Con más de 30 muertos y 2 mil infectados, Brasil se ha convertido en el país latinoamericano más afectado por el coronavirus. Y si bien el gobierno de Jair Bolsonaro ha dictado el estado de calamidad pública, que le permite burlar las metas de déficit fiscal para contar con mayores recursos materiales, hasta el día de hoy se niega a reconocer el alcance catastrófico que puede tener la crisis y se niega a aplicar las medidas necesarias para enfrentarlo.
La tosudez del gobierno frente a la enfermedad no ha obstado para que se lance a un rescate de las patronales, toda vez que la pandemia va a producir estragos económicos. Este lunes, Bolsonaro habilitó a las empresas a dejar de pagar los sueldos por hasta cuatro meses y suspender los contratos de trabajo, anticipar vacaciones, computar la cuarentena como parte de un banco de horas (o sea, que ésta deba ser compensada con futuras jornadas superextenuantes de trabajo) y todo un tropel complementario de medidas antiobreras.
Pese a que Bolsonaro debió recular en pocas horas en el primero de los puntos, debido a la conmoción popular que provocaron los anuncios, siguen en pie el resto de los ataques. Además, sin esperar ninguna normativa, las patronales ya se han lanzado a una poda brutal del salario. En la misma línea, el Ministerio de Economía autorizó una rebaja salarial del 20% de los trabajadores estatales durante la pandemia.
El gobierno brasileño busca transferir la crisis sobre los hombros de los explotados. La pandemia ha barrido con las promesas oficiales de un despegue económico. Se estima que el PBI brasileño se puede contraer hasta 10% en el año. La Bolsa es la que ha sufrido la mayor caída del mundo: un 52% en dólares con respecto de enero, en tanto que el real se cotiza arriba de las 5 unidades por dólar, siendo una de las monedas que más se devaluó junto al peso mexicano, el rublo y la corona noruega (Brasil 247, 23/3).
La pandemia ha agravado también la crisis política. Bolsonaro protagonizó durísimos choques públicos con los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro (ambos de derecha), que han lanzado por su cuenta las medidas de cuarentena que el ex capitán de navío resiste. Estos mandatarios cuidan su propia supervivencia ante una situación de crisis extrema.
También se han agudizado los choques entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El 15 de marzo pasado, Bolsonaro participó de un acto en Brasilia, donde se reclamó el cierre del Parlamento, y que sólo reunió un puñado de seguidores debido a la pandemia. Pese al fracaso de la medida, mostró las tendencias bonapartistas que caracterizan al gobierno actual. Los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre (ambos de Demócratas, una formación de “centro”), cruzaron a Bolsonaro tanto por el acto como por la gestión frente al virus.
En este contexto de crisis del gobierno, hay sectores del PT que están impulsando un acuerdo “amplio” contra Bolsonaro. El ex canciller Celso Amorim, por ejemplo, propulsa un frente opositor junto a sectores de la izquierda y del “centro”. “El PT se tiene que abrir”, le dijo a La Nación (23/3). Con un acuerdo de estas características, el PT se postularía como relevo político ante la crisis y buscaría reconquistar el apoyo de las grandes empresas, aunque al precio de anudar un acuerdo con algunas de las fuerzas que impulsaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Sería un sinsentido: “salvar a la democracia” en un frente con golpistas.
Las masas
La desastrosa gestión frente al coronavirus ha disparado el repudio popular contra el gobierno. Este ha adoptado la forma de cacerolazos masivos en los que repiquetea la consigna “Fuera Bolsonaro”.
El movimiento obrero, pese a que ha sido golpeado por una serie de derrotas (imposición de la reforma previsional, despidos masivos en el petróleo), ha salido a defender sus reivindicaciones ante la crisis. Los metalúrgicos del ABC han ido a la huelga y arrancaron en varias plantas la licencia remunerada. Los trabajadores de los call centers, que realizan sus labores hacinados y en condiciones muy propicias para el contagio, han protagonizado protestas en los lugares de trabajo de varias ciudades que desafían la “esencialidad” dictada por el gobierno de Bolsonaro y el despotismo patronal. Entre los petroleros crece el malestar, pues no se han paralizado las actividades no esenciales.
En estas condiciones, el principal freno a la lucha de las masas lo constituyen las direcciones sindicales. La CUT, ligada al PT, ha impulsado una declaración junto a otras centrales (como Fuerza Sindical, CTB y UGT) que cuestiona las últimas medidas de Bolsonaro, pero no plantea ningún plan de lucha ni reclama la suspensión de las actividades no esenciales. Dicha declaración pone el centro de gravedad en una exhortación a las mismas instituciones del régimen. “Que el Congreso Nacional asuma el protagonismo”, demanda. Pero buena parte de ese Congreso es el mismo que votó la destitución de Rousseff y está completamente manchado por los sobornos.
Es necesario un programa obrero frente a la crisis, como parte de la lucha para echar a Bolsonaro-Guedes y su plan de guerra contra las masas.
Gustavo Montenegro
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