El gobierno impone medidas de salvataje del gran capital
La pandemia del coronavirus encuentra a Panamá en una situación de extrema fragilidad. Con un déficit en la balanza de pagos precedente al estallido de la pandemia, que asciende a 11.525 millones de dólares, y una deuda pública de 30.000 millones de la misma moneda, el pronóstico es absolutamente negativo.
Cabe decir que esto se agrava por el retroceso de la industria (cemento, cal y yeso, un 6,2%; bebidas alcohólicas, 14,8%; gaseosas, 7,6%; concreto, 7,4%; producción láctea, un 22,9%, tomate y azúcar, 9,4%). Este ha sido el cuadro propicio para despidos que disminuyeron el plantel industrial en un 2,4% en el istmo. La economía panameña basa sus ingresos fundamentales en la actividad financiera, de turismo y hotelera, así como en los peajes del Canal de Panamá. Copal, la empresa aeronáutica panameña ha visto caer sus acciones en Wall Street en un 30%, como fruto del impacto del coronavirus. La hotelería y el negocio gastronómico han caído abruptamente a partir de la declaración de la pandemia. Lo mismo se pronostica con la recaudación de los peajes de los barcos de 160 países que realizan 144 rutas navegables, que constituyen un 10% de la recaudación fiscal panameña. Cabe señalar que el Canal ocupa a diez mil trabajadores, cuya estabilidad peligra en esta nueva situación.
Como se ve, la situación es catastrófica por el presente, pero también por el pasado inmediato que expresa el impacto de la crisis del capitalismo. Sus expresiones en Panamá son las siguientes: 6% de desocupación, 44% de trabajo informal (en negro), el 75,3% de la población percibe un ingreso menor a los mil dólares (costo de la canasta familiar), y el 10% más rico percibe ingresos 37,3 veces mayor que el 10% más pobre.
Bajo estas circunstancias, Panamá presenta la cifra de 674 casos de coronavirus, con seis casos fatales, en un cuadro sanitario constituido por la proporción de 2,5 médicos cada mil habitantes y 2,2 camas cada mil (por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud), con una disminución drástica en las comarcas a una proporción de uno cada mil en ambos ítems (le siguen Puerto Rico con 581 infectados, tres de ellos muertos; Costa Rica con 263 infectados, tres fallecidos; Honduras con 95 infectados y un deceso; Cuba tiene 80 infectados y dos víctimas fatales.
El gobierno derechista de Laurentino Cortizo, ha declarado una cuarentena con dos horas de permiso para realizar compras de alimentos, y ha decretado un plan de “ayuda alimentaria” para los más necesitados, postergando para ellos el pago de los servicios, a la vez que ha dictado una eximición de impuestos a la clase patronal. El conjunto de los partidos de la oposición panameña, convocados por Cortizo, acordaron con las medidas decretadas por el Ejecutivo, en una manifestación clara de no provocar una escisión al interior de la clase capitalista, aunque no sin que estuviera ausente un pedido de que sean los alcaldes quienes distribuyan la ayuda, en una expresión clara de disputa por el manejo clientelar de los recursos.
Pero se trata de medidas superficiales ya que no atacan al sistema privado de salud, mantienen el pago de la deuda externa (y acaban de emitir deuda con el Citibank por valor de 1600 millones de dólares), que dan piedra libre a los despidos y se proponen una reforma previsional contra la clase obrera.
Los trabajadores panameños cuentan con una tradición antiimperialista y de lucha que se ha manifestado en el transcurso de 2018 y 2019 en la provincia de Colón contra la expulsión de decenas de miles de trabajadores de sus viviendas en una rebelión que enfrentó un negocio inmobiliario de Odebrecht, y en las recientes huelgas portuarias y de la construcción, de una gran combatividad.
Cuenta por lo tanto con las reservas necesarias para luchar por la nacionalización del sistema de salud bajo control de los trabajadores sobre la base de la expropiación de las clínicas privadas, un impuesto de emergencia al gran capital bancario para financiar la emergencia sanitaria y completar la cantidad de camas necesarias y la construcción de hospitales de emergencia, colocar los grandes y lujosos hoteles al servicio de este propósito, poner la infraestructura industrial a producir insumos para enfrentar la catástrofe, desconocer la deuda externa para financiar la cobertura de estas necesidades, y prohibir los despidos.
La situación explosiva común de América Central y el Caribe, con antecedentes recientes de levantamientos populares en Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, es de esperar que impacte en la memoria colectiva de las masas explotadas para dar una salida a la crisis que trae la pandemia, en los únicos términos posibles: una salida obrera y socialista.
Roberto Gellert
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