La crisis política, desatada con los resultados en las Paso, ha acelerado el descalabro económico. El dólar minorista ya pasó los 60 pesos, a pesar de la intervención repetida del Banco Central en el mercado, erosionando las comprometidas reservas. El contado con liqui, en el que operan las grandes empresas para birlar el cepo y rige, por ende, gran parte del movimiento económico que se traslada a precios, ya está en 65 pesos. La recesión industrial marca el ritmo de cierres de empresas cotidianas, y la crisis de consumo es enorme, con récords en endeudamiento familiar y una caída histórica en el consumo de leche.
La salida de la bomba armada alrededor de las Leliq (que fueron a su vez el instrumento para desarmar una bomba financiera anterior, las Lebac) plantea una hiperinflación para licuar los montos a entregar o un bono coercitivo que se coloque a bancos o ahorristas, al estilo del plan Bonex de 1989. Es la previsión de un escenario de ese tipo la que está llevando a una salida creciente de los plazos fijos hacia el dólar. Un estudio reciente de la Universidad de Avellaneda muestra que si se mantuviera el ritmo de salida de los depósitos de septiembre se agotarían las reservas netas en menos de dos meses.
El carácter explosivo de la crisis ha obligado a Alberto Fernández a adelantar su programa de gobierno. Es inocultable la simpatía del virtual presidente Alberto Fernández por una nueva devaluación. Pretende que sea la base para una plataforma de exportación de nuestros recursos naturales para un supuesto relanzamiento del ciclo económico. Como contraparte ha lanzado un ambicioso plan de asistencialismo, acompañado por la Iglesia, grandes monopolios y dirigentes sociales alineados para mostrar la red reforzada de contención que acompañaría el ajustazo aún mayor que se prepara contra la población trabajadora. La distribución de alimentos donados por empresas y tarjetas alimentarias no presagia una “redistribución” sino una dádiva menor a los miles de indigentes que genera la política actual y que se multiplicarán.
Seduciendo al capital
Varios comentaristas han remarcado que la campaña del Frente de Todos no está centrada en la conquista del voto popular, que da por ganado en una proporción importante, sino en dar garantías a los sectores concentrados del capital. Estos días vieron un intenso trajín de sus candidatos por entidades agrarias, a quienes han prometido apoyo con créditos, con beneficios impositivos (Kicillof se autocriticó por la 125) y, sobre todo, dejando sin alterar todo el esquema de agronegocios dominado de semilla a puerto privado por el capital financiero y los monopolios internacionales. Esto se combina con el entusiasmo de la UIA por el compromiso de Alberto Fernández con su paper de reforma laboral y previsional.
El mayor empeño está colocado en las reuniones en Washington y Wall Street, donde se busca dar garantías del alineamiento político-militar con Estados Unidos, que reclama como condición para que se habilite un nuevo desembolso del FMI. Sergio Massa, socio de Rudolph Giuliani (abogado personal de Donald Trump) y enviado de Fernández para estos menesteres, fue categórico ante las consultas del Departamento de Estado en considerar que Venezuela era “una dictadura”. Su reivindicación de la línea negociadora del “grupo contacto” de Uruguay, México y la Unión Europea parte de condenar al gobierno de Maduro por “autoritario” y buscar su salida negociada. El compromiso asumido por su presunto canciller Felipe Solá para que Estados Unidos sea el primer país en visitar por el futuro presidente, va en el sentido del mismo alineamiento.
La relación de dominación imperial en el marco de la crisis capitalista en curso ya ha mostrado rigurosamente cómo hace de políticos que se presentan como nacionales y populares instrumentos de gobiernos de ajuste y de guerra contra las masas. Basta con mirar al comandante sandinista Daniel Ortega en Nicaragua o a Lenín Moreno de Ecuador, que intenta frenar con el ejército una verdadera sublevación obrera y campesina contra el ajuste que aplica a pedido del FMI.
Preparando el pacto de licuación salarial
El pacto social que implica congelar paritarias y desistir de cualquier reclamo sindical está en el centro de la agenda patronal que tejen Fernández y la UIA, junto a las distintas alas de la burocracia sindical. Su asesor económico estrella, Matías Kulfas, ya descartó, en estas horas, que los seis meses propuestos alcanzaran y habló de extender el pacto por dos años para dar el marco a una reactivación empresarial. La huelga de pilotos, enfrentada al unísono por la conciliación obligatoria dictada por el gobierno macrista y la ofensiva de Alberto Fernández, fue una primer muestra de los choques con el movimiento obrero que prefiguran estas pretensiones.
Todo el plan de gobierno exige una capacidad de arbitraje personal enorme de parte de un presidente que ha recibido números de votación plebiscitarios, pero que no tiene ninguna base política propia previa a la elección. El rechazo de la conducción actual de la CGT al reingreso de la CTA Yasky, promovida por Fernández, muestra un primer cortocircuito en el armado hacia el famoso pacto social. Fernández privilegia reforzar el ala moyano-kirchnerista para encabezar la CGT bajo su gobierno. Si estas tensiones terminan en la reunificación propuesta o en la enésima división de la central, lo único seguro es que los Daer y los Moyano se están disputando el favor del próximo presidente en función del reparto de cargos y el control de cajas (¡los fondos de las obras sociales!) y ninguna de las alas expresa los enormes reclamos obreros que resuenan al ritmo de la crisis nacional.
Las últimas elecciones locales no dan cuenta de una asimilación a los resultados del Frente de Todos en las Paso de agosto en cada provincia. La victoria del radical Rodolfo Suárez en Mendoza y la pole position ganada por el escurridizo Gustavo Sáenz en Salta -que cultiva adrede una ubicación política ambigua entre el peronismo y el PRO- adelantan que la relación con los gobernadores no será de alineamiento automático con la próxima Casa Rosada. Que Massa apoye a Sáenz contra el candidato de los F-F, muestra las grietas internas de la coalición conservadora que han constituido.
El macrismo, desahuciado y sin perspectivas de remontar el resultado nacional, se trata de reinventar con una especie de “larga marcha” bolsonarista, que mantenga movilizada a su base social, permita defender un bloque parlamentario significativo y retener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y prevenga de mayores fugas de dirigentes hacia otras fuerzas. Esta semana, Nicolás Massot, su último jefe de bloque en el Congreso, se ha dejado ver en Nueva York junto a Sergio Massa, en una muestra más de la preparación para un esquema político pos-macrista. Como parte del operativo de polarización, y para pelear los puntos pequeños pero necesarios que se fueron en las Paso a sus escisiones por derecha encabezadas por José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, el macrismo en campaña está haciendo un verdadero festival de planteos derechistas.
La alternativa de la izquierda y los trabajadores en las calles
El enorme acto del Frente de Izquierda-Unidad en la 9 de Julio (ver página 2) ha relanzado su campaña política con el método de la movilización, justamente cuando se quiere coartar a los trabajadores de expresar sus reclamos urgentes en las calles. Allí se expresaron los reclamos de las fábricas que, como Kimberly Clark, Ansabo y tantas más, se ocupan contra los despidos. Allí se expresó la rebelión chubutense contra el robo de los salarios de los estatales. Allí estuvieron los compañeros del Polo Obrero, protagonistas de los planes de lucha que colocaron el salto del hambre en la agenda nacional. Allí se expresaron los reclamos de la mujer que los lobbys religiosos han expulsado de las campañas patronales. También los reclamos ambientales frente a los candidatos promotores de la megaminería, el glifosato y el fracking como forma de “inserción en el mundo”.
Con la enorme repercusión del acto a nivel nacional e internacional, así como de los actos en paralelo en una decena de ciudades en todo el país, salimos al último tramo de campaña del FIT-U hacia las elecciones. La reafirmación de la línea de frente único, de ruptura con el FMI y de los planteos anticapitalistas, y por la independencia política de la clase obrera en las internas de Salta, le da mayor fuerza y cohesión a esta pelea, contra el sabotaje divisionista que expresa en las propias filas de la izquierda la presión de la polarización patronal.
El masivo Encuentro de Mujeres y diversidades sexuales que se prepara en La Plata para este fin de semana largo será un escenario central de esta disputa política. Allí se vivirá en forma concentrada la lucha política entre quienes están sacando las conclusiones de fondo de las luchas de masas encaradas en estos años y los cantos de sirena que prometen pelear por las reivindicaciones planteadas desde un lugar en el Estado al costo de dar apoyo político a quienes vienen sosteniendo un régimen de opresión y desistir de la lucha por nuestros objetivos.
En la pelea por una gran votación para el Frente de Izquierda y la defensa y ampliación de nuestras posiciones parlamentarias está contenida la pelea por reforzar un gran movimiento obrero, juvenil y de mujeres independiente del Estado en la próxima etapa, que pueda plantear, como salida a la crisis que atravesamos, un gobierno de trabajadores.
La rebelión en Ecuador contra el paquete de ajuste del FMI que pretendió introducir el presidente Lenín Moreno muestra los límites que colocan los trabajadores y explotados de América Latina para que se descargue la crisis capitalista sobre sus espaldas. Se plantea a escala continental la lucha para terminar con los régimenes del FMI.
Guillermo Kane
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