La movilización kirchnerista contra la Corte Suprema tuvo un comienzo curioso: mientras el público reclamaba contra “la dictadura judicial”, la voz cantante del palco era copada por… un juez, el penalista Ramos Padilla. En definitiva, una camarilla judicial se enfrentaba con otra. Por lo demás, hace rato que el Frente de Todes y sus diferentes integrantes han sepultado en vida a la “democratización de la justicia” y otros slogans semejantes. Como expresión de ello, a la Plaza Lavalle sólo se acercaron quienes están en los márgenes del gobierno –como Boudou y D'Elía. Los diarios destacaron la ausencia de funcionarios o ministros, incluso de los cristinistas. Así las cosas, la marcha fue una operación de encubrimiento: en primer lugar, del impasse oficial frente a la justicia, y luego, de la propia desintegración del gobierno, en medio de la crisis de deuda y del acuerdo en puertas con el FMI.
Los que batieron el parche contra la Corte, en la tarde de ayer, saben mejor que nadie que carecen de la menor condición para zarandear el avispero judicial. Los Fernández no consiguieron siquiera remover al jefe de los fiscales, Casal, que es una rémora del malditomacrismo. Tampoco podrán frenar la tentativa de consagrar a un miembro de la Corte como presidente del consejo de la magistratura, después de que el máximo tribunal declarara inconstitucional al actual régimen de designación de jueces. Bajando todavía más las pretensiones, el gobierno ni siquiera tiene los votos para promover en el Congreso a un sustituto potable de la jueza Highton de Nolasco, recientemente retirada. En materia de “resultados”, los Cristóbal López y otros grupos capitalistas ya lograron las medidas absolutorias que le exigían a la “dictadura judicial”. Las cámaras de C5N le escatimaron minutos a la marcha de ayer –como se señaló repetidamente en las redes. En la crisis de gobierno, el canal de López ha tomado partido abiertamente por el tándem Alberto–Guzmán. La maldita Corte, por su parte, se ocupará de darle sustento a las medidas más confiscatorias del ajuste en curso, como la movilidad jubilatoria que dispuso el FdT en diciembre de 2019.
Llegado este punto, la ofensiva contra los jueces ha quedado reducida al propósito más llano de la camarilla kirchnerista, que es el de su propia impunidad. El destino de CFK en la justicia es aún incierto –una absolución definitiva se juega en la arena más general de la crisis política, y de la “responsabilidad” de los K frente a las exigencias fondomonetaristas.
La movilización de ayer fue un desfile de procesados, entre los que se destacaban los elementos más abyectos de la burocracia sindical, como el Caballo Suárez o el Pata Medina. Otras burocracias, como las del SMATA, que viene de otorgarle a la Toyota el pasaporte a la flexibilización laboral, también estuvieron, seguramente, en busca de su propio salvoconducto judicial. Lamentablemente, estos burócratas fueron caucionados por organizaciones de derechos humanos presentes, aun cuando la marcha no levantó una sola voz por los verdaderos luchadores procesados.
La marcha tuvo lugar en medio de la conmoción planteada por el acuerdo fondomonetarista y sus consecuencias sobre los trabajadores. Ni los oradores ni los dirigentes presentes aludieron a ella, aún cuando en su mayoría revistan en los supuestos “críticos” del acuerdo. Impotente respecto de la maldita justicia, la marcha sólo cumplió un papel distraccionista frente a la crisis política. Pero resultó reveladora sobre la política de los críticos “oficiales” al acuerdo con el Fondo: en momentos en que se prepara un cimbronazo contra los trabajadores, el kirchnerismo y sus agentes sindicales levantan una cortina de humo.
Marcelo Ramal
02/02/2022
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