Huelgas, corte de rutas, conformación de una “aduana social”, enseñanzas para encarar la lucha contra la pandemia.
Una irrupción popular en la Isla Chiloé se hizo sentir el 24 y 25 de marzo por la insuficiencia de las medidas adoptadas por el gobierno local ante la emergencia de la pandemia. Un día antes, había comenzado a regir una cuarentena “total” en la isla, que exime a autoridades y profesionales del Estado y, fundamentalmente, mantiene activo el transporte de carga. Es decir, se mantiene la libre entrada y salida de los cargamentos de las empresas ligadas a la industria de acuícola.
Un bloqueo impulsado por distintas juntas de vecinos al paso Cachao (el único acceso a la isla de Chiloé), en reclamo del cierre total de la isla y la denuncia de una ineficiencia en las aduanas sanitarias, y la detención de los dirigentes sociales y concejales que apoyaban la medida desataron una enorme agitación popular y se multiplicaron los cortes de ruta en diferentes puntos del archipiélago, bajo la amenaza de las fuerzas especiales de Carabineros y la marina. Los obreros salmoneros de la empresa Sudmaris se plegaron a la lucha realizando una huelga en reclamo de que se paralice la producción y el cierre del paso Cachao.
El reclamo popular de que se cierre la isla se debe a que el centro de salud más grande de Chiloé, el Hospital de Castro, no tiene condiciones para poder atender una eventual propagación del virus. Cuenta con pocos especialistas de salud y una infraestructura deficiente para la población de la Isla. La comunidad de Chiloé ha venido denunciando, desde hace años, el desmantelamiento de la salud pública.
En este marco, se ha conformado una aduana social, compuesta por los principales dirigentes de la zona, encargada de definir qué entra y qué sale de la isla. La unión de juntas de vecinos de Ancud, una localidad de la zona, ha declarado que “solo entran camiones con combustible, alimentos y personal sanitario”. Además de ello, los trabajadores de la industria salmonera y marisquera han reclamado el cese total de las actividades productivas, han defendiendo la necesidad de una aduana social y una cuarentena real que evite la propagación del coronavirus.
La experiencia chilota es un ejemplo de respuesta frente a la precariedad del sistema de salud y la negativa del gobierno de declarar una cuarentena total. La huelga para parar la producción de la industria y la creación de una aduana social de trabajadores, pobladores y autoridades sanitarias, es una respuesta popular que deja en jaque al gobierno, el que solo ha sabido responder con represión en la zona.
Impulsar la huelga general
Antes de las cuarentenas parciales que Piñera se encuentra impulsando, el gobierno impuso un toque de queda. Claramente, no pretende preservar la salud de la población sino reforzar la regimentación social y preservar los negocios capitalistas.
En la región metropolitana (Santiago y alrededores) se han realizado paralizaciones del transporte público; los trabajadores discuten la paralización de la red de metro; hubo manifestaciones masivas en los centros comerciales y en cadenas de comida rápida reclamando la cuarentena y medidas sanitarias. En otras regiones, los sindicatos mineros, portuarios y de estibadores han paralizado las faenas reclamando cuarentena total.
La Coordinara de asambleas territoriales, nacida después del 18 de octubre, en conjunto con la Coordinadora feminista 8M y otras organizaciones sindicales y sociales se han sumado al reclamo de una huelga general, para imponer la cuarentena total y parar la propagación del virus. Se trata de una denuncia muy clara a la burocracia sindical de la CUT, que se ha limitado a realizar alguna que otra amenaza de paro sin concretar ninguna medida.
Para defender la salud de la población, hay que seguir el camino que marca Chiloé e impulsar la huelga general. Es necesario imponer la cuarentena efectiva, centralizar y estatizar todo el sistema sanitario bajo control de sus trabajadores, prohibir los despidos, formar comités de seguridad e higiene en todas las empresas y nacionalizar la banca para destinar todos los recursos que sean necesarios al fortalecimiento de la salud pública. Este programa, es incompatible con la permanencia de Piñera en el poder.
Sebastián Pezo
Fuerza 18 de octubre
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