El martes 24, cientos de miles de usuarios siguieron la charla sobre la emergencia del coronavirus en Centroamérica y el Caribe entre el famoso cantante portorriqueño Residente (René Pérez Joglar, ex Calle 13) y el presidente de El Salvador Nayib Bukele, transmitida en un vivo de Instagram.
Las disposiciones del mandatario contra la pandemia son paliativos limitados y admisibles para la burguesía. Bukele anunció el pago de 300 dólares por grupo familiar (equivalente a un salario mínimo y al 40% del costo de vida), la suspensión por tres meses del pago de créditos personales e hipotecarios y el congelamiento de los alquileres (a ser reprogramados sin interés), y la excepción del pago a las tarifas de servicios, cuyo costo será asumido por las privatizadas. También, auditorías y control de precios. Medidas similares, en diversa magnitud, han adoptado Alberto Fernández en Argentina y otros gobiernos latinoamericanos.
El de Bukele es un gobierno derechista: ganó holgadamente las elecciones presidenciales salvadoreñas en 2019, presentándose como un outsider. Inmediatamente, rompió vínculos con el chavismo y se sumó al grupo Lima. El acercamiento a Trump y, también, al México de López Obrador, se pavimentó con el Plan Sembrando Vida, una transferencia de recursos por parte del imperialismo para contener las caravanas migratorias. En los últimos días, sin embargo, increpó a sus socios del norte por la desidia ante el coronavirus -lo cual muestra la volatilidad del armado regional.
René no se privó de criticar a Bukele por la utilización de las fuerzas armadas para presionar al congreso, ni por su rechazo al aborto legal y a los derechos de la comunidad LGBTI. Otro punto repudiado es el sistemático abuso policial durante los controles de la cuarentena.
La llegada de la pandemia a Centroamérica la encuentra devastada por décadas de injerencia imperialista, lo cual explica la extensión de la pobreza, el narcotráfico y la estampida migratoria.
Las playas paradisíacas de Costa Rica y Panamá, cuya explotación los había elevado a “oasis” económicos, se encuentran vacías. Ya comenzó una primera ola de cesantías en el sector turístico, que todos los analistas consideran como el preámbulo de quiebras generalizadas y despidos masivos. Esto ha exacerbado las tensiones nacionales reaccionarias, incluyendo el status de los cuantiosos migrantes hondureños y nicaragüenses.
La situación es desesperante. Según la Cepal, la mitad de la población de Guatemala, Honduras y Nicaragua está debajo de la línea de pobreza. Con la llegada del coronavirus, los trabajadores están obligados a sopesar la provisión de su sustento diario con la posibilidad de contagio. El recuerdo, aún fresco, de las movilizaciones populares de los últimos meses, sumado al cuadro de catástrofe social, augura choques masivos.
Los llamamientos gubernamentales a la unidad nacional tropiezan con múltiples dificultades. La crisis es tal que, en Costa Rica, hasta la burocracia sindical propuso nacionalizar la banca y la salud privada (El Mundo, 22/3). Los revolucionarios deben tomar este y todos los roces o reacomodamientos para explotarlos impulsando a fondo su propia orientación y la pelea por una nueva dirección.
Como aporte a las luchas populares y a la emergencia de un polo continental de independencia política, tal como declaramos en el llamado a una Conferencia Latinoamericana de la Izquierda y el Movimiento Obrero, es necesario un programa inmediato de estabilidad laboral y salarial plena, costeado por las patronales y el estado, y extensión de la cuarentena a todos los ámbitos no esenciales; prohibición de despidos y suspensiones; exención del pago de alquileres y servicios; provisión pública de alimentos y materiales de higiene; rechazo a la militarización y control popular de las medidas sanitarias; expropiación sin pago de los recursos esenciales y control obrero; desconocimiento de la deuda externa, ruptura con el FMI y rechazo a la sumisión imperialista.
Luciano Arienti
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