El senado mexicano aprobó a primera hora del miércoles la Reforma Energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y resistida por movimientos sociales y partidos de izquierda. Luego de 75 años, vuelve el fantasma de la privatización del petróleo en México.
Durante tres cuartos de siglo, el petróleo y todos los hidrocarburos mexicanos se mantuvieron bajo estricto control estatal. El presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, expropió a las empresas británicas y estadounidenses (British Petroleum y Shell principalmente) sus plantas de extracción y refinación en México y los puso en manos del Estado. Sin embargo, Cárdenas sabía que luego de que se resolvieran los conflictos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial las potencias habrían vuelto a poner fuertes presiones para volver a permitir la explotación de sus empresas en territorio mexicano. Es por eso que dio el estatus constitucional al nuevo panorama petrolero mexicano, plasmando en los artículos 27 y 28 la inajenabilidad de la extracción, refinación y distribución del crudo mexicano bajo la órbita de Petróleos de México (Pemex). Y luego, en los '60, se prohibió todo tipo de contrato con empresas privadas en el sector.
Pero el legado de Cárdenas trasciende la nacionalización de los hidrocarburos. Junto con Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, fue uno de los impulsores de la trasformación que sufrió el mundo sindical en algunos países del continente, con sus aciertos y errores. Tanto en México como los demás países, los sindicatos quedaron estrechamente ligados a la conducción política del Estado, formando enormes estructuras que no tardaron en familiarizarse con la burocratización de las esferas oficiales y la corrupción.
El caso de los petroleros mexicanos en este plano es paradigmático. La lucha por la estatización partió justamente de un inédito conflicto sindical (Shell y BP tenían prohibidas las organizaciones de trabajadores y alegaban falta de renta para aumentar salarios). Fue así que el rol de los trabajadores, luego del paso a manos estatales del monopolio petrolero, fue determinante. Sin embargo, también fue determinante en la historia de Pemex el reconocido nivel de corrupción sindical, uno de los principales males de la empresa que, junto con una serie de hechos desafortunados y malas gestiones, causaron la caída de la producción y el estancamiento de la empresa como motor de la economía mexicana.
Así y todo, del petróleo proviene el 40% de los fondos que posee el Estado federal y Pemex se mantiene en los primeros puestos de productividad a nivel mundial. Pero con reservas exploradas disponibles solamente por diez años más y un atraso tecnológico a la vista, la crisis en el sector energético ya era inevitable. Desde el 2009 a la fecha ha comenzado la debacle productiva de uno de los puntos estratégicos del Estado mexicano y desde entonces se llevan adelante propuestas para modificar su situación que encontraron su consolidación esta semana.
El miércoles de madrugada el senado mexicano dio media sanción a la Reforma Energética, presentada en agosto pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. El texto es apoyado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido de la Acción Nacional (PAN), y el Partido Verde Ecologista (PVEM). En total, estas fuerzas, suman los dos tercios del congreso, con lo cual el dictamen en la cámara alta aprobado por 95 votos contra 28, no fue ninguna sorpresa.
La reforma prevé cambiar justamente los artículos de la Constitución que prohíben la intervención privada en el sector petrolero. De obtener la aprobación definitiva en diputados, la ley comenzaría el proceso de modificación constitucional que necesita el respaldo de al menos 17 de los 32 Estados federales para cambiar la carta magna. A partir de allí, los capitales privados, especialmente extranjeros, tendrán la posibilidad de invertir en el petróleo mexicano para aportar a la “modernización de la economía” y, obviamente, sacar una tajada importante del negocio.
La fórmula elegida es la de los contratos de beneficios y producción compartidos. Es decir que si bien los hidrocarburos quedan en manos exclusivas del Estado, su explotación puede tener participación privada, a través de una inversión directa en proyectos concretos de los cuales se dividirían los beneficios obtenidos. La dirigencia de Pemex, fustigada por su corrupción interna, tendría entonces la posibilidad de negociar contratos de exploración y explotación de los recursos energéticos con las grandes multinacionales del sector, con la excusa de que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo de los costos que eso conlleva. Según el proyecto oficial, la refinación en México no sería rentable, justo en el momento en que los Estados Unidos triplicaron su capacidad de refinar crudo con respecto a hace 10 años atrás.
La oposición ha sido muy dura con el proyecto. Miles de personas encordonaron el Senado durante la discusión que duró más de 20 horas y culminó recién con las primeras horas de la mañana del miércoles. El Partido de la Revolución Democrática, de un tinte más progresista, se opuso ferozmente al proyecto y, además de votar en contra, suspendió la sesión con la toma de las gradas de la cámara alta durante unos instantes.
Diversas organizaciones que integran la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación (UPRN), así como los movimientos sociales que conformaron el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2008, movilizaron durante los últimos meses para frenar esta nueva reforma. En el último acto, el ex candidato a presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “una minoría sin escrúpulos, enajenada por la ambición material, luego de haberse quedado con las empresas públicas, los bancos, los ferrocarriles, las minas y otros bienes del pueblo y del país, buscan ahora apoderarse del sector energético nacional”.
Tanto López Obrador, como el PRD, así como las organizaciones que se oponen a la reforma, impulsan una consulta popular a realizarse en las elecciones de 2015 para definir el futuro de lo que definen como un nuevo intento privatizador de Peña Nieto
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