Revisarán el cumplimiento del programa.
A la semana que comienza no le van a faltar ingredientes. No es una mera coincidencia que una extraordinaria Marcha Federal que parte de Ushuaia y La Quiaca hasta la Plaza de Mayo, las audiencias para fijar nuevos tarifazos en la luz y el gas, la difusión de la (probablemente altísima) cifra oficial de inflación de abril, todo se realice en simultáneo con la misión de los funcionarios del FMI que van a monitorear el cumplimiento de la metas fijadas por el organismo -de lo cual dependen los desembolsos del nuevo programa. El acuerdo con el Fondo es un factor de dislocamiento de la economía nacional, de agravamiento de la crisis política, y en ese cuadro es también un incentivo a la movilización popular contra este rumbo de empobrecimiento.
Es decir que probablemente lo movido de estos días sea una postal de los tiempos que se vienen. Martín Guzmán encabezará el pelotón de funcionarios que vía Zoom van a ir rindiendo cuentas de su accionar a los agentes de Washington, exhibiendo un sobrecumplimiento de la meta de ajuste fiscal e incluso de la monetaria. A nadie se le escapa sin embargo que, por más penurias que esté padeciendo la población trabajadora, los objetivos del programa para este año parecen cada vez más lejanos, especialmente en lo que hace a la reducción de los subsidios energéticos y al atesoramiento de reservas internacionales en el Banco Central. En concreto, el ajuste deberá redoblarse.
Es esto lo que ahonda la grieta interna del Frente de Todos, con el kirchnerismo apuntando contra el ministro de Economía para desmarcarse de las medidas más antipopulares, como si el acuerdo con el Fondo no fuera en realidad la hoja de ruta de todo el gobierno. Un buen ejemplo es el proyecto de los senadores oficialistas en pos de una nueva moratoria jubilatoria, para posar de defensores de los adultos mayores, cuando la propia camporista Fernanda Raverta ejecuta desde la presidencia de Anses la política que hunde los haberes previsionales en la indigencia.
Peor aún es el caso de las tarifas de servicios públicos, que encierra al gobierno en un verdadero laberinto. Los interventores de los entes de energía eléctrica y gas, Federico Basualdo y Federico Bernal, que responden a la vicepresidenta, cuestionan los nuevos incrementos. Un documento del ENRE asegura que para el grueso de los usuarios la suba será en realidad al 65%, 20 puntos por encima del discurso oficial. Esto cuando los criterios de la segmentación que se aplicarán a escala nacional llevarían a mucho más del 10% de los consumidores a afrontar la “tarifa plena” con aumentos del 200%.
Pero el hecho es que todo esto, amén de ser un golpazo a los bolsillos populares ya carcomidos por una inflación galopante, ni siquiera lograría achicar las partidas de subsidios como reclama el FMI. En el primer trimestre estos casi se duplicaron respecto del año pasado, principalmente por el impacto de la disparada de los precios internacionales del gas, que es la base de la matriz energética. Mientras, vemos que los naftazos ya no se ejecutan bajo control de YPF (que hasta el momento se valía de su primacía en el mercado de combustibles) sino que directamente son impuestos por pulpos petroleros como Shell y Axion. Por lo tanto, la incertidumbre seguirá incluso si tras las audiencias los funcionarios kirchneristas ponen sus firmas a los tarifazos. A fin de cuentas, este “ala dura” del Frente de Todos carece de todo planteo de un rumbo alternativo.
Esquivando las balas, Guzmán se ha valido de distintos cónclaves de los mayores empresarios del país para exhibir un respaldo explícito del círculo rojo. Pero que los capitalistas se pronuncien en apoyo al ministro dentro de la interna oficial no quiere decir que tengan expectativas, ni mucho menos que avizoren un crecimiento económico. Sostener a Guzmán es simplemente sostener el acuerdo con el FMI hasta las elecciones del año que viene, pero de ninguna manera borra el hecho de que las propias pautas impuestas por el organismo chocan con intereses particulares de diferentes sectores, como evidenció el modesto tractorazo o más aún los reclamos de las patronales de la industria por las trabas a las importaciones de insumos para producir.
Uno de los motivos de tensión es desde ya la cuestión tributaria, aspecto en que el impasse es notorio. Hace tres semanas fue anunciado oficialmente un proyecto para gravar la “renta inesperada” que todavía no vio la luz, aunque sí se va deslizando que no alcanzaría al agro porque debió afrontar mayores costos logísticos y de fertilizantes, ni a las mineras para no afectar las inversiones prometidas. En estas condiciones es probable que se busque un aval de la misión fondomonetarista al texto final, pero lo que es seguro es que -de ser aprobado- no tocará a quienes realmente se apropian la renta exportadora, y por lo tanto sus efectos fiscales serían mínimos.
La cuestión cambiaria es aún más compleja, porque el Banco Central no logra recomponer sus reservas internacionales a pesar del récord de ingreso de divisas por los altísimos precios internacionales de la soja y el resto de las materias primas agrícolas. Aquí las observaciones de Cristina Kirchner acerca de que el problema del país es la escasez de dólares se convierten en autoincriminatorias, porque la única explicación de ello es que es un resultado no de una “restricción externa” sino de la fuga de capitales y el pago de la deuda externa. La aceleración de la devaluación y el cepo a las importaciones aparecen como ineludibles para arrimarse a las metas del Fondo, e incluso más aún para viabilizar la promesa de Guzmán a petroleras y mineras de que les permitirá girar sus ganancias en dólares al exterior a precio oficial.
El estricto cumplimiento de la premisa de no emitir pesos también está teniendo un precio difícil de sostener. La absorción de billetes circulantes vía Leliq en un cuadro de suba de las tasas de interés crea una bola de nieve que este año requerirá nada menos que 2,3 billones de pesos para pagarle intereses a los bancos. A la par aparecen nubarrones negros sobre la política de financiar el déficit fiscal mediante un mayor endeudamiento del Tesoro, que debe recurrir a bonos a corto plazo atados a la inflación cuyo costo se vuelve exorbitante; el hecho de que en abril no haya logrado refinanciar la totalidad de los vencimientos reafirma que hacia adelante el gobierno estará obligado a mejorar los rendimientos. El costo es usurario, y explosivo.
Los trabajadores pagamos los platos rotos de toda esta situación, con ajuste del gasto público, inflación, tarifazos e incluso recesión económica. Por eso la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera despierta adhesiones de otras organizaciones sociales, de numerosos sindicatos combativos (como el Sutna en plena pelea paritaria), y de agrupamientos ambientales y de derechos humanos, entre otros, contra una política de saqueo y pobreza cuyo denominador común es el intento de cumplir con un incumplible programa del Fondo Monetario. Es sin dudas el canal para fomentar una irrupción independiente de los trabajadores en la crisis, y abrir una nueva perspectiva para la Argentina.
Iván Hirsch
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