como en su poder de negociación con empresarios y con los gobiernos de turno. El manejo de la caja de los sindicatos y de las obras sociales fue la base de su poder material. Luego del Cordobazo, se multiplicaron las comisiones internas en las fábricas, integradas por militantes de izquierda y del peronismo combativo.
Comenzaron a disputarle a la cúpula sindical la dirección del movimiento obrero. Su rol, como garante del Pacto social, que prohibía las huelgas por salario, la hizo desprestigiarse enormemente ante los trabajadores que reclamaban el fin de la tregua, aunque no llegaron a romper con Perón ya que muchos mantenían sus ilusiones en el gobierno. El presidente salió a defender, en numerosas ocasiones, a sus leales hombres: “conozco a los dirigentes, no de ahora, sino desde hace treinta años. ¡Si sabré yo quiénes son los dirigentes! Tengo plena confianza en su honradez, honestidad y capacidad de esos hombres […] aunque algunos tontos digan que son burócratas” (Discurso en la CGT 13/12/73). Con la actualización del Acuerdo, que se hizo el 27 de marzo del 74, Perón volvió a inclinarse hacia los sindicalistas. Mientras la inflación crecía, y la crisis del petróleo se hacía sentir con fuerza llevando a las empresas a desobedecer el acuerdo, la burocracia intentó garantizar en soledad la tregua a través de sus ventajas ante la ley (frente a listas opositoras) y persiguiendo y asesinando a obreros combativos que resistían el Pacto Social a través de luchas antipatronales y antiburocráticas que se intensificaron durante esos meses en Villa Constitución, Córdoba y el cordón obrero de la Panamericana.
Rebeliones contra las patronales y contra la burocracia, pero que irán procesando la experiencia de cientos de miles de trabajadores con el gobierno peronista. Por eso, mientras fortalecía a la burocracia, Perón profundizará la represión sobre la vanguardia obrera. Muchos de los burócratas participaron de los grupos de tareas de la Triple A- creada por el propio Perón- o se encargaban de señalar a sus víctimas.
La JTP, rama sindical de Montoneros, no combatió abiertamente al Pacto ni se enfrentó a Perón. A pesar de la constante persecución, las experiencias de lucha acumuladas en esos años fueron grandes “escuelas de guerra” para los trabajadores que, a mediados del 75, impulsaron Coordinadoras en las grandes concentraciones obreras influenciando masivamente al movimiento obrero. Así obligaron a la burocracia peronista a salir de su inmovilismo y convocaron un paro general contra su propio gobierno para frenar el ajuste que querían imponer Rodrigo e Isabel. El Pacto Social había volado por los aires. Desbordado por el ascenso obrero y jaqueado por la crisis económica y política, el gobierno peronista profundizaría los planes de ajuste y la represión a la vanguardia obrera y la izquierda, abriendo definitivamente la puerta a la dictadura militar.
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Hoy en día, no se necesita ver el acta del nuevo Pacto Social para saber que las direcciones sindicales continúan siendo las garantes del ajuste a los trabajadores y de los negocios capitalistas. Esta vez pactaron por los $ 30.000 millones que adeuda el gobierno de las obras sociales de los sindicatos. Por eso la clave sigue siendo romper la tregua y pelear por recuperar los sindicatos para que sean independientes tanto del Estado como de los partidos patronales.
Claudia Ferri
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