El movimiento piquetero colocó con sus acciones de lucha el problema de la pobreza en el centro de la agenda política
La pobreza pegó un gran salto en sólo doce meses. Con casi 16 millones de personas, tres millones más que un año atrás, los jóvenes son las principales víctimas. Pero la situación es más grave porque se trata de la foto del primer semestre de 2019. No refleja el impacto de la devaluación que estalló después de las Paso. Se estima que a fin de año estará en el 40% de la población.
La causa principal de este agravamiento se debe a la desvalorización de los salarios, jubilaciones, planes sociales, AUH y a los despidos. Los ingresos de los trabajadores tuvieron un incremento muy por debajo de la inflación. La pobreza no sólo se nutre de los nuevos desocupados, subocupados, sino de una legión mayor de asalariados.
La oposición, que salió a condenar al macrismo por este naufragio, oculta su responsabilidad en esta situación. Asistimos a un verdadero cogobierno estos años. Las más de 100 leyes antiobreras que se sancionaron no hubieran podido prosperar si no hubiera sido por el voto de los bloques de la oposición. El auge de la pobreza en el interior es superior, en muchos casos, a la media nacional. Los gobernadores pejotistas fueron socios del ajuste e incluso fueron más lejos que el gobierno nacional.
Ajuste a la “uruguaya”
Si algo han puesto en evidencia estos índices de pobreza es la incompatibilidad entre el sometimiento al FMI y las necesidades populares más apremiantes. El rescate del FMI a la banca y los fondos de inversión no evitó un nuevo default, pero terminó haciendo estragos en los bolsillos de los trabajadores. La deuda resulta una hipoteca insoportable e impagable, lo cual no ha sido un impedimento para que Alberto Fernández haya vuelto a reiterar su disposición y voluntad de honrar los compromisos de la misma.
El ganador de las Paso adelantó que se inclina por una renegociación de la deuda “a la uruguaya”. Matías Kulfas, que suena como el futuro ministro de Economía de Fernández, descartó, a su turno, un default unilateral y subrayó la necesidad de un acuerdo sensato y consensuado con los acreedores.
¿Qué es la salida “a la uruguaya”?
En mayo de 2003, Uruguay, bajo el gobierno de Jorge Batlle, logró la reestructuración “amistosa” del 40 por ciento de su deuda externa e interna, cuyo total tenía un volumen prácticamente equivalente a un año de su Producto Bruto. Esa renegociación significó una postergación de cinco años en el pago del capital que vencía, pero, mientras, se seguían pagando regularmente los intereses.
El acuerdo se considera “amistoso” porque los acreedores (el 95%) acordaron voluntariamente. Pero para el pueblo uruguayo no tuvo nada de amistoso, ya que la condición que pusieron es que el país tendría que alcanzar un superávit cercano al 4% del PBI -o sea, un ajuste descomunal. Los salarios estatales se congelaron durante varios años e incluso como no fue suficiente, llegó a haber reducciones del 10% sobre el salario nominal. De entrada, hubo una megadevaluación del 80 por ciento. El dólar pasó de 18 a 32 pesos. La confiscación llegó al bolsillo de los asalariados, tanto públicos como privados, mientras tenían lugar podas en el gasto social, en educación, salud y en materia jubilatoria.
Esta propuesta ha despertado el entusiasmo de algunos fondos de inversión. Se dice, incluso, que Alberto Fernández habría terminado de elaborar la propuesta en consulta con varios de ellos. El entusiasmo se explica, pues dichos fondos tienen colocadas sumas importantes en títulos y pretenden salir indemnes con las inversiones que realizaron.
Pero hay voces, en el propio mundo financiero y empresario, que ponen en duda que esto sea suficiente para que las cuentas cierren. Uno de los cuestionamientos principales proviene del propio FMI, que señala que con ese esquema se coloca en tela de juicio la capacidad de la Argentina de devolverle sus desembolsos. Los funcionarios del Fondo abogan por una quita. En el caso ucraniano, una de las renegociaciones más recientes, el FMI intervino activamente en un acuerdo que incluyó una poda del 20% del capital. Pero incluso en este caso, estaríamos ante un rescate de la deuda y un negocio fabuloso para fondos buitre, si tenemos presente que, en la actualidad, los títulos argentinos se cotizan al 45 o 50% de su valor nominal.
Una renegociación sin quitas está asentada más sobre una expresión de deseos que en la realidad. Aunque se postergaran los vencimientos de capital, si se suman los intereses que se pagan al sector privado y a los organismos multilaterales, requeriría pagar 11.000 millones de dólares de servicios de la deuda el año que viene y los siguientes. El país, sin embargo, tampoco dispondría de las divisas provenientes de sectores clave para hacer frente a los compromisos de la deuda. La apuesta del albertismo es fomentar fuertemente las exportaciones, montado sobre tres ejes: Vaca Muerta, el campo y la megaminería. En el caso de Vaca Muerta, a través de su asesor económico Guillermo Nielsen, Fernández ya definió su política: lo primero que haría sería una reducción de impuestos (lo que confirma que el superávit fiscal no se lograría con mayores tributos al capital sin con un ajuste sobre los trabajadores) pero, además, los pulpos petroleros que actúan en Vaca Muerta constituirán un fideicomiso en Nueva York, donde las empresas podrán depositar los dólares que les ingresen por las exportaciones que superen los índices actuales -o sea que les garantizan la fuga indiscriminada de capitales. Un modelo similar podría terminar de implementarse para el sector minero. En el caso de los exportadores agrícolas, rige la obligación de liquidar las divisas, pero las cerealeras vienen reteniendo los dólares.
Por otra parte, la lluvia de exportaciones y la eficacia de los planes devaluatorios son más que inciertas. Las tres devaluaciones últimas no repusieron la competitividad capitalista sino que acentuaron el descalabro económico. La situación actual es diferente a la que atravesó Néstor Kirchner al comienzo de su mandato, que empalmó con una onda ascendente de la economía mundial. Ahora, enfrentamos un escenario de guerra comercial y monetaria y un ciclo de devaluaciones competitivas, en un marco de desaceleración económica y en perspectiva a una nueva recesión mundial.
Pacto Social y reunificación de la CGT
La “salida a la uruguaya”, como se ve, está pedaleando en el aire. Lo único que queda firme es el ataque a las masas y sus condiciones de vida. Los elogios de Kicillof y Fernández al modelo portugués o a la renegociación uruguaya indican su perspectiva de promover una caída drástica del salario, una mayor precarización laboral y la liquidación del régimen previsional.
La función del pacto social que se viene enhebrando es hacer pasar este paquete antiobrero, que apunta a un congelamiento de precios y salarios mediante la suspensión de paritarias. El control de precios termina siendo una impostura, pues arranca recién luego de otorgar libertad a los capitales para remarcar sus productos.
La reunificación de la CGT que se está cocinando, está al servicio de este operativo. Hay tratativas febriles, que abarcan a todas las alas de la burocracia sindical, incluido el moyanismo y el kirchnerismo. La integración, en una dirección común con los “gordos”, del gremio camionero y el bancario viene siendo fogoneada por Fernández, pues la presencia de estos sectores es imprescindible para el éxito del encadenamiento del movimiento obrero al pacto social. Gran parte de la burocracia está demasiado quemada para garantizar la eficacia de los mecanismos de contención.
A este tren se ha subido también la CTA. Yasky anunció su voluntad de integrarse a la CGT. La CTA terminará yendo al pie de la burocracia tradicional. El anuncio es la culminación de un proceso de crisis y divisiones sucesivas. Este final pone en evidencia el fracaso de la centroizquierda y del progresismo en acabar con el “sindicalismo empresarial” mediante una central alternativa. La CTA ha terminado prisionera de sus ataduras a la política burguesa, cuya injerencia está en la base de cada una de sus escisiones. Una vez más ha quedado claro que la estructuración de una nueva dirección pasa por la expulsión de la burocracia de los sindicatos y es inseparable de la independencia política de los trabajadores y los métodos del clasismo.
Este dique de contención ya se viene ensayando ahora. Al llamado a abandonar las calles de Fernández se suma ahora su reclamo de que se levante la huelga de los pilotos aeronáuticos, que no tienen paritaria hace un año. En esta misma línea se ubican las imputaciones penales a “Chiquito” Belliboni y Oscar Kuperman, así como el pedido de cárcel para Nicolás Del Caño y Néstor Pitrola por parte de Hebe de Bonafini. Preparan la persecución a los sectores combativos y la represión de la protesta social. Esta política, en la que convergen oficialismo y oposición, muestra el verdadero contenido de la “unidad nacional” en torno del pacto social que se está urdiendo. Un sector de Cambiemos, encabezado por el radicalismo y que tiene como aliados y socios a Larreta y Vidal, prepara el posmacrismo y empieza a tantear un pacto de gobernabilidad con la casi segura presidencia pejotista.
Tenemos que explicar a los trabajadores que mientras Alberto Fernández llama a la inmovilidad al movimiento obrero ocupado y desocupado, no le ha planteado a la UIA, con quien se volvió a reunir, que deje de cerrar fábricas o de remarcar precios.
Romper con el FMI
Está a la vista que sin romper con el FMI, no se puede revertir la pobreza. En oposición a las salidas capitalistas en danza, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean medidas urgentes como la reapertura de las paritarias y los programas sociales y su duplicación, la prohibición de los despidos, el aumento salarial y de las jubilaciones de emergencia, la ocupación y continuidad de toda empresa que cierra. Y una reorganización económica, que parta de la ruptura con el FMI, dejar de usar los recursos nacionales para pagar una deuda usuraria que sólo financió la fuga de capitales, nacionalizar la banca y los recursos estratégicos, para que la crisis no la siga pagando el pueblo sino los que la generaron.
A la tregua y pacto social que cuenta con el concurso de la burocracia sindical, le oponemos la deliberación y la acción independiente de las bases. El Chubutazo, el acampe y movilización del movimiento piquetero, la ocupación de la papelera Kimberly Clark en defensa de su fuente de trabajo, de los obreros de Ansabo y Eitar, el paro aeronáutico, la lucha del Sutna por la reapertura de las paritarias, los paros que vienen protagonizando los Suteba combativos y Conadu Histórica ponen de relieve el potencial de lucha que anida en la filas de los trabajadores. Llamamos a impulsar un congreso de delegados con mandato de bases de todos los trabajadores ocupados y desocupados para votar un plan de lucha y un programa obrero de salida a la crisis.
En este contexto, la campaña electoral del FIT-U cobra especial relevancia: es un punto de apoyo para reforzar esta perspectiva, contribuir a una irrupción de los trabajadores y abrir paso a una salida propia de la clase obrera frente a la crisis nacional mediante un gobierno de trabajadores.
Pablo Heller
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