La generalización de los motines policiales a 17 provincias, con situaciones como las de Tucumán o Salta (entre otras), que repiten los hechos vividos en Córdoba la semana pasada y que ya produjeron cerca de 20 muertes; son una manifestación más del “fin de ciclo” político del kirchnerismo.
La mayoría de los gobiernos provinciales, avalados por el gobierno nacional, están otorgando de forma inmediata todos los reclamos de la corporación policial, siguiendo los pasos del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. Pese a esto, en muchas provincias, las protestas continúan y los uniformados aumentan su “pliego de reclamos”. No es solo la cuestión “salarial”, sino también exigen amnistías, impunidad y ascensos para fuerzas policiales que venían cuestionadas por su íntima relación con el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos y otros negocios ilegales. Venía quedando en evidencia ante la sociedad que las policías son las organizadoras del “gran delito” que está detrás del “pequeño delito”, ese que tanto agitan los gobiernos y los medios de comunicación en sus campañas de “seguridad” y que terminan en la demonización de los sectores más pobres de la población y en el fortalecimiento de los “criminales de uniforme” (amparados por el poder político y judicial).
En estos momentos dramáticos que vive el país, el gobierno se predispone a “festejar” los 30 años de democracia, con músicos y “acrobacia”, mientras cede ante apriete armado de una las instituciones más represivas del Estado. Los que se llenan la boca hablando de la democracia, mientras ceden todos los días ante las corporaciones económicas, hoy demuestran la bancarrota de su pseudo-democratismo, arrodillándose ante la prepotencia patotera de una de las corporaciones mafiosas y armadas de sus propio Estado.
El “modus operandi” de la mafia policial se repite a lo largo del país. Zonas liberadas e impulso coordinado de los primeros saqueos indiscriminados. En una situación social donde se mantienen altos niveles de pobreza y precarización laboral, agravados por la inflación creciente; el cuadro deriva en crisis que llevan al enfrentamiento de pobres contra pobres o de los sectores más vulnerables de la población trabajadora, con el resto de la clase obrera y las clases medias empobrecidas.
El chantaje armado de las fuerzas policiales busca de esta manera generar una base social de derecha y un re-prestigio, además de mejores condiciones para su función represiva. La escenas de linchamientos vistas en Córdoba, por parte de sectores de clases medias contra jóvenes de los barrios populares, basadas también en la cultura de la segregación social impulsada como política de estado; muestran lo peligroso y lo criminal de la operación política que lleva adelante uno de los principales brazos armados del estado.
El “partido policial”
Con la concesión de prácticamente todas las reivindicaciones de los policías, en el marco una protesta nacional, fortalecen el poder material y político que esta corporación ya venía obteniendo en los últimos años, en el marco de la crisis histórica del resto de las FFAA. Más allá de los resultados inmediatos de la crisis en curso, las policías logran un triunfo material y un reconocimiento como un nuevo y peligroso actor político nacional. Con este aval político, logrado con los métodos del “vandorismo policial” (“golpear para negociar”), esta corporación gana terreno. Incluso las concesiones del poder político, ante el chantaje de las policías, puede alentar también a las otras fuerzas armadas a intentar recuperar terreno (y puede abrir peligrosamente paso a intentos de actuar como un “partido policial”, de tutelaje del régimen político argentino).
Los efectos colaterales “no deseados”, como el impulso a la lucha que provocó en otros sectores estatales de trabajadores (como los de la salud de Córdoba), por la bronca ante la respuesta inmediata que tuvieron los uniformados, mientras cualquier conflicto normal de trabajadores nunca tiene esta resolución; no pueden soslayar este dato político que fortalece a un enemigo estratégico del movimiento obrero y los sectores populares y uno de los pilares del régimen y el estado capitalista argentino. El desprestigio con el que todavía cargan estas fuerzas (más escandalosamente en provincias como Santa Fe o Córdoba), es una “ventaja” que debe ser utilizada para impulsar la movilización, no sólo por el aumento de salarios (plus de fin de año y demandas similares), sino también contra la represión y la impunidad, contra la criminalización de la juventud y los sectores populares.
La izquierda y la clase obrera ante los motines policiales
El motín policial tuvo distintas respuestas en la izquierda, desde aquellos que “alegremente” toman el elemento de crisis del régimen y las luchas que desató en otros sectores de trabajadores, pero sin delimitarse claramente del chantaje policial; hasta aquellos que, como Vilma Ripoll, directamente le dan su apoyo y llaman al aumento de salario y a la sindicalización.
La extensión nacional de la protesta y los métodos (impulso al enfrentamiento de pobres contra pobres), dejan en evidencia la contradicción de aquellos que, desde la izquierda, han llamado a apoyar las huelgas y los reclamos policiales. Luego de su triunfo en Córdoba, la policía salió inmediatamente a la caza en los barrios populares, entrando ilegalmente a los hogares, con el objetivo presunto de “cumplir” con la orden de De La Sota, de recuperar las mercaderías. Ahora están mejor pertrechadas, con mejores condiciones y más salarios para salir a reprimir a la juventud y a los trabajadores, por ejemplo a aquellos que hoy tienen 11 hospitales tomados.
Frente a la crisis en curso la posición elemental de la que hay que partir es la de ningún apoyo a los motines policiales y la denuncia a todos los gobiernos patronales (sean oficialistas y opositores) que se han entregado ante el chantaje de los uniformados. No se puede dar apoyo a un movimiento que fortalece no solo materialmente a uno de los brazos armados del Estado, sino que además le da entidad de actor político. La negra trayectoria de las policías en la historia nacional, que tiene en su haber “hitos” como el Navarrazo en Córdoba, hasta su función esencial en la organización de la Triple A, debería ser una muestra suficiente para que algunos autodenominados “marxistas”, revean su posición de apoyo a estos motines.
No es casualidad que la posición de la burocracia sindical vaya desde la “prescindencia” al apoyo activo a los motines, como hizo el jefe del SMATA Omar Dragún en Córdoba, ladero del gobernador De la Sota. Su función “policial” y de contención del movimiento obrero, los “hermana” con la función de la policía en la sociedad.
La burocracia sindical es la que se está encargando de contener al movimiento obrero, en momentos en que la inflación crece cada día más; y permite que la crisis del régimen político y las debilidades que son producto del “fin de ciclo”, sean aprovechadas por derecha por las fuerzas policiales. Micheli de la CTA opositora habla tardíamente de la necesidad de un paro, sin oponerse claramente a los motines. Por esto se vuelve más urgente la recuperación de los sindicatos, para que la clase obrera pueda intervenir con su programa y sus métodos. Para imponer un paro que unifique todos los reclamos de los trabajadores a nivel nacional. Rechazando el chantaje policial, exigiendo un salario mínimo igual a la canasta familiar, ajustado por la inflación. Terminar con la precarización laboral. Reclamando por un plan de obras públicas para dar trabajo y vivienda a los sectores más necesitados. Y ante las necesidades inmediatas, hay que encauzar la lucha por alimentos y vivienda dirigiéndola hacia el poder político reclamando la entrega inmediata de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados del país bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y que trabajen en común y coordinadamente con las organizaciones obreras. Esto evitaría el método desesperado de los saqueos que son utilizados (y hasta impulsados) por la policía y en muchos casos llevan al enfrentamiento de pequeños comerciantes contra los pobres.
La vanguardia obrera, empezando por las agrupaciones clasistas y siguiendo con las comisiones internas, cuerpos de delegados y seccionales sindicales recuperadas por los trabajadores, las organizaciones estudiantiles combativas y pro-obreras, deben tomar esta perspectiva. Sólo clase obrera, acompañando y acaudillando al resto de los sectores oprimidos y el pueblo pobre, sobre que el “opera” impunemente la policía, puede dar una salida progresiva a la crisis a la que está llevando al país, la mafia policial.
Fernando Rosso
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