El golpe del 24 de marzo de 1976, su génesis

El golpe del 24 de marzo de 1976 puso fin al gobierno de María Estela Martínez de Perón, gobierno que venía “herido de muerte” luego de la huelga general de junio y julio del 75. Los militares, que venían actuando desde antes, armaron una junta militar, integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea), que se hizo cargo del gobierno y establecieron una brutal represión, legalizando lo que ya venía haciendo la Triple A (en connivencia con las fuerzas armadas y las policías).
El golpe constituyó un movimiento de reacción política enderezado a liquidar el ascenso revolucionario iniciado en 1969, y cuyo punto más alto había tenido lugar en junio/julio de 1975, con la primera huelga general de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista.
Este objetivo central estuvo planteado por la burguesía nacional y también por el imperialismo, que ya había intervenido activamente en el Cono Sur, a través del papel central de la CIA, en la gestación de los gobiernos golpistas en Latinoamérica con el fin de poner fin a un ciclo de rebeliones obreras y populares. Intervino en el golpe de Uruguay de la mano de la FF.AA. en acuerdo con el mismo presidente, que había sido elegido en 1972, Juan María Bordaberry quien el 27 de junio de 1973 disolvió al Parlamento -y lo reemplazó por un Consejo de Estado designado por el propio poder ejecutivo—, a las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades públicas. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el "proceso cívico militar". Organizó el golpe de Pinochet contra Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973, que se destacó por su brutalidad estableciendo métodos de represión y tortura que luego la dictadura genocida perfeccionaría y llevaría al extremo. El gobierno peronista apoyó el golpe chileno, a los pocos meses Pinochet fue recibido por Perón que consideró que la caída de Allende había cerrado “la única válvula de escape para la guerrilla argentina” y aseguró estar menos preocupado por el problema “de lo que la mayoría de los argentinos creen, declaró a los pocos días a “Il Giornalle D’Italia”. También afirmó al mismo medio italiano que “los responsables de los acontecimientos en Chile fueron los guerrilleros y no los militares”.
Pero quien organizó el golpe, lo llevó adelante (y se benefició con él) fue la burguesía nacional.
Ya en agosto de 1975, luego de la huelga de junio y julio y con el gobierno de Isabel políticamente acabado, los grandes grupos capitalistas comenzaron a preparar el golpe. Fundan la Apege (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), que integraban la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de Grandes Tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos (el 99,9% de la burguesía nacional y del imperialismo). Un punto clave de su programa era “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”, es decir, liquidar los convenios colectivos de trabajo, avanzar en una mayor explotación de los trabajadores y trasladar sobre ellos un brutal ajuste (como pretendió hacerse con el Rodrigazo), y todo esto era imposible si no se desarmaban las comisiones internas y cuerpos de delegados que habían jugado un papel clave en junio y julio, lo que implicaba la liquidación física del activismo combativo (los obstáculos) y se le infligía a la clase obrera una derrota que liquidara el ascenso iniciado con el Cordobazo.
Ya bajo el gobierno de Perón e Isabel la Triple A y los “grupos de tareas” comienzan ese proceso. Las patronales colaboraron abiertamente entregando listas y señalando activistas; pero se necesitaba ir a fondo y con todo el aparato estatal. Era terminar con lo que Balbín (el dirigente de la UCR) llamo “subversión fabril”.
Las FF.AA. actuaron a cuenta de la burguesía y del imperialismo en función de un acuerdo centrado básicamente en restablecer la autoridad del Estado burgués.
La Apege dio inició a la cuenta regresiva el 16 de febrero cuando convocó a un “lock-out” contra el gobierno y en su proclama admite que “existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”, es decir, los grandes capitalistas reclamaban terminar con el régimen político parlamentario y con la legalidad de las organizaciones de las masas.
El lock out patronal sumó incluso a los sectores de la CGE (ligados al gobierno peronista, José Ber Gelbard, uno de sus dirigentes había sido ministro de Economía con el gobierno de Cámpora, del de Perón y los primeros meses del de Isabel).
El lock out dio a las Fuerzas Armadas el sostén para avanzar en el golpe, a esto se sumó la decisión de la CGT de no hacer intervenir a la clase obrera, solo se limitó en una solicitada a pedirles a las patronales que “reflexionen”.

El plan de Martínez de Hoz

El ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada. La designación de Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía contó con la aprobación del imperialismo. José Alfredo Martínez de Hoz era presidente del directorio de Acindar y del Consejo Empresario Argentino (CEA) fundado en 1969 e integrado por lo más granado de la burguesía nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc. La Sociedad Rural ocupó la secretaría de Ganadería y la asociación de bancos de capital nacional (Adeba) se quedó con le Banco Central.
Martínez de Hoz actuó como una suerte de árbitro entre el imperialismo y la burguesía nacional que buscaba acceder al crédito y encontrar una salida al impasse económico.
Apoyándose en un histórico aumento de la tasa de explotación del proletariado, el programa económico pretendió abrir un nuevo ciclo de acumulación del capital por medio de la integración del mercado financiero nacional al internacional. Para ello levantó todas las medidas restrictivas al capital internacional y montó una escandalosa montaña de subsidios para el conjunto del gran capital, a través de una elevada tasa de interés, sostenida por la intervención del Estado.
Los puntos básicos del programa aplicado por la dictadura pueden sintetizarse en la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición del derecho a huelga y la intervención de los sindicatos formaron parte de un ataque general a las condiciones de vida de los trabajadores, que solo en un año de gobierno militar perdieron el 40% de su capacidad adquisitiva. La dictadura eliminó también el Estatuto del Docente y otros estatutos especiales conquistados por los trabajadores.
Impulsó también un salto astronómico en la deuda externa y estatizó la deuda de grandes grupos capitalistas.
Remató la participación Estatal en la industria privada, favoreciendo los trusts imperialistas.

La resistencia y el rol de la burocracia

El movimiento obrero, planteó la resistencia al golpe militar y la defensa de las conquistas obreras: 1976, con la huelga de electricistas y mecánicos, 1977, nuevamente los mecánicos, los paros ferroviarios de 1978, 79 y 80, fueron la expresión avanzada de un proceso de vasto alcance, que recoge la experiencia de la huelga general de junio-julio de 1975, con la que se paró el “Rodrigazo” del gobierno peronista. El rol de la burocracia fue el de impedir la generalización de estos conflictos para evitar que confluyesen en un torrente único de lucha contra la dictadura.
La burocracia sindical peronista no resistió el golpe de 1976, se adaptó rápida y profundamente a la dictadura, aceptó ilegalizaciones e intervenciones de los sindicatos, elogió la represión contra la “infiltración marxista” y actuó como “asesora” de los interventores militares en los sindicatos.
Así lo expresa Videla en el comunicado del 1° de mayo de 1977: “el Ejército sabe perfectamente que el sector sindical tiene espíritu y vocación nacionales y que, a pesar de todos los intentos realizados desde distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo, no ha sido contaminado ni por el marxismo ni por ninguna otra doctrina extranjera opuesta al sentir nacional” (Citado por Tribuna 6, junio de 1977).

El genocidio

Para llevar adelante sus objetivos la dictadura llevó adelante un plan sistemático de exterminio para terminar con un movimiento obrero combativo y con una generación de jóvenes que luchaban por transformar de raíz la sociedad (reflejo de la influencia de la Revolución Cubana y el Mayo Francés).
Los métodos fueron la desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos, violaciones, hasta la apropiación de bebés, en más de 762 Centros Clandestinos de Detención en todo el país.
Pero este plan había comenzado a gestarse durante el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. El primer centro clandestino de detención fue La Escuelita de Famaillá, con su puesta en funciones en el año 1975 en la provincia de Tucumán, sumado al accionar de la Triple A es una muestra del firme objetivo de reprimir sin límites la resistencia obrera, tuvo su origen antes del golpe durante el gobierno democrático peronista.
A partir del mes de octubre de 1975, y de acuerdo con lo establecido en la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75, las Fuerzas Armadas asumieron el control operacional de la denominada “lucha contra la subversión” en todo el territorio nacional, siendo la fuerza Ejército la que habría de detentar la responsabilidad primaria sobre esta, contando para este fin con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea (a su vez principales responsables en las jurisdicciones bajo su mando) y la subordinación de todas las fuerzas de seguridad federales o provinciales.
Si bien el informe de la Conadep consiguió documentar un total de 8.961 desapariciones forzosas en centros de detención clandestina que operaron integrados.
Sin embargo, a través de cálculos y documentos se llegó a establecer un número de 30000 detenidos desaparecidos, en base a los informes armados de en cada campo clandestino de detención y la determinación de que tales centros llegaron a más de 762 en todo el país. En un solo de los CCD, la ESMA pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos, igualmente fue en La Perla en córdoba. Documentos desclasificados en Estados Unidos en el año 2006 revelaron que los miembros militares del genocidio en el año 1978 ya reconocían la cifra de 22.000 personas que habían sido secuestradas y desaparecidas desde 1975 hasta poco después del Mundial realizado en Argentina.
No solo el número de desaparecidos en la Argentina, sino el plan sistemático llevado adelante y la finalidad de exterminio a un grupo social, que llevo incluso a la apropiación de menores, es lo que ubica el accionar del gobierno cívico militar del 1976-1983, como un genocidio.
A 44 años del genocidio argentino, perpetuado por el golpe cívico militar, la impunidad de ayer sigue vigente. Y los mismos intereses económicos y de clase que lo llevaron adelante siguen dominando.
Hoy más que nunca: No damos vuelta de página. Cárcel ya a los genocidas. Fuera el FMI. No al pago de la Deuda.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes!

Claudia Ferrero